FACTCHECKING - ¿Regeneración democrática o cálculo electoral?
Emilio Marfull Jiménez
Álvaro Monsó Gil
El pasado 29 de agosto, a propósito de la reforma de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) que el Gobierno pretende llevar a cabo para modificar el sistema de elección de alcaldes, la Vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría afirmaba lo siguiente:
"La elección directa de alcaldes] se plantea desde el punto de vista de la regeneración democrática y no desde el cálculo electoral (…) desde el punto de vista del respeto a la voluntad del vecino, del respeto a las mayorías"
A lo anterior, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz apostillaba:
"El hecho de que la reforma pueda favorecer a Bildu] lo que hace es dar, si cabe, más autoridad a la propuesta del PP"
Además, la vicepresidenta ensalzaría la constitucionalidad de la medida y su apoyo en derecho comparado contando países como Francia, Italia o Alemania con sistemas electorales municipales similares.
El presente factchecking tiene la intención de comprobar, a través de un análisis de las tres anteriores elecciones municipales en los diez municipios más significativos (en términos de población y, por tanto, de peso político), la veracidad de las citadas declaraciones, comprobando los efectos que una hipotética reforma de la LOREG habría tenido en dichos comicios. Igualmente, se realizará una recopilación de los (dispersos y no fácilmente sistematizables) sondeos electorales municipales para las elecciones de 2015 en las diez urbes más pobladas para retratar los efectos de la reforma sobre los futuribles resultados electorales. En última instancia, este análisis pretende arrojar luz sobre las intenciones últimas que se esconden tras el futuro sistema de elección directa de alcaldes y dilucidar así el impacto que podría tener sobre la política a nivel local. ¿Estamos ante un fortalecimiento de la democracia y las mayorías o ante mero cálculo electoral? ¿Se respetará más férreamente la voluntad del vecino en el nuevo modelo o seremos testigos de la institucionalización de un paracaídas frente a un posible batacazo en las urnas? ¿Es el español un modelo electoral municipal extrapolable al de otros países o contamos con un sistema de partidos con particularidades que insalvablemente ponen en tela de juicio la carencia de oportunismo?
En primer lugar, hemos de detenernos brevemente para explicar el contenido de la reforma electoral en sí. A grandes rasgos, el objetivo es que el cabeza de la lista municipal más votada sea envestido como alcalde, si bien las fórmulas para que dicho objetivo se alcance están siendo todavía discutidas en la cúpula del partido en el Gobierno. No obstante, según El País (2014), la que “más aceptación está teniendo entre los dirigentes contempla conceder un premio de mayoría a la formación que supere la barrera del 40% de los votos”. Fruto de la actual fórmula aplicada (la de la Ley D’Hont), el Partido Popular no ha sido capaz de lograr la alcaldía de numerosos Consistorios aun contando con un porcentaje superior al citado, debido a las coaliciones que otros grupos, fundamentalmente de izquierda, realizan para el nombramiento de un alcalde de color político distinto. La otra fórmula contemplada podría suponer la investidura a través de una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en caso de no contar el primero con mayoría absoluta.
Las críticas a tal propuesta no se han hecho esperar. Si bien el rumor inicial por el que todos los grupos de la oposición pusieron el grito en el cielo parece haberse disipado y no será finalmente el candidato más votado el que, sin más, ostente ope legis la alcaldía, las opciones que, por el momento, siguen sobre la mesa todavía enervan a la gran mayoría de partidos de la oposición. Por ejemplo, en agosto de este año el PSOE presentaría una moción en la que, entre otras cosas, diría lo siguiente:4
“El Gobierno del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes de empezar el partido y debe de [error en original] explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al régimen municipal. (…)Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las mayorías democráticas. Las mayorías en democracia, se construyen negociando, cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también en mayoría. (…)El señor Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 son más que seis.”
A continuación, realizamos un análisis con datos empíricos para intentar delimitar en qué medida estamos verdaderamente ante lo que algunos han tildado de “pucherazo” para evitar la caída del bipartidismo y la irrupción de nuevas fuerzas políticas (sobre todo de izquierda, como Podemos) o si la experiencia histórica cercana demuestra que verdaderamente no habría un gran beneficiado por la reforma más allá de la propia democracia, la transparencia y la voluntad mayoritaria. Para ello, consultaremos, en primer lugar, los resultados de las elecciones municipales de 2003, 2007 y 2011 en las diez ciudades españolas de mayor peso político (las más pobladas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao), observando los resultados electorales obtenidos por el Partido Popular y la posición ostentada. Mostramos estos resultados a continuación:
Como se puede apreciar, en la mayoría de las grandes plazas los populares han obtenido en los últimos tres comicios municipales grandes resultados en lo concerniente a la posición relativa. En todas las grandes urbes, a excepción de Bilbao y Barcelona, los populares quedaron en primera posición en al menos uno de los tres comicios, y tan sólo en Zaragoza, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria perdieron dicha posición a lo largo de la última década en algún momento. Y el dato clave es el siguiente: siempre que los populares han bajado del 40% de los votos, el primer puesto les ha sido arrebatado. Lo anterior supone que, mayorías absolutas aparte, la elección de la barrera del 40% para la futura reforma no parece una coincidencia.
Sin atender a las ciudades donde los populares salieron victoriosos por mayoría absoluta (es decir, más del 50%), en el gráfico hemos señalado en rojo las plazas donde el PP obtuvo con más del 40% de los votos la primera posición. En estas ciudades, de acuerdo a la futura reforma, los populares habrían obtenido por imperativo legal la alcaldía, destacando en este sentido las últimas elecciones municipales donde los populares arrasaron con la primera posición en 8 de los 10 municipios estudiados, 5 de los cuales sería sin alcanzar la mayoría absoluta. Y esto es tan sólo una pequeña muestra de unos resultados históricos, ya que en 2011 el PP logró hacerse con el poder en 3.317 municipios con mayoría absoluta y en 508, con mayoría relativa, dando como resultado la mayor concentración de poder municipal de la historia de España. No obstante, sería erróneo concluir que la reforma es fruto de la intención de rentabilizar los resultados electorales de los anteriores comicios, y más en una época de tanta inestabilidad social, económica y política como la actual, donde la volatilidad tiene todas las papeletas para incrementar y pasar factura (especialmente) al partido en el poder.
Sin embargo, es precisamente la previsible caída del partido del actual ejecutivo en las próximas elecciones municipales de 2015 lo que parece otorgarle, si cabe, más sentido electoralista a la medida que se pretende introducir. No existen datos accesibles al público que hayan sistematizado en fechas recientes los vaticinios de los sondeos y encuestas para las municipales de 2015 en las urbes que aquí estamos estudiando, pero hemos realizado un esfuerzo por recopilar los datos dispersos que en un número diverso de medios de comunicación y agencias se han publicado para algunas de estas plazas (el listado de dichos medios se encuentra al final del artículo). A continuación se muestran los resultados:
Los datos corroboran el más que probable descalabro electoral, pero sigue siendo complicado dirimir si fundamentan la afirmación del cálculo electoralista detrás de la reforma. En todo caso, y volviendo al comienzo del artículo, las acusaciones de maniobra electoralista vertidas hacia el PP han sido desmentidas bajo la afirmación de que, fruto de la reforma, Bildu podría salir reforzado. A priori, esta afirmación podría parecer cierta. No hay que olvidar que en las pasadas elecciones municipales de 2011 Bildu irrumpió con fuerza en las municipales de Donostia con casi un 25% de los votos, ganando la alcaldía de la capital guipuzcoana. La situación en Bilbao es distinta ya que el resultado cosechado por el partido abertzale no fue tan impactante. El PNV revalidó en 2011 su posición como fuerza dominante y mantiene la alcaldía. Es posible que en ciertos municipios la reforma pueda beneficiar a Bildu, pero es precisamente en aquéllos en los que ya fue la opción más votada.
¿En qué beneficia a Bildu la reforma electoral que propone el PP? Parece que no en demasiado si analizamos que ya era la opción más votada en San Sebastián. Es improbable que, de cara a los comicios de 2015, dicha reforma (en el caso de salir adelante) beneficie a Bildu en Bilbao, feudo tradicional del PNV. No disponemos de sondeos para la ciudad de Bilbao, pero sí para las elecciones forales de Bizkaia, y dichos sondeos muestran el avance de la formación abertzale, ya por encima de los socialistas, pero aún muy alejados del 39,8% de los votos pronosticado para el PNV. Lo que está claro es que en ninguno de los dos municipios el eventual perjuicio electoral concierna al PP. En ellos, los populares no tienen una posición de fuerza tal que la reforma pueda afectarles de manera negativa. Los objetivos electoralistas que subyacen a la reforma, de existir, deben estar ubicados en otras regiones más alejadas de Euskadi. Citando el vaticinio de Xabier Arzalluz, en la comunidad autónoma vasca “cuando ya no esté ETA, si el PNV se duerme, ganará Herri Batasuna. Y si HB se duerme, ganará el PNV”. En definitiva era por todos conocido un escenario en el que los dos grandes partidos a escala nacional quedarían fuera. Al PNV no le preocupa demasiado el ascenso de Bildu mientras prosiga el descalabro electoral del PP y el PSE-EE. Es más, no parecen demasiado tensos por el control por parte de Bildu del resto de provincias vascas. Y mucho menos porque en más de la mitad de los municipios de Euskadi ya gobiernen los abertzales (124 por 107 del PNV). Cierto es que esta cifra (quizás) podría incrementarse con la reforma que propone el PP. También es posible en los municipios en los que Bildu gobierna en coalición o lo hace en minoría la reforma podría beneficiar al PNV. La cuestión es que en los territorios vascos el poder del partido popular no es notorio y no son municipios que a ojos del PP sean, a nivel electoral, rentables en término de cómputo de votos y acceso al ejecutivo. El País Vasco no parece, por ello, el punto de mira que tienen en mente los populares a la hora de ingeniar esta reforma.
Por otra parte, y volviendo de nuevo al comienzo, como defendió la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa de la que hemos extraído la cita para este factchecking, el modelo que se plantea no supondría una amplia desviación de modelos de nuestro entorno, como pueden ser el francés, el italiano o el alemán. El argumento del derecho comparado puede ser válido, aunque encierra más verdades de las que la vicepresidenta ha señalado, ya que las vicisitudes electorales de los países del entorno justifican en gran medida el sistema electoral al que se refiere Sáenz de Santamaría. Existe una diferencia importante entra nuestro sistema de partidos y el de dichos países europeos que hace cuestionable la neutralidad democrática de la reforma: en España no existe una fragmentación (significativa) en el electorado de derechas como la que hay en muchas regiones europeas donde se hace la distinción, dentro de la región conservadora de la escala ideológica, entre grupos liberales, democristianos y de extrema derecha. Este factor es clave para comprender la necesidad que una izquierda fragmentada tendría de acudir a candidaturas unitarias (como las que ya están empezando a construirse con proyectos como Ganemos) para poder tener alguna posibilidad de alzarse con alcaldías en los lugares donde más poder está en juego.
En todo caso parece evidente que los sondeos sistematizados en la gráfica y la tabla para las elecciones municipales de 2015 consensuan que la actual legislatura inevitablemente pasará factura al Partido Popular, hecho del que ya tuvimos un adelanto con los resultados de las elecciones europeas. ¿Es suficiente ese dato como para poder afirmar que la ruptura de las reglas de juego imperantes desde 1979 se debe tan sólo al miedo a un próximo batacazo electoral? Si bien no podemos asegurarlo, es evidente que feudos históricos del PP peligran (Madrid, Valencia, Murcia, Palma de Mallorca…), y que lo que otrora fueron paseos electorales con holgadas mayorías absolutas se antoja ahora más bien como ajustadas victorias sobre posibles coaliciones de izquierda con intensas disputas en la región del 40%.
Desde el FMI se adelantaba en 2013 que el proyecto de reformas estructurales (lo que sin apelar a eufemismos se conocería como los recortes) peligraría en caso de una caída notoria del bipartidismo fruto de la frustración ciudadana ante la disminución de las prestaciones sociales. Otorgar una alcaldía de forma automática a un grupo que ostenta más del 40% del electorado parece, por un lado, un intento de premiar la persistencia de grandes actores políticos en los Consistorios municipales, y, por otro, una traba a la trayectoria de fragmentación política (y dificultosa gobernabilidad) que los horizontes de los sondeos pronostican. En este sentido, se habrá de estar atento a la configuración final de la propuesta, pues para evitar situaciones de ejecutivos municipales bloqueados por Plenos mayoritariamente hostiles se ha llegado incluso a citar la posibilidad de que el 51% de los concejales, y no meramente el cargo de alcalde, sea el premio a esa mayoría dentro de la franja del 40-49,9%. En todo caso, la agenda de reformas económicas populares sí parecería encontrar en esta reforma un último resquicio en el que refugiarse para una viabilidad en un corto-medio plazo, especialmente si logra calar el discurso de la recuperación.
La propuesta, no obstante, amenaza con ser un arma de doble filo para sus promotores. Los partidos en la izquierda no son miopes al refuerzo al voto útil que puede suponer la reforma, y las grandes candidaturas unitarias que ya comienzan a plantearse de cara a 2015 pueden deparar más de alguna sorpresa en estos comicios. No trabajaremos con sondeos esta cuestión, pero es interesante detenerse en el caso de Ganemos. Tradicionalmente la derecha en España no ha estado fragmentada, y si lo estuvo lo fue en unos momentos muy tempranos de nuestra transición democrática. El PP es consciente de ello y sabe que en muchas de las alcaldías más importantes del país las fuerzas de izquierda no lograrían el tope del 40% señalado en la reforma. Ante esta realidad, propuestas como Ganemos suponen la reacción desde la izquierda, ya que en todas las ciudades señaladas en nuestro estudio y básicamente en casi todas las capitales de provincia existen propuestas que aglutinan a partidos de oposición de izquierda. Estas candidaturas unitarias, casi por norma general, incluyen las siglas de Podemos, Izquierda Unida y Equo, además de las formaciones locales de cada provincia en particular. Un amplio elenco de atributos han adjetivizado estas candidaturas unitarias: frente común, candidaturas de ruptura, candidaturas reformistas, frente de izquierdas… El objetivo parece fijado: 40% del electorado y un sorpasso que dé la victoria electoral para poder gobernar aun siendo minoría. ¿Que lo anterior supondría un recrudecimiento de la guerra de partidos y una denostación de la política municipal hacia el objetivo obsesivo de la victoria electoral? Posiblemente. En todo caso, en el largo plazo sí parece una hipótesis donde quienes cuenten con la estabilidad de un electorado no aglutinado artificialmente en una estructura de coalición pueden prosperar en un sentido político con mayor facilidad.
Más allá de lo anterior, indudablemente seguirán haciéndose oír las voces disonantes que postulan como cuestionable otorgar un cheque en blanco a un partido que, pese a lo que diga cualquier discurso pseudo-regeneracionista, gobernaría sin ser mayoría. Javier Arenas precisamente defendía la reforma, apelando a lo inherentemente antidemocrático que es la toma de posición en el ejecutivo municipal de formaciones que no han sido elegidas por los ciudadanos, coaliciones hechas en despachos y a espaldas de la ciudadanía. No obstante, estos “pactos oscuros” de los que habla Arenas no parecen tan relevantes si tenemos en cuenta que las alcaldías del 90% de los municipios de más de 100.000 habitantes (los más “rentables” en términos electorales) ya están en manos de la lista más votada. El argumento frente al déficit democrático que señalan los populares cuando ocurren coaliciones puede ser válido, pero los datos empíricos señalan que no es un problema en la realidad. Las listas más votadas son, por norma general, las victoriosas, lo que refuerza la posible existencia de motivaciones que trasciendan las señaladas por los populares para esta reforma. ¿Habrá, por tanto, una mejora democrática de calado con la reforma? ¿Es tan acuciante el problema? ¿Realmente gobiernan alcaldes en nuestros municipios distintos a los que quiso señalar el soberano popular en las urnas? Parece que no. Además, las reacciones por parte de la izquierda, lejos de ser “pactos oscuros” a posteriori de unos comicios, están siendo pactos abiertos, transparentes en el seno de los municipios y de cuyo conocimiento todo el mundo está al corriente. Se sabe que estas coaliciones irán juntas a las elecciones. Decidirán en consecuencia los ciudadanos si quieren que esa coalición previa sea elegida. En términos de falta de relación entre lista más votada y ejecutivo municipal, parece que el argumento que justifica dicha reforma no se sostiene.
Conclusiones
En definitiva, salga adelante la reforma o no, lo objetivamente comprobable es la pérdida de poder electoral de los dos grandes actores políticos tradicionales frente a las iniciativas que están canalizando el descontento ciudadano. Y también comprobable a través de la experiencia histórica es que los grandes actores reaccionan cuando se sienten en peligro. En el caso de que se diera luz verde a la reforma, sería muy difícil cuantificar el “beneficio democrático” que para el sistema supondría la nueva ley electoral, especialmente en un contexto en el que las urnas canalizarán per se la reacción ciudadana a la crisis de confianza política e institucional. Parece que la presencia de candidaturas conjuntas (positivas en términos de superar el supuesto déficit democrático existente en los municipios y que, de acuerdo a la lógica de Arenas o Santamaría intenta paliar el PP con su reforma electoral) es, en sí misma, expresión del desencanto ciudadano y no meramente una reacción a las estrategias del partido gobernante en Moncloa.
Nos encontramos ante una reforma que no parece cimentarse sobre una demanda rotunda de la opinión pública. Además, del elenco de argumentos señalados por el PP a la hora de defender la modificación de la LOREG, ninguno parece demasiado convincente. El argumento del derecho comparado cede si apreciamos que es precisamente en los países en los que la derecha está (en diverso grado) fragmentada donde vienen funcionando este tipo de sistemas para la elección de la alcaldía. El eventual beneficio de Bildu tampoco parece un argumento sólido, si asumimos que el PP a día de hoy tiene poco poder electoral en Euskadi, y que el partido abertzale todavía tiene un muy serio competidor en el PNV. No podemos afirmar de forma absolutamente rotunda que detrás de esta medida haya un cálculo electoral evidente, pero sin lugar a dudas detrás de los motivos señalados por Santamaría existe algo más. Nuestro análisis pretende haber dado muestra de lo que son, a día de hoy, los indicios considerables de motivaciones electoralistas subrepticias. Con las claves que se han repasado se ha de poner el foco sobre la estrategia popular en los próximos meses, analizando si la ciudadanía comulga o no con la visión de Santamaría de que el nuevo sistema de elección de alcaldes es tan sólo el producto de un más intenso respeto a la voluntad vecinal. En todo caso, estaremos atentos a las evoluciones de lo que se plantean como unos comicios municipales apasionantes.
REFERENCIAS
