ENTREVISTAS - Betânia de Moraes Alfonsin: “La soberanía de Brasil ha sido vulnerada durante el proce
Elisa Castillo Nieto
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Graduada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (la misma, en la que Dilma Rousseff se graduó en Económicas), y Doctora en Planificación Urbana y Regional. Betânia es una reputada jurista que compagina su actividad docente en Derecho Administrativo en la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), entre otras instituciones, con actividades de otro tipo, desde el desempeño del cargo de Vicepresidenta del Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico (IBDU) hasta la investigación y publicación de libros y textos académicos, todos ellos relacionados con temas de política urbana, política habitacional y la promoción de los Derechos Humanos en relación con el derecho a una vivienda digna.
Hace unos meses, en el contexto de un intercambio académico en Brasil, tuve la oportunidad de cursar la asignatura de “Direito Administrativo” impartido por esta profesora. Su manera crítica de dar clase y de abrir el debate en torno a cuestiones relacionadas con la asignatura, como podría ser, por ejemplo, la paulatina privatización del espacio público en Porto Alegre y en Brasil en general, me dieron razones para intuir que una entrevista con ella podía ser una gran aportación al número de Ágora de este mes.
I- BRASIL Y EL “DERECHO A LA CIUDAD”
Pregunta: Como profesora de Derecho Administrativo, usted nos enseñó que la regulación de la propiedad en Brasil había dado un paso adelante en 2001 con la proclamación de la Ley que establecía el “Estatuto de la Ciudad”, que contemplaba como criterio básico, la “función social” de la propiedad. En ella también se definían, como objetivos predominantes, la regulación de la propiedad urbana en pro del bien colectivo, de la seguridad, del bienestar de los ciudadanos y del equilibrio medioambiental, y entre otras directrices, la gestión democrática de la política urbana por medio de la participación ciudadana.
En un contexto como el actual en el que Brasil ha tenido que transformar sus ciudades para dar cabida a diferentes macroeventos, ¿se han respetado los objetivos de la “función social” de la propiedad?, ¿o se ha preferido suspenderlos temporalmente en favor de situaciones excepcionales, tales como las decisiones de la FIFA o el Comité Olímpico Internacional?
Respuesta: Pese a que en Brasil se haya construido, a través de la movilización de diferentes movimientos sociales, un marco legal bastante avanzado para la ejecución de la política urbana del país, comprometido con la reforma urbanística, con el “derecho a la ciudad” y atendiendo a la función social de la propiedad, realmente hemos observado un retroceso bastante grave durante la preparación del país para acoger la Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, en la ciudad de Río de Janeiro. Se estableció una especie de “Estado de excepción” en Brasil, ya que la FIFA, una entidad privada, reclamó una serie de exigencias relacionadas con las ciudades sede que obligaron al país a formular toda una legislación excepcional para amoldarse a los intereses de la FIFA sin violar el principio de legalidad.
"Se estableció una especie de “Estado de excepción” en Brasil, ya que la FIFA reclamó una serie de exigencias relacionadas con las ciudades sede que obligaron al país a formular toda una legislación excepcional”
P: En 2001, usted declaró que “la historia de la gestión urbanística en Brasil es una historia de promiscuidad e intercambio de favores entre las élites locales y los ocupantes de puestos de gobierno en la Administración pública” (O Estatuto da Cidade e a construçao de cidades sustentáveis, justas e democráticas). ¿Cómo calificaría la situación hoy en día? ¿Esa “promiscuidad” de la que habla ha ido a peor? ¿Qué hay de las élites extranjeras?
R: Desde el período colonial, Brasil lleva sufriendo el saqueo de sus riquezas, primero por los colonizadores, y después por una élite que se ha instalado en las entrañas del poder del Estado y que se ha ido enriqueciendo ilícitamente mediante la malversación de caudales públicos, la apropiación de terrenos públicos y a través de favores personales inadmisibles en un Estado democrático de Derecho. Pese a que también en esta materia tengamos un sistema de control de la Administración Pública relativamente bien articulado, ciertos órganos como la Fiscalía, los Tribunales de Cuentas o el Poder Judicial se han revelado incapaces de frenar la mentalidad extendida según la cual lo que es público no es de nadie, y por tanto, puede ser libremente apropiado. Intercambios de favores, “jeitinho” [una expresión con connotaciones negativas a la que se refieren los brasileños para definir una forma de hacer las cosas de manera informal y medio improvisada], corrupción y nepotismo son, desgraciadamente, practicas todavía muy comunes en Brasil.
"Desde el período colonial, Brasil lleva sufriendo el saqueo de sus riquezas, primero por los colonizadores, y después por una élite que se ha instalado en las entrañas del poder del Estado y que se ha ido enriqueciendo ilícitamente.”
Como Brasil es un país inmenso, la adquisición de suelo por extranjeros tampoco es adecuadamente supervisada y controlada, y son hoy varias las multinacionales como Coca-Cola o Nestlé que compran terrenos en áreas de Brasil estratégicamente localizadas en relación con el acceso a ciertos recursos naturales, como el agua, por ejemplo. Esa realidad se está convirtiendo en una nueva forma de expolio del país.
P: ¿Cree, a raíz de las preguntas anteriores, que Brasil ha asistido a un retroceso, en términos del derecho de los ciudadanos a participar en la ordenación del espacio público? ¿Está hoy en día amenazada la soberanía popular en Brasil?
R: En efecto, puede decirse que la soberanía de Brasil ha sido vulnerada durante el proceso de preparación de las ciudades sede para acoger la Copa del Mundo. Ciertos Derechos fundamentales, como el Derecho a una vivienda digna, por ejemplo, fueron violados con motivo de la construcción o ensanchamiento de vías de dudosa necesidad exigidas por la FIFA para realizar el Mundial en Brasil. Varias de estas obras ni siquiera llegaron a estar listas para el Mundial, pero aun así, durante el proceso, muchos derechos ya fueron violados.
II- EL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE LA FIFA
P: La adjudicación de numerosos macroeventos ha hecho que Brasil tuviera que adoptar como medidas urgentes, una serie de dispositivos legales, como por ejemplo el “Acto Olímpico”, regulado en la Lei n. 12.035 de 2009, o la “Ley General de la Copa” de 2011. Mediante este tipo de leyes, se ha hecho posible el establecimiento de medidas excepcionales y privilegios para el personal del COI y de la FIFA en términos de obtención de visados, exenciones tributarias a las empresas relacionadas con las obras de dichos eventos, o de responsabilidad del gobierno federal por aquellos daños y perjuicios cometidos por la FIFA, entre otros ejemplos.
¿Es legítimo que un Estado de Derecho se someta de esta manera a los designios de entes privados, priorizándolos a las demandadas de sus ciudadanos? ¿Cuál ha sido el proceso de tramitación de estas leyes? ¿Se ha sobrepasado el límite del “todo vale” en nombre de la viabilidad de los macroeventos?
R: Creo que, nada más “ganar” la disputa internacional por conseguir los macroeventos, Brasil estaba eufórico, y no fue consciente de la trascendencia de los compromisos que estaba asumiendo en aquel momento. El pueblo brasileño, de manera general, adora el fútbol, es el deporte nacional por excelencia, y esa “pasión nacional” sirvió como una especie de “anestésico” de la cual se aprovecharon los parlamentarios, para aprobar sin mayor resistencia las leyes que crearon el Estado de Excepción anhelado por la FIFA.
"Brasil estaba eufórico, y no fue consciente de la trascendencia de los compromisos que estaba asumiendo en aquel momento.”
III- URBANISMO, FAVELAS Y DESALOJOS
P: En Brasil, existe una amplísima parte de la población urbana que por falta de planificación urbanística y/o fatal de recursos, vive en zonas “fuera de la ley”, ciudades informales, condenadas a la exclusión territorial y social. La irregularidad jurídica y urbanística de estas ciudades/comunidades parece haber sido el blanco inequívoco del gobierno, para llevar a cabo expulsiones, desalojos forzosos, y demoliciones de sus viviendas, a fin de tener terreno suficiente para realizar las obras que los macroeventos exigen. Numerosas ONG e instituciones como el Comité Popular de la Copa, Amnistía Internacional o la ONU han denunciado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos que se han cometido en la ejecución de tales desalojos, afectando a más de 200.000 personas (según estimaciones a la baja). Dichas expulsiones, explican, se han ejecutado con total ausencia de seguridad jurídica y sin respeto de los derechos de los habitantes de esas comunidades, sin que mediara diálogo con los afectados, sin la debida notificación, y sin la información a las víctimas acerca de si iban a recibir indemnizaciones o a dónde iban a ser realojadas.
¿Qué opina de estas expulsiones? ¿Pueden legitimarse tales negaciones de derechos por el hecho de poseer una vivienda de manera irregular, teniendo en cuenta que alrededor del 30-50% de la población urbana brasileña vive en tales condiciones?
R: Sin ninguna duda, uno de los impactos sociales más chocantes del proceso de preparación de la Copa del Mundo fueron los desalojos llevados a cabo por los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para liberar áreas necesarias para la realización de las obras acordadas con la FIFA en los “Cuadernos de Encargos” formados por los diferentes gobiernos. De manera general, los desalojos y demoliciones se llevaron a cabo de forma bastante autoritaria, vulnerando el derecho humano a una vivienda digna contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La protección contra los desalojos forzosos forma parte del contenido del derecho a la vivienda, así como el derecho a participar en los procesos de toma de decisión en relación con los realojos. En ese sentido, podría afirmarse que los desalojos se realizaron en gran parte, de manera ilegal, ya que se vulneró la normativa internacional, se realizaron recurriendo a la violencia, la población no fue escuchada, y no hubo transparencia alguna con las comunidades afectadas. Las viviendas construidas de manera irregular tienen, según el “Estatuto de la Ciudad”, el derecho a la regularización de la tenencia de la tierra y a la urbanización de las áreas ocupadas irregularmente. Los realojos deberían ser la excepción y sin embargo, durante la preparación para la Copa se han convertido en la regla, lo que sin duda representa un retroceso.
"Podría afirmarse que los desalojos se realizaron en gran parte, de manera ilegal, ya que se vulneró la normativa internacional, se realizaron recurriendo a la violencia, la población no fue escuchada, y no hubo transparencia alguna con las comunidades afectadas”
P: La actual Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, afirmó en unas declaraciones que “las transformaciones y desalojos venían a favorecer a las familias afectadas, ya que serían realojadas a viviendas más adecuadas”. ¿Qué opina de estas declaraciones? ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Podríamos decir que el proceso de desalojos ha garantizado la exigencia constitucional a una vivienda digna o todo lo contrario?
R: Como he dicho antes, es sin duda un retroceso el hecho de que los realojos de familias se hayan convertido en el procedimiento normal durante la preparación de la Copa, cuando debería haber sido la excepción. Durante la Dictadura Militar la política de vivienda implementada por el gobierno federal era una política de desalojos que en la práctica significó la retirada de la población con bajos ingresos de los centros de las ciudades y su reubicación hacia la periferia. Esa política tenía dos objetivos: liberar las “áreas nobles” para el mercado inmobiliario y para la construcción de avenidas que viabilizarían el modelo de transporte individual de pasajeros, y, por otro lado, “higienizar” las ciudades, en una concepción claramente elitista de la ciudad, en que los pobres no tienen cabida. Esa política ya había sido abandonada, por ser una equivocación de la que el país se debería avergonzar, ya que promueve un apartheid social inadmisible. Desgraciadamente, con la Copa del Mundo como cortada, se ha vuelto a recurrir y a generalizar este tipo de políticas.
"Esa política ya había sido abandonada [política de desalojos], por ser una equivocación de la que el país se debería avergonzar, ya que promueve un apartheid social inadmisible. Desgraciadamente, (…) se ha vuelto ha generalizar."
P: En los últimos años, como consecuencia de la crisis, se ha producido en España un número muy importante de desahucios. A raíz de esa situación, algunos sectores del Poder Judicial intentaron llevar a cabo cierta “ingeniería jurídica” para evitar, en ciertos casos, y dentro de los límites legales, que los desahucios se produjeran. ¿Se ha desarrollado en Brasil alguna postura jurisprudencial contraria, o que intentase limitar los desalojos de miles de afectados?
R: Sí, afortunadamente, algunos sectores minoritarios del Poder Judicial han tomado decisiones centrándose en los objetivos del “Estatuto de la Ciudad” y guiados por el “nuevo orden jurídico-urbanístico” instituido por éste. La gran mayoría, sin embargo, ha seguido tomando sus decisiones considerando únicamente el marco legal del Código Civil, decisiones éstas mucho más privatistas y atrasadas, además de ser un marco de Derecho Privado que está siendo usado para decidir cuestiones de Derecho Público, lo cual es claramente un error.
IV- PACIFICACIÓN Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA
P: Los procesos de pacificación se plantearon como una respuesta a la creciente inseguridad de las favelas, al estado de excepción que en muchas de ellas se vivía, y en definitiva, como operaciones mediante las cuales las UPP intentaban hacerse con el orden y control de las comunidades, gobernadas hasta entonces por el narcotráfico. Sin embargo, parece que en los últimos meses se ha dado un repunte de la violencia, y que paralelamente ha aumentado el rechazo de muchos habitantes de las favelas frente a estos procesos de pacificación.
El Gobierno ha mantenido que los procesos de pacificación se implantaron para mejorar las condiciones de vida y los derechos de los habitantes de esas comunidades. Sin embargo, son numerosas las voces críticas que creen que, de no haber sido por la adjudicación de los macroeventos, estos proyectos no se hubieran iniciado. También creen que el Gobierno no está tan preocupado por los resultados ad intra (el bienestar de la población que vive en dichas comunidades), sino más bien por los efectos que pueda tener ad extra (dar una imagen de ciudad segura al exterior, pero también a todos los turistas, inversores, prensa y miembros de los distintos comités que acudan a Brasil). ¿Qué opina de estas críticas? En su opinión, ¿han sido efectivos los procesos de pacificación para mejorar las condiciones de vida de los brasileños y reducir el narcotráfico? ¿Qué cree que pasará una vez que los macroeventos se den por concluidos? ¿Continuará el gobierno con estas operaciones?
R: Gran parte de las zonas de favelas en Brasil son áreas en las cuales el Estado no entra, y donde la población vive en condiciones de “subciudadania”. Basta con pensar en el sistema espacial o en el entramado de calles propio de las favelas: sus estrechísimas calles impiden que un camión de bomberos, de recogida de basura, una ambulancia o un coche de policía, consigan hacerse paso dentro de las comunidades, debido a la ocupación desordenada que caracteriza estas construcciones. Son millones las personas viviendo al margen de la ley, que ni siquiera tienen dirección postal, lo que les dificulta tener acceso a un empleo formal, por ejemplo, y a ser “incluidos” en una sociedad que exige una situación “regular” de los ciudadanos, al mismo tiempo que, hipócritamente, conviven con inmensos territorios construidos al margen de la ley. Las personas que ahí viven acaban sufriendo la violación de sus derechos, incluso en relación al Derecho del Trabajo. Se trata de un resquicio de la sociedad esclavista que un día fue Brasil, ya que las personas acaban trabajando por salarios insuficientes para poder tener una vida digna. Creo que las Unidades de la Policía Pacificadora (UPP) intentan dar respuesta a una situación que se escapa del control del Estado, ya que en las favelas el tráfico de drogas tiene generalmente un poder enorme y, paradójicamente, suple muchas de las necesidades de las familias que viven ahí. A modo de ejemplo, si una ambulancia no entra en la favela, quien llevará al enfermo al hospital no será el Estado, sino el coche del traficante local. Las UPP no han representado una solución a esta situación, ya que el propio Estado actúa de manera contradictoria. El caso de la desaparición de Amarildo, por ejemplo, en una comisaría de policía de Río de Janeiro es emblemático. En pleno 2013, este hombre negro, pobre y trabajador, fue detenido injustamente, torturado salvajemente, y asesinado por agentes públicos que ocultaron su cadáver en plena zona sur de Río de Janeiro. No hay mayor denuncia del fracaso del Estado que el que agentes públicos violen la Ley de manera tan absurda, como fue este el caso.
[La condición de subciudadanía de los que viven en las favelas] “se trata de un resquicio de la sociedad esclavista que un día fue Brasil”
P: Amnistía Internacional estima que la Policía brasileña es responsable cada año, de 2.000 muertes aproximadamente. Según la ONU, entre 2003 y 2009 la policía de Rio de Janeiro y de Sao Paulo se ha visto implicada en al menos 11.000 homicidios. Opositores a la actuación de la policía brasileña argumentan que la clase política y los medios de comunicación viene gestando un proceso de criminalización de la pobreza para poder legitimar y justificar la desaparición o muerte de personas a manos de la policía, como fue tristemente el caso de Amarildo de Souza. ¿Cuál es su punta de vista? ¿Cómo puede explicarse sino que la gente admita que en un Estado de Derecho la Policía sea responsable de tantas muertes? ¿Goza la Policía Militar de impunidad en Brasil?
R: Brasil ha pasado por un curioso proceso de construcción de los derechos de la ciudadanía, el cual se caracterizó, especialmente durante el último siglo, por una rápida incorporación formalde los derechos en la Constitución Federal y en las leyes ordinarias del país. La distribuciónsustantiva de esos derechos, sin embargo, continúa siendo extremadamente desigual, ya que factores como renta, raza, género y escolaridad continúan siendo criterios de diferenciación de los ciudadanos respecto a la efectividad de los derechos. La actuación de la policía y del Poder Judicial, desgraciadamente, es uno de los ejemplos más perversos de la “selección” del Estado en la distribución de las penas a los ciudadanos. La aplastante mayoría de los presos brasileños es negra y pobre. Lo mismo sucede con la composición étnica de las favelas brasileñas. Y antes de las políticas de acción afirmativa, que incluyeron cuotas para negros e indígenas en las universidades públicas brasileñas, era muy raro ver un negro llegar a la universidad, pese a que la población negra represente al 50,7% de la población brasileña según datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).
"Factores como renta, raza, género y escolaridad continúan siendo criterios de diferenciación de los ciudadanos respecto a la efectividad de los derechos [de ciudadanía]”
P: El politólogo e historiador José Murilo de Carvalho afirmaba en su libro “Cidadania no Brasil: O longo caminho” (2001) que “La Constitución de 1988 apenas le quitó al Ejército el control directo sobre la Policía Militar, transfiriéndolo a los gobernadores de los Estados. Ésta permaneció como fuerza auxiliar y reserva del Ejército y mantuvo las características militares. Dicha organización militarizada se ha revelado inadecuada para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El soldado de la Policía está entrenado dentro del espíritu militar y con métodos militares. Se le prepara por lo tanto para combatir y destruir enemigos, y no para proteger ciudadanos”. ¿Hasta qué punto puede legitimarse en democracia que las fuerzas que deberían proteger a los ciudadanos sean, al contrario, vistas con temor y miedo por el conjunto de la población? Brasil es además, una de las pocas democracias que conserva un cuerpo de policía militar. ¿Está de acuerdo con las voces que piden la desmilitarización de la policía?
R: Pese a que yo no sea una experta en el asunto, las recientes manifestaciones populares ocurridas en Brasil, en junio y julio de 2013, y que tuvieron gran visibilidad debido a la celebración de la Copa de las Confederaciones en ese momento, demostraron la inmensa falta de preparación de la Policía Militar, de Norte a Sur del país, para controlar las manifestaciones, en un periodo democrático en la historia del país. Esa falta de preparación se hizo evidente en la represión y abuso del poder ejercido por los agentes frente a personas que estaban ejerciendo derechos garantizados en la Constitución: el derecho a reunirse en espacios públicos y el derecho a la libre expresión. El número de personas que resultaron gravemente heridas durante las protestas de 2013 es un claro indicador de esta manifiesta falta de preparación. En la práctica, la policía sigue actuando como si estuviéramos en la Dictadura Militar y los derechos fundamentales estuvieran suspendidos. En ese sentido, sí, entiendo que Brasil necesita unificar los diferentes grupos policiales y desmilitarizar la policía como vía para garantizar la seguridad pública que proteja los derechos fundamentales de todos y todas.
V- EL RECHAZO AL MUNDIAL
P: Apenas 36% de los brasileños aprueba el Mundial. El total del dinero desembolsado en este evento hasta el momento asciende a los 10.000 millones de euros (más de lo que costaron el Mundial de Alemania 2006 y el de Sudáfrica 2010 juntos) y las cuentas parecen estar muy lejos de ser transparentes. Por si fuera poco, la agencia de calificación Moody’s estima que el impacto económico será limitado. Finalmente, nunca antes, en la historia democrática de Brasil, la población había salido a las calles a manifestarse como en estos últimos años.
Pese a todo, dice el cliché que los brasileños llevan la pasión por el fútbol en los genes… ¿Espera usted una Copa festiva?
R: Ahora que la Copa del Mundo está en marcha, los medios de comunicación están cubriendo el evento de tal manera que acaban invisibilizando las protestas que han sucedido, pese a que éstas hayan tenido un número menor de participantes respecto del año pasado. Creo que la sociedad civil brasileña ha madurado cívicamente en este proceso, y que conoce mejor sus derechos, que desea transparencia, y que cuestiona la priorización de la Copa del Mundo, de los estadios y de las obras para la realización de este evento, en detrimento de una atención más eficiente de sus necesidades fundamentales. Creo también que Brasil vivirá una “resaca” bastante grande de esta Copa y que el país discutirá lo que ha sucedido durante muchos años todavía.
"Creo que la sociedad civil brasileña ha madurado cívicamente en este proceso [las protestas contra la gestión del Mundial]”
P: Aun así, muchos hablan del despertar de la sociedad civil brasileña en estos últimos años. Parece que nunca antes los ciudadanos brasileños habían sido tan activos políticamente, tan críticos y tan conscientes de sus derechos y de su poder de reivindicación. ¿Han tomado nota los políticos brasileños de este cambio en la sociedad civil? ¿Son conscientes de lo que se les echa encima para las próximas elecciones?
R: Existe un enorme divorcio entre el despertar de la ciudadanía brasileña, respecto a sus derechos y prioridades públicas, y el viejo modo de hacer política en Brasil. El ciudadano ya no se siente representado por los partidos políticos, por el Poder Legislativo y ni siquiera por los sindicatos, tal y como las huelgas de 2014 dejaron claro, cuando éstas escaparon del control de los aparatos sindicales. Existe una enorme crisis de representatividad y de insatisfacción con un sistema político distorsionado y capturado por los intereses de grandes empresas que financian las campañas electorales. Incluso partidos de izquierda, como el propio PT [Partido de los Trabajadores, liderado por Dilma Rousseff], se ha visto rehén de ese sistema de financiación de las campañas, perdiendo gran parte de su autonomía política original. Es urgente una reforma política en Brasil, así como una reforma urbana, una reforma agraria y una reforma del Poder Judicial. Aún queda mucho por hacer para perfeccionar la democracia en Brasil. Espero, y lucho, porque la sociedad brasileña esté a la altura de la relevancia histórica del momento presente.
23 de junio de 2014
