ENTREVISTAS - Victor Alonso Rocafort: “Algunas actuaciones policiales pondrían los pelos de punta, n
Álvaro Monsó Gil
Elisa Llop Cardenal
Alejandro Ciordia Morandeira
Profesor de Teoría Política en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Colectivo Novecento, Victor Alonso Rocafort es un joven politólogo cuyas líneas de investigación giran en torno a las teorías de la democracia, la crisis de la representación política y ciudadana, la democracia en los lugares de trabajo, la retórica clásica y humanista, o la historia de la ciencia política norteamericana. Pese a su corta edad, ya ha publicado un manual titulado ‘Retórica, democracia y crisis. Un estudio de teoría política’, así como múltiples artículos científicos, capítulos de libros, reseñas y contribuciones en congresos y seminarios científicos. También es colaborador habitual de ‘El Diario’, donde ha publicado numerosos artículos de opinión. En 2008 obtuvo su Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense con una calificación de Sobresaliente Cum’ Laude por unanimidad del Tribunal. Su breve paso por la Universidad Autónoma entre 2009 y 2011 se recuerda con cariño por los alumnos que, como nosotros, tuvieron oportunidad de compartir aula con él. Volvimos a comprobar su vocación docente en la conversación que mantuvimos con él el pasado 9 de abril en la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, donde el Profesor Rocafort nos volvió a dar muestra de sus profundos ideales de compromiso cívico y de su radical rechazo a la violencia.
Primer bloque: Polémicas principales de la ley: motivación, justificación, apoyo social y político
Pregunta: En primer lugar, y antes de entrar en contenidos específicos, ¿cree que subyace a esta Ley una demanda social por reforzar el orden público y la seguridad ciudadana?
Respuesta: Creo que cualquiera que se acerque a estudiar este tema verá que está claro que no hay ninguna demanda social para que ahora mismo tengamos una ley de seguridad ciudadana sobre la mesa. Es más, ahora mismo la demanda social viene precisamente por otro lado, el de frenar la escalada represiva que está sufriendo la gente que pacíficamente trata de protestar y ejercer sus derechos de manifestación y reunión.
P: Precisamente en este sentido hemos recogido un dato proporcionado por Amnistía Internacional, que afirma que de entre las 14.721 concentraciones o manifestaciones de 2012 sólo en el 0,7% de los casos tuvieron que intervenir las fuerzas del orden por actos violentos. Desde ciertas posiciones se sostiene por ello que, con esta ley, el Gobierno sólo confirma su intención de articular paulatinamente lo que Bauman denominaría un régimen sancionador del enemigo próximo. ¿Estaría de acuerdo con esta última afirmación?
R: Sí, estaría bastante de acuerdo. Y no es la primera vez que sucede. Desde la universidad lo que se puede aportar es estudio, desde fuera también, pero a nosotros que nos dedicamos precisamente a esto es lo que se nos debe exigir. Cuando nos vamos a casos precedentes de diversos países donde las tensiones políticas y sociales han ido incrementándose, hemos visto que ante cosas muy parecidas, las respuestas desde el poder gubernamental y la policía han sido igualmente parecidas. Hablabas de un 0,7% de manifestaciones donde las fuerzas del orden han tenido que intervenir porque había manifestantes violentos. Pues bien, en la mayoría de ese 0,7% donde han intervenido los antidisturbios en realidad no ha habido actos violentos por parte de los manifestantes, ya que ha habido numerosas manifestaciones donde se ha denunciado que la policía interviene sin mediar antes provocación alguna, cuando ésta es mínima o cuando proviene de 3, 4 o un puñado de personas. En lugar de demostrar profesionalidad y saber estar aislando bien a esas personas, lo que hace la policía es cargar contra toda la manifestación. Se producen así golpeos, malos tratos, detenciones arbitrarias y muchas cuestiones que pondrían los pelos de punta, no ya a cualquier demócrata, sino a cualquier liberal. El problema es que estamos entrando en cuestiones que tienen que ver con un régimen antiliberal, y entonces los problemas adquieren otra dimensión. Os decía lo de estudiar el pasado porque recientemente he estado investigando cuestiones que tienen que ver con los años sesenta norteamericanos y las cosas son, no calcadas, pero sí muy parecidas.
P: En ese sentido, sabemos que usted ha afirmado en alguno de sus artículos que el 15 M o la PAH pueden ser expresiones de una nueva etapa de la participación civil en la política. ¿Cómo creen que pueden verse afectado en su evolución estos movimientos por la aprobación de la nueva ley?
R: Se trata de criminalizar a movimientos sociales pacíficos. Cuando históricamente los movimientos sociales se han enfrentado a procesos así, hay gente que ha mantenido la cabeza fría, ha sabido ser estratégica y mantener su vocación política, y ha seguido haciendo un trabajo por un lado político-propositivo, y por otro de resistencia política ante la represión que se le viene encima. Sin embargo, también ha habido ocasiones donde algunas minorías no han sabido mantener la calma en este sentido. Es lo que os contaba del caso estadounidense, donde a partir de la Convención Demócrata del 68 estalló la violencia. Su caso es distinto en la medida en que hay algo que los norteamericanos tienen y nosotros no, que es que luego se hacen investigaciones por comisiones oficiales nacionales promovidas desde su Congreso, como el informe oficial que salió poco después de esos eventos donde se decía que la causa de aquella represión del 68 habían sido disturbios policiales. Ojalá tuviéramos ese tipo de investigaciones y pudiéramos aclarar muchas de las actuaciones mandadas por la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para ver si son disturbios policiales o no. Seguramente, ya os puedo avanzar, que muchos de ellos lo serían. ¿Cuál es el problema entonces? Que ante estos disturbios policiales haya una minoría que pierda la calma, pierda la perspectiva, renuncie a la vocación política y trate de responder a pedradas, de manera desorganizada, o, incluso peor, organizadamente como sucedió en EEUU, con alguna escisión de los Estudiantes por una Sociedad Democrática (SDS).
"Recurrir a la violencia sería estratégicamente desacertado y, éticamente, supondría perder el alma de la reivindicación política”
P: Claro, como el caso de los Black Panthers o el de la Weather Underground, ¿no?
R: Sí, sí, eso es, os veo puestos en el tema (risas).
P: El Partido Popular ya ha aprobado durante esta legislatura varias medidas sin el apoyo de los demás grupos parlamentarios. No obstante, a la oposición parlamentaria se suma en este caso un informe del CGPJ que señala la inconstitucionalidad de varios aspectos de la ley. ¿Cree que el Gobierno se retractará, en cierta medida, ante tal informe, o estima que hará caso omiso dada su falta de vinculatoriedad? ¿Cómo afectaría a la calidad de nuestra democracia la aprobación de una ley como ésta en solitario?
R: Se hace una ley muy dura y luego se va rebajando por presión social, presión política, por informes, etc. y al final parece que hemos cedido mucho pero el resultado es una ley dura, ¿no? Esto puede suceder, y creo que es muy significativo que alguien como el CGPJ que es tan cercano a lo que ahora identificaríamos como ‘el régimen político’ -pues no lo olvidemos, en España no tenemos una división de poderes efectiva dados los vínculos estrechos entre poder judicial y poder político-; que alguien con tales vínculos haya dado un toque y haya dicho que estos artículos no son constitucionales, da también cuenta de dónde se había situado la ley en el rango de dureza: en un extremo bastante notable. Por ello creo que la jugada más inteligente para ellos sería rebajarla, dejar una ley dura pero dar la sensación de que se ha cedido. También es cierto que esto podría aparejar varios recursos sobre la constitucionalidad de la Ley, y no creo que quieran meterse en esto, pero bueno, nunca se sabe (ríe).
Segundo bloque: Actuaciones policiales
P: Queríamos hablar ahora sobre el tema de las intervenciones policiales. Ya has tocado un poco el tema, diciendo que ante algunos abusos un primer paso sería que se abrieran comisiones de investigación o que se hicieran estudios universitarios sobre lo que ha sucedido, y sabemos que has aludido algunas veces a la necesidad de hacer una democratización profunda y radical del Cuerpo Nacional de Policía. Queríamos que nos explicase un poco cuáles serían sus propuestas para avanzar hacia una policía más democrática.
R: En primer lugar, creo que tenemos que arreglar lo que se hizo mal o no se hizo en la Transición. Se está viendo este gran problema con la querella que hay en Argentina contra ciertos torturadores del franquismo, una querella que tiene que interponerse en Argentina porque aquí no se ha podido. El gran problema que hubo aquí es que había torturadores del franquismo que, cuando pasamos -supuestamente- a la democracia, simplemente pasaron del gris al azul, y no hubo ningún cambio mayor. Este problema ya no es sólo individual, siguiendo este tipo de torturadores y represores del franquismo en el cuerpo de policía, sino que la misma cultura cívica, política y estructural de la institución en sí se mantuvo; a grandes rasgos, pero se mantuvo. Aquí es donde tenemos que echar la vista atrás, ver las cosas que no se hicieron y afrontarlas.
¿Propuestas concretas? Pues hay muchas. Por ejemplo, contamos con la Guardia Civil que todavía es un cuerpo militarizado. Casi toda la bibliografía académica al respecto nos indica que para tener un cuerpo de policía democrático hay que avanzar en la desmilitarización de dicho cuerpo. Es decir, no es que lo diga yo, es que vas a la bibliografía académica al respecto y te dice que esto no hay por donde cogerlo, ya que como funciona realmente un cuerpo militar es con unas jerarquías y con un tratamiento del ciudadano que no es propio del ciudadano, sino más bien del enemigo. En el resto de cuerpos de policía, y aquí también incluyo a la Guardia Civil, otra propuesta es una mayor horizontalidad en su toma de decisiones. Cuando las estructuras de decisión son muy verticales, tenemos problemas de democracia, un policía que esté actuando en un cuerpo donde toda su organización sea horizontal estará mucho más receptivo ante las demandas ciudadanas por una mayor igualdad, por una mayor democracia, que alguien que esté en una estructura vertical y que se deba solamente a las órdenes de sus superiores.
P: Justamente a raíz de los últimos acontecimientos, donde los propios policías han dicho que se han sentido solos o abandonados, ¿la culpa de que a veces haya abusos contra manifestantes pacíficos cuando se está intentando reprimir a un grupo pequeño para evitar que se explote la violencia, es del propio cuerpo policial o es del político que da órdenes desde su despacho?
R: Está claro que las órdenes vienen de los mandos políticos. En Madrid lo estamos viendo claro con la estrategia liderada por Cristina Cifuentes, que es un cargo político. Sin embargo, para que esto se lleve a efecto, viene muy bien que haya una cadena de mando vertical que cumpla las órdenes sin cuestionar nada. Otra de las propuestas que suelo decir es que en la selección de la policía tiene que atenderse a la diversidad de la ciudadanía: tantas mujeres como hombres, personas de nacionalidades diversas, personas que pasen pruebas no sólo físicas sino también relacionadas con su capacidad democrática y su cultura cívica, pues no olvidemos que son servidores públicos que pagamos entre todos y deben por ello contar con una formación cívica importante. Luego debe haber también un control ciudadano, es decir, no se debe controlar sólo a los representantes políticos. Como ahora hay una crisis de la representación tan fuerte, los representantes gubernamentales cuentan con vínculos que no se relacionan, o lo hacen de una forma muy débil, con la ciudadanía, sino que lo hacen más bien con poderes externos económicos -se habla siempre de la Troika, la oligarquía económica-financiera, etc.-. Pues bien, esto nos falla también a la hora de controlar a la policía. Tendríamos que tener una representación democrática, efectiva, que realmente tuviera vínculos con los ciudadanos y que controlase a la policía, es decir, que hubiese un control ciudadano directo sobre las actuaciones policiales. Y esto no es que yo descubra el Mediterráneo, es que ya ha habido experiencias concretas en EEUU o América Latina muy interesantes. Son cuestiones a aprender y a mejorar para que no pase lo que me preguntabais: que haya gente ejerciendo su derecho pacífico de reunión y manifestación y acabe en una comisaría, perdiendo un ojo, o cosas peores.
"La selección de la policía debería atender a la diversidad ciudadana”
P: Se trata de que la policía deje de ser un brazo instrumentalizado al mando de la estrategia política, y que pase a ser un cuerpo que proteja a los ciudadanos, ¿no?
R: Efectivamente, lo has dicho muy bien, y mira que yo me he enrollado (risas).
P: A veces sí que se dan casos de violencia, aunque como has señalado, y como ratifican las estadísticas, suelen ser casos aislados. Puede ser que, en esos casos, se utilice a la policía como muro de contención de una indignación o enfado que no se dirige contra el propio cuerpo policial. Es decir, la desesperación se descarga contra la policía cuando realmente el foco o -si lo queremos poner de forma un poco más dramática- el enemigo serían los dirigentes políticos que toman las decisiones. Pues bien, sobre la violencia está empezando a abrirse el debate y hay personas que afirman que dados los niveles de desesperación a los que se ha llegado, empieza a tener cabida ese recurso, incluso estando en democracia. Queríamos escuchar su opinión al respecto.
R: Yo creo que no es más que un debate provocado. Las Marchas del 22M son un ejemplo perfecto. Cuando salen de pronto cientos de miles de personas a la calle de manera festiva y reivindicativa, y que debido a la intervención policial que todos conocemos llevemos dos semanas hablando sólo sobre violencia, realmente no sé hasta qué punto el debate es real o no es real, y si puede haber gente realmente proponiendo estas cosas. En cualquier caso, si hubiera gente que ya se está empezando a desesperar y a plantearse que el mejor modo de respuesta es éste, me parecería un error garrafal, un error monumental. Sería desacertado, contraproducente, y lo que realmente se está buscando. Vuelvo al ejemplo de EEUU. Lo que se produjo allí fue que el encargado de mandar aquellos disturbios policiales, el alcalde de Chicago Richard Daley, al poco tiempo fue reelegido. ¿Por qué? Pues por la imagen de firmeza proyectada ante un enemigo violento en su carácter y definido de forma consistente. Un año después se produjeron los ‘Días de Furia’ para defender a los Siete de Chicago, y la gente acudió esta vez dispuesta a provocar los disturbios y no dejárselos a la policía. Obviamente, en ese contexto el alcalde pudo decir “aquí estoy yo para poner orden” y sería así reelegido. Otro ejemplo claro fue el de Ronald Reagan tras la batalla del People’s Park en Berkeley, donde se actuó con la misma lógica.
Entonces, sería por una parte estratégicamente desacertado, pero por otra, éticamente, y yendo a la esencia de lo que son las reivindicaciones políticas, sería renunciar y perder el alma de lo que realmente estás queriendo transformar. Si se quiere apostar por la política, se apuesta por la libertad, no sólo como fin objetivo último, sino también a través del propio sentido de tus acciones, ya que se debe ser ejemplarizante en todo lo que realizas. Atendiendo a este contexto específico, me parecería un gran error apostar por la violencia. Que estalla la revolución y tienes que tomar el Palacio de Invierno, y viene la policía a reprimirte, pues está claro que la gente no podría en ese caso estar tan dispuesta a poner la otra mejilla. Que estamos en el año 36, hay un Golpe de Estado y vienen los militares -como decía Rouco (risas)-, y hay que coger las armas pues quizás también sería diferente. Hay autores como Hannah Arendt que te dicen que hay una decisión trágica cuando el ciudadano se convierte en soldado, y que luego cuando vuelve a ser ciudadano ya no es el mismo. No obstante, no estamos en ese contexto ahora mismo, por lo que apostar por eso me parecería desacertado.
P: Cambiando un poco de tema, pero todavía en la línea de la intervención policial, sabemos que hace poco has hablado sobre el efecto negativo de la entrada de la policía en campus universitarios, y hace poco se han dado ejemplos con las huelgas de estudiantes en la UAM y la UCM. Queríamos saber su opinión sobre este tema también.
R: Me parece inadmisible, desde todo punto de vista. Es un ejemplo de decisión antidemocrática y de donde está llegando la universidad española en sus órganos de gobierno. Y es inadmisible precisamente porque la universidad es un centro de reflexión, un centro de diálogo, donde aprendemos a resolver los conflictos mediante la palabra y la escucha, y podemos estar en desacuerdo pero lo expresamos pacíficamente. Llegamos a acuerdos o mantenemos desacuerdos, pero siempre de un modo pacífico. Cuando los estudiantes se plantean sus reivindicaciones como en la última huelga estudiantil -rechazando la subida de tasas, o las duras condiciones del acceso a las becas que está provocando la expulsión directa de la universidad de los alumnos con menos recursos- y para ello hacen propuestas de desobedicencia civil pacífica que son tradicionales en la universidad española -como ocupar edificios públicos, o realizar encierros para celebrar asambleas-, me parece que se realizan actividades muy formativas que enseñarían muchísimo a cualquier ciudadano. En esas acciones se colabora, se organiza, se cuida de los demás, y todo ello sin agredir a ninguna persona ni utilizar la violencia. No veo ningún sentido que se llame a la policía, y menos a destacamentos armados de antidisturbios, como los que vi en la Complutense. Parecía tomada por el ejército. En Ciudad Universitaria detuvieron a 54 estudiantes sin justificación, ya que el comportamiento de los estudiantes no se merecía una criminalización así.
P: Aquí en la UAM también se produjeron algunos incidentes, y podemos entender la intervención frente a la quema de neumáticos a la puerta del colegio de Cantoblanco. Sin embargo, también nos planteaba dudas la entrada en las facultades para desalojar los encierros estudiantiles.
R: En cualquier caso, cuando se hace una barricada, aunque se quemen neumáticos o contenedores, se puede mandar un coche de patrulla, con 3 o 4 policías, a dialogar con los estudiantes, y a decirles simplemente que no pueden realizar ese tipo de actos con mobiliario urbano. En ese caso no mediaría agresión alguna, y se podría dar una oportunidad a la solución pacífica. Cuando yo era estudiante, había veces que las peleas entre fascistas y antifascistas eran disueltas por la policía dialogando. Veo innecesario mandar antidisturbios, o ir a buscar de madrugada a su casa a casi 20 estudiantes porque participaran en algún disturbio. La proporcionalidad, la manera de tratar los asuntos, se está haciendo de manera totalmente equivocada, y no creo que sea de manera inocente, sino que se está buscando una criminalización del movimiento estudiantil porque el 99% de dicho movimiento tiene las cosas muy claras y rechaza contundentemente el uso de la violencia para reivindicar sus planteamientos.
"La entrada de antidisturbios en los campus es un ejemplo de decisión antidemocrática y de donde está llegando la universidad española en sus órganos de gobierno”
P: Respecto a los métodos para la lucha por este tipo de reivindicaciones en la universidad, además de encierros y asambleas, ¿cree que la huelga es un método efectivo, o al final sólo sirve para parar la universidad sin tener mayor impacto? ¿Qué alternativas propondría para una lucha estudiantil efectiva?
R: Bueno, claro, si tuviera la solución seguramente me daban el Nobel (risas). Es un tema muy difícil pero, en mi opinión, sí es cierto que las huelga de uno, dos o tres días ya no surten efecto, y se podría considerar que han pasado a la historia. Creo que habría que avanzar hacia una huelga indefinida, ya que el ataque que estamos recibiendo es tan brutal y el cambio de modelo es tan brusco por la reforma neoliberal de la educación superior que estamos viviendo en España, que el único sentido de la resistencia ahora es tomar decisiones más importantes. Si con dos o tres días no te hacen caso, la huelga indefinida sería lo suyo. Lo que pasa es que es una decisión muy dura, no tanto para los estudiantes como para algunos trabajadores que perderían dinero. Se requeriría una unión y una movilización que es muy difícil de encontrar, pues con el contexto actual y con los mimbres que tenemos es muy difícil que una huelga así salga bien. No obstante, para mí sería el objetivo al que tendríamos que aspirar. Mientras tanto, hay que ir organizándose, juntándose, apoyándose en pequeñas acciones, y ante todo difundir mucho los mensajes, pues está muy claro quiénes tenemos la razón en esta disputa. Cuando hablamos de reformas neoliberales de la educación superior es verdad que cada cual puede tener sus planteamientos ideológicos, pero a la hora de plantear una defensa de la universidad pública frente al ataque frontal que está sufriendo, hay demasiados documentos académicos y otro tipo de evidencia que demuestra que nuestra postura es la correcta. Esta información tendría que ser difundida, pues para algo somos universitarios.
Tercer bloque: Seguridad pública y privatización
P: Ahora queríamos pasar a un aspecto quizás más coyuntural del Anteproyecto, que es el de involucrar a la seguridad privada y dotarla de autoridad pública en determinadas situaciones. Si bien el polémico artículo 41 del anteproyecto fue retirado por el PP tras un pacto con CiU, la mera sugerencia ha sido suficiente para generar un gran rechazo. ¿Cree que este intento de privatización de la seguridad pública es simplemente uno más en la dinámica privatizadora propia del cambio de modelo neoliberal?
R: Sí, de hecho creo que el informe del CGPJ también lo mencionaba. Es que estamos hablando de servidores públicos, que pagamos todos con nuestros impuestos, y que deben defender a la ciudadanía; no tienen que defender a Bankia, ni a la sede del PP, sino a la ciudadanía. Nuestros representantes políticos deben darles órdenes sobre cómo defender éstos y no otros intereses. Cuando de pronto damos entrada en el campo de la seguridad ciudadana a guardias de seguridad privada, que no están bajo el control de representantes políticos, y que por tanto no tienen ningún vínculo democrático con la ciudadanía -ni siquiera haciendo el mortal con tirabuzón-, sino que pertenecen a grandes magnates de las empresas de seguridad privada sobre los que no tenemos ningún control sobre su selección, organización, fines, objetivos, sobre quienes son esas personas, y resulta que van a poder detener a los ciudadanos, porque van a empezar a tener este tipo de facultades, pues claro, crea una inseguridad alarmante. Es más, una de las cuestiones de la teoría del Estado más básicas, la del monopolio sobre la violencia, ahora se pondría en tela de juicio al compartirse este recurso con empresas de seguridad privada. Una investigación muy interesante sería conocer los vínculos entre representantes políticos que están tomando estas decisiones con las empresas de seguridad privada. Una vez más, vemos como los vínculos no se están estableciendo con la ciudadanía, sino con determinados poderes económicos.
P: Incidiendo un poco más en el tema, parece que se va a dar marcha atrás, al menos parcialmente, con este intento de privatización, ya que ha habido una gran movilización en contra que ha provenido incluso desde sectores de la derecha que están a favor de la ley de seguridad ciudadana en general, pero no de este aspecto en concreto. Puesto que la seguridad ciudadana es un aspecto que ni libertarios como el estadounidense Ron Paul se atreverían a tocar aun desde su concepción del Estado mínimo, ¿crees que está reacción va a zanjar la cuestión, evitando que se vuelva sobre este debate en futuras legislaturas o por futuros gobiernos?
R: Claro, primero hay que ver cómo va a ser la marcha atrás y luego cómo de definitiva puede ser. Lo que está claro es que una de las cuestiones básicas para el neoliberalismo es que tiene que expandir el espacio de ganancia del capital privado, es decir, debe contrarrestar lo que desde una interpretación marxista se denominaría la presión por la tendencia decreciente de ganancia. Ante dicha presión, hay que buscar nuevos espacios de ganancia, y entre esos espacios está lo público, que es algo muy jugoso. Y dentro de lo público está la sanidad, está la educación -lo estamos viendo y sufriendo-, pero de pronto parece que también está la seguridad pública. Si ahora se da marcha atrás, nadie nos dice que la dinámica capitalista no vaya a obligar finalmente a volver a intentarlo dentro de 10 o 15 años.
P: ¿Y cree que podría haber una especie de Blackwater en España? Me estoy refiriendo a la contratación directa del Estado con grandes empresas privadas para llevar a cabo tareas relacionadas con la seguridad pública (como ocurrió en EEUU tras el huracán Katrina o durante la Guerra de Iraq).
R: Sería muy triste, espero que no pase. Ya se ha publicado en algunos diarios cómo hay un grupo político fascista, España 2000, que tiene conexiones con empresas privadas de seguridad de la Comunidad Valenciana [Levantina de Seguridad es una empresa de seguridad privada de la que Jose Luis Roberto, presidente del partido de extrema derecha España 2000, es copropietario desde hace muchos años (La Marea, 2013)]. Que empresas respaldadas por personas así puedan contar ahora con competencias para detener, patrullar, etc… Vamos, me parece que es un caso similar al de Blackwater 100%.
"La dinámica capitalista puede volver a llevarnos a un intento de privatización de la seguridad pública dentro de los próximos 10 o 15 años”
Cuarto bloque: Conclusiones
P: ¿Cree que podríamos hablar de una especie de plan preconcebido de este gobierno para criminalizar determinados comportamientos que incomodan e impedir el acceso a la justicia? Nos referimos a que se podría relacionar la reforma del Código Penal -en la que se han eliminado faltas, haciendo que algunas sean delito y otras pasen al ámbito administrativo, donde hay muchas menos garantías para el ciudadano-, esta Ley de Seguridad Ciudadana -a la que se incorporan varias de esas faltas que pasan a ser infracciones administrativas- y la Ley de Tasas.
R: Se comenta y se publicó que antes de llegar, o cuando llegó el PP al poder, se encargó un informe a Angel Acebes para perfilar una estrategia de gobierno ante un escenario de creciente protesta social. Ese informe no es público, no lo conocemos, pero no lo han desmentido, y por tanto se le puede dar verosimilitud a la noticia. Lo que está claro es que desde determinados ámbitos está resultando todo bastante coherente: el proyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, la subida de las tasas judiciales, la ofensiva criminalizadora… Desde el 22-M, y estando a 9 de abril, ya se ha detenido en torno a 100 personas. Se ha criminalizado a bukaneros, a antifascistas, se busca a un rapero por hacer unas letras incendiarias -si bien son de dudoso gusto-, los que rodearon el Parlament… Es decir, hay muchos elementos que podrían ser sustento de una investigación. En EEUU, por ejemplo, se hizo con el llamado Comité Church, que investigó diversas de las actuaciones del Gobierno estadounidense de finales de los sesenta y principios de los setenta. Una de las conclusiones de ese Comité fue que existió toda una estrategia, llamada COINTELPRO (Counter Intelligence Progra), montada desde el FBI para criminalizar a los movimientos sociales y políticos de la izquierda. Su modus operandi era infilitrarse en esos grupos, y, apoyados por la propaganda de las noticias, seguir la estrategia claramente definida por COINTELPRO. El Comité Church estableció muy claramente cuáles habían sido los puntos estratégicos seguidos por el FBI a la hora de criminalizar y provocar mayor violencia en muchos de estos movimientos sociales, desvirtuando su espíritu reivindicativo. ¿Que nosotros estemos ante algo parecido? Me parece que hay elementos para investigarlo, no se podría decir con exactitud que lo del informe Acebes sea equivalente al COINTELPRO. No obstante, se supone que estamos en una democracia y tendría que haber transparencia y deberíamos poder conocer todos los documentos y las órdenes públicas que se están dando al respecto.
"Se está mucho más cerca de cambiar las cosas de lo que creemos. Cuando se reacciona de forma tan virulenta es porque se tiene mucho miedo”
P: Para cerrar, como estamos ante un panorama bastante desalentador, y al no dejar de ser todo esto una reacción a un surgimiento de nuevos movimientos sociales, queríamos saber si opina que hay margen para hacer una lectura positiva.
R: Por supuesto, toda esta ofensiva viene a revelar, aunque quizás esté siendo muy optimista, que se está mucho más cerca de cambiar las cosas de lo que creemos. Es decir, cuando se reacciona de una forma tan virulenta, es porque se está teniendo mucho miedo a que se caigan grandes pilares del régimen político que queremos superar. Ahí es donde creo que se están haciendo bien las cosas, desde abajo, desde los movimientos sociales. Se está logrando politizar a mucha gente, viendo como juntos y juntas es como podemos cambiar las cosas, como nos podemos dar calor y cómo surge eso de lo que habla Hannah Arendt: la felicidad pública. Te lo pasas bien, contribuyes al cambio y a la vez te sientes mejor y se te quita la depresión. Cada vez nos estamos dando más cuenta de que las salidas no son individuales sino colectivas, y estamos aprendiendo a conectarnos y a crear solidaridades transversales, como ocurrió con los estudiantes y el resto de ciudadanos en las Marchas de la Dignidad. Yo pediría cierta altura de miras a los miembros de partidos políticos, tanto nuevos como antiguos, porque sí creo que ahí nos están fallando… Pero me pedías una lectura positiva, ¿no? (entre risas) Así que sí, centrémonos en la gran labor que están llevando a cabo los movimientos sociales.
