FACTCHECKING - La intervención humanitaria a examen: Un repaso a los conflictos más sangrientos de l
Juan Carreira Guillán Sofía Cortés Canda
Laura Sánchez de la Sierra
El 22 de marzo de 2011, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pedía autorización al Congreso de los Diputados para participar en una intervención militar en Libia. Pocos días antes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había aprobado, con diez votos a favor y cinco abstenciones, su Resolución 1973, en la que autorizaba la intervención de los Estados miembros en la crisis Libia, de manera unilateral o a través de organizaciones internacionales, con el fin de “tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y a las áreas pobladas bajo amenaza de ataques” [1]. Esta responsabilidad de proteger fue invocada por todos los partidarios de la intervención, y fue utilizada también por Zapatero para justificar la necesidad de unirse a esta intervención enviando fuerzas españolas a la coalición internacional liderada por la OTAN. Así, en el proceso de ratificación de la decisión en el Congreso, afirmaba lo siguiente:
“Con esta resolución, el Consejo de Seguridad (...) da efectividad al llamado principio de la responsabilidad de proteger, que fue respaldado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el documento final de la cumbre mundial de 2005, y que ya fue aplicado por el Consejo de Seguridad [cuando autorizó] a la misión de Naciones Unidas en Sudán a usar la fuerza para proteger a la población civil en Darfur (...). Si un Estado no cumple con la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos, la comunidad internacional debe intervenir para asumirla. Es un principio humanitario la razón por la que estamos interviniendo en Libia, para defender a los ciudadanos de ataques de las propias fuerzas libias”[2].
La figura de la responsabilidad de proteger, recogida en la Resolución 60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se configura como una obligación de la comunidad internacional consistente en adoptar las medidas necesarias para defender a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, y a pesar de haber sido invocada para justificar la intervención militar en la crisis libia, entre otras, esta figura no ha sido aceptada de manera unánime por la doctrina jurídica. Frente a los que niegan su existencia y alegan que su reconocimiento supondría el menoscabo del principio de no intervención y, por ende, de la soberanía del Estado intervenido, se encuentran aquellos que lo consideran una norma imperativa de Derecho Internacional en formación (ius cogens in fieri).
La práctica internacional, por su parte, tampoco parece ser uniforme ni estar exenta de contradicciones. Las crisis de Siria y Libia, analizadas en detalle en el artículo En Profundidad de este mes, han provocado reacciones dispares por parte de la comunidad internacional. En este sentido, pese a que los indicios de un ataque indiscriminado con armas químicas parecían presagiar una inminente intervención en Siria en el verano de 2013, en congruencia con la decisión adoptada en el caso libio, ésta fue paralizada por el veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad. A la luz de esta contradicción, surgen las siguientes preguntas: ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional ante contextos de crisis humanitarias en la historia reciente? ¿Ha sido ejercitada esta responsabilidad de proteger de manera coherente o, al contrario, subyacen otros intereses que permiten observar un doble rasero en su aplicación? Para tratar de dar respuesta a estos interrogantes, el presente Factchecking examinará someramente cuál ha sido el comportamiento de la comunidad internacional frente a algunas de las crisis humanitarias más sangrantes de los últimos años. Para acceder al mapa interactivo, haz click aquí:
1. Liberia (1989-2003)
Liberia fue fundada a comienzos del s. XIX como una colonia americana para el asentamiento de los esclavos liberados. En 1847, los libertos americanos, que ejercían una fuerte dominación sobre el conjunto de etnias autóctonas, declararon la independencia de Liberia. No obstante, el país siguió controlado de facto por EEUU. La discriminación hacia los grupos étnicos originarios se extendió con diferente intensidad hasta el cruento golpe de Estado del sargento Samuel Doe en 1980, quién más tarde se proclamaría ganador de unas elecciones fraudulentas, aplacando con dureza todo atisbo de resistencia. Durante su régimen, que contó con el apoyo de EEUU por su oposición al comunismo, continuaron las tensiones étnicas. Doe, perteneciente a los Kran y apoyado por los mandingas, persiguió a guios y a manos. Finalizada la Guerra Fría, EEUU perdió interés en Liberia y miró hacia otro lado cuando fuerzas rebeldes disputaron el poder a Doe en una sangrienta guerra civil iniciada en 1989. Existen sospechas de que favoreció a los rebeldes.
En el conflicto, que dejó unas 250.000 víctimas, episodios de tortura, violaciones y canibalismo, así como un gran número de desplazados y de refugiados (en torno a un millón) en Guinea y Sierra Leona, sólo intervino una fuerza de paz africana enviada por la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). El Consejo de Seguridad se limitó en un principio a dictar un embargo de armas a Liberia. La situación logró estabilizarse y se celebraron unos comicios en 1997 auspiciados por la ONU por medio de la UNOMIL (Misión de Observadores de la Naciones Unidas en Liberia). Sin embargo, las revueltas resurgieron y el conflicto se internacionalizó. En 2003 se firmó una tregua en Accra (Ghana) por el gobierno de Charles Taylor y los grupos armados de la oposición que desembocó en un acuerdo de paz tras el anuncio de dimisión del presidente. Poco antes, el Consejo de Seguridad de la ONU había autorizado en la Resolución 1497 el envío de una fuerza multinacional para asegurar la paz y la protección de la población civil. Por la insistencia de EEUU se incluyó en ella la exclusión de la jurisdicción de la CPI sobre el personal de los Estados que no eran parte de su Estatuto, como es precisamente el caso de EE.UU. Las primeras tropas que se desplegaron fueron las de la CEDEAO. Más adelante se sumó la UNMIL (Misión de Naciones Unidas en Liberia), establecida por la Resolución 1509. En el conflicto se cometieron abusos por parte de todas las fuerzas beligerantes, y la cifra de muertos alcanzó las 50.000. Tras un gobierno de transición, en 2005 volvieron a celebrarse unas elecciones. La UNMIL continúa operativa.
2. Bosnia y Herzegovina (1990-1995)
El conflicto en los Balcanes estalla a comienzos de la década de 1990, auspiciado por las tensiones centralistas de la república serbia y las presiones independentistas de los territorios croata y esloveno. La homogeneidad étnica en Eslovenia le permite alcanzar la autonomía tras una breve guerra que se salda con menos de cien bajas. Por el contrario, en Croacia, donde la minoría serbia se ve acorralada por el ascenso al poder de un partido nacionalista, las fuerzas militares yugoslavas, controladas por Serbia, tratan de reprimir el intento de secesión y dan lugar al estallido de una guerra salvaje entre católicos (croatas) y ortodoxos (serbios).
Las Naciones Unidas tomaron la decisión de intervenir el 25 de septiembre de 1991 con la Resolución 713 (1991) del Consejo de Seguridad que decretó el embargo del armamento a las tropas yugoslavas. Pocos meses después, se desplegó el UNPROFOR, la fuerza de protección de las Naciones Unidas por un periodo inicial de un año en Croacia.
En 1992, la república de Bosnia y Herzegovina también proclamó su independencia, dando lugar a un nuevo conflicto en un territorio donde los grupos étnicos se distribuyen de manera heterogénea. En esta guerra, croatas y bosniacos (de religión musulmana) se enfrentan al enemigo común, Serbia, aunque también se registran enfrentamientos entre los dos primeros en algunas etapas del conflicto. Esto dio lugar a la ampliación del mandato de UNPROFOR a la región de Bosnia y Macedonia, que también había declarado su independencia en 1991.
Con el apoyo de UNPROFOR y del Consejo de Seguridad, la OTAN llevó a cabo la Operación Vuelo Denegado a partir de abril de 1993 para garantizar la exclusión aérea de vuelos militares. Esta operación sentó un precedente para la posterior Operación Fuerza Deliberada de la OTAN contra la República de Srpska, en territorio Bosnio, en 1995. Esta intervención favoreció el fin del conflicto en la región.
3. Sierra Leona (1991-2002)
Colonia británica, al igual que Liberia, pensada como la nueva patria para los esclavos liberados, consiguió la independencia en 1961. En 1991 se vio inmersa en una desoladora guerra civil que duraría una década. Los cálculos sobre las muertes relacionadas con el conflicto sitúan la cifra entre 50.000 y 200.000. Más de un tercio de la población fue desplazada por el conflicto (más de dos millones de personas). Las mujeres y las niñas sufrieron un número extraordinariamente elevado de violaciones y otros actos de violencia sexual. Más de 5.000 menores fueron reclutados por la fuerza para combatir tanto con las fuerzas gubernamentales como con las de la oposición. La atrocidad más característica de la guerra fueron las amputaciones y mutilaciones. La guerra de Sierra Leona fue alimentada por la industria del diamante. Todos los grupos armados estaban involucrados en la extracción de diamantes y utilizaron los ingresos obtenidos para comprar armas y munición.
Las fuerzas gubernamentales y el grupo armado de oposición Frente Revolucionario Unido firmaron un acuerdo de paz en 1999. Ese año las Naciones Unidas decidieron enviar fuerzas de mantenimiento de la paz. La UNAMSIL (Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona), proyectada por la Resolución 1270 del CS con 17.000 cascos azules, contribuyó a juzgar a los máximos responsables de violaciones graves del Derecho internacional humanitario a través del Tribunal Especial para Sierra Leona. En el 2000 se produjo una intervención unilateral del Reino Unido. El Consejo de Seguridad creó una nueva misión, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Sierra Leona (UNIOSIL), para ayudar a consolidar la paz, afianzar los derechos humanos, desarrollar la economía, mejorar la transparencia y celebrar elecciones en 2007. La UNAMISIL terminó en 2005.
4. Ruanda (1994)
En el siglo XIX, la etnia tutsi afianzaba su dominio en Ruanda convirtiéndose en el grupo dominante, aún minoritario, del país y creando unas desigualdades sociales que más tarde serían institucionalizadas con la introducción de un carné étnico por los colonos belgas en 1934. Así, en la cúspide de la jerarquía social se encontraba la minoría tutsi, y en la base los miembros de origen hutu que conformaban la mayor parte de la población ruandesa. La tensión y rivalidad entre estos grupos se agudizó con la creación, por iniciativa belga, de partidos políticos sobre bases étnicas, convirtiendo al siglo XX en un período salpicado de forma intermitente por violentos conflictos entre estos dos grupos. Sin embargo, estas tensiones no llegarían a su culmen hasta abril de 1994. El día seis de ese mismo mes fue asesinado Juvénal Habyarimana, presidente ruandés de origen hutu, y esto desataría el feroz genocidio en el que las facciones hutus más radicales pondrían en marcha el exterminio, no sólo de la población tutsi, sino también de los hutus más moderados. Durante tres meses, soldados, policías, grupos paramilitares y civiles se armarían de machetes y, utilizando la violación sistemática como arma de guerra, aniquilarían a aproximadamente el 20% de la población ruandesa y el 80% de la población tutsi del país. El genocidio terminaría en julio de ese año cuando el Frente Nacional Ruandés, compuesto por tutsis, contratacara para hacerse con el poder, costándole la vida, esta vez, a más de 30.000 hutus.
En los tres meses que duró el genocidio, perdieron la vida más de 800.000 personas, y se generaron casi tres millones de refugiados que huyeron a los países limítrofes como Zaire (la actual República Democrátia del Congo), Tanzania, Burundi y Uganda, así como un millón de desplazados internos.
La ONU no sólo calló, absteniéndose de condenar los hechos, sino que ordenó la retirada del contingente de cascos azules que tenía en la zona (MINUAR), a pesar de que Romeo Dallaire, el general canadiense al mando de la misión, había alertado de la inminencia del genocidio. En junio, se puso en marcha la Operación Turquesa, a iniciativa francesa, en la que intervinieron unos 2.500 soldados con el fin de crear una zona de seguridad y ayudar al tránsito de los refugiados ruandeses. Sin embargo, además de que esta operación no fue suficiente para poner fin a la masacre, también se pusieron en cuestión sus verdaderos objetivos. En 1999, la ONU reconoció públicamente haber fallado en esta crisis. El resto de grandes potencias se desentendió de la situación ruandesa y, aplicando la teoría de las zonas de influencia en África, se lavó las manos y miró hacia otro lado ante una situación que no consideraban responsabilidad propia.
5. Kosovo (1998-1999)
Aunque Kosovo proclamó su independencia en 1991, la comunidad internacional no reaccionó del mismo modo que con Bosnia o Croacia. Poco después de su declaración, apoyada casi unánimamente por la población albanesa, se creó el Ejército de Liberación de Kosovo. A pesar de sus enfrentamientos con las tropas yugoslavas, hasta 1998 no se empezó a considerar seriamente la intervención internacional. Así, tras el fracaso de las negociaciones, la OTAN bombardea objetivos serbios en marzo de 1999 sin esperar a ninguna resolución de la ONU, en aplicación del derecho a la injerencia por razones humanitarias. Esto dio origen a la Guerra de Kosovo de manera oficial. Después de 70 días de bombardeos y esfuerzos diplomáticos, Milosevic y el parlamento serbio aceptan el plan de paz propuesto por el G-8. No es hasta después de la guerra que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la resolución 1244, por la que se establece un sistema de administración provisional a cargo de la ONU (MINUK). Además, se encarga al KFOR, una fuerza multinacional, la misión de asegurar la seguridad del territorio.
Después de varios años de negociación sin una salida clara para los kosovares, el 17 de febrero de 2008, este territorio proclama su independencia de forma unilateral. Algunos países clave como Estados Unidos, Francia y Reino Unido apoyan esta declaración, a pesar de la firme oposición de Serbia y Rusia. En la actualidad, 108 de los 193 miembros de la ONU reconocen a Kosovo como un estado soberano.
6. Costa de Marfil-Côte d’Ivoire 2002-2007 y 2010
Costa de Marfil no ha dejado de sangrar desde el golpe de Estado, el 24 de diciembre de 1999, del general norteño Robert Gueï contra el presidente Henri Konan Bedié, líder del Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI). Gueï introdujo una reforma constitucional para que sólo pudieran presentarse a las elecciones aquellas personas con ambos padres marfileños de origen. El objetivo perseguido era que Alassane Outtara, líder de la Reagrupación de los Republicanos (RDR) no pudiera presentarse. En octubre de 2000, y tras el exilio forzado del general golpista, Laurent Gbagbo, líder del Frente Popular Marfileño (FPI), se proclamó vencedor de unas elecciones. La guerra civil tomó forma a partir de septiembre de 2002, tras la rebelión lanzada en el norte del país por una serie de oficiales marfileños que habían sido sometidos a torturas durante el régimen de Gueï. Desde que comenzaron las hostilidades, el país se ha mantenido divido entre la zona norte, de mayoría musulmana y controlada por los grupos rebeldes, y el sur, de mayoría cristiana y dominado por las fuerzas estatales leales al presidente Laurent Gbagbo. La discriminación étnica se ha venido configurando como el eje vertebrador del poder político.
Francia, la ex potencia colonial con importantes intereses económicos en el país, intervino unilateralmente en el conflicto sin recibir en principio el apoyo de toda la comunidad internacional. Por solicitud de la CEDEAO y con el respaldo de Francia, el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la Resolución 1528 del 27 de febrero del 2004, decidió establecer la Operación de Naciones Unidas en Costa de Marfil (UNOCI). Las muertes provocadas por el conflicto se cifran en 400.000. La misión de la ONU fue creada para facilitar el Acuerdo de Paz de Linas-Marcoussis e impulsar un Gobierno de Reconciliación Nacional responsable de desarmar a todos los grupos rebeldes y preparar una agenda de convocatoria elecciones nacionales en 2005. Éstas no llegaron a tener lugar hasta finales de 2010. El país africano volvió a sumirse en un conflicto armado por el poder, en esta ocasión, entre las tropas del presidente saliente, Laurent Gbagbo, que se negaba a dejar el poder, y las del presidente electo, Alassane Ouattara. Solo en Abiyán (la ciudad más poblada, con más de 6 millones de habitantes), un millón de marfileños tuvieron que abandonar sus casas para huir de la violencia, según el ACNUR. Durante los cuatro meses posteriores a los comicios, la población sufrió asesinatos, violaciones, saqueos y asaltos. La ONU calcula que hubo unos 3.000 muertos. La comunidad internacional reconoció la victoria de Alassane Ouattara y solicitó en repetidas ocasiones al expresidente que abandonara el poder. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó sanciones en su contra y Washington congeló sus bienes. En la Resolución 1975 se reafirmaba que la UNOCI podría utilizar “todos los medios necesarios para proteger a los civiles bajo amenaza inminente de violencia física”. En un esfuerzo para proteger a la población frente a nuevas atrocidades, la UNOCI inició el 4 de abril de 2011 una operación militar. Las fuerzas del Presidente Ouattara detuvieron a Gbagbo tras varios días de combate de sus defensores frente a la UNOCI y los militares franceses. Fue entregado a la CPI acusado de crímenes contra la humanidad. La ONU le atribuye lazos con las milicias que atacaron a la población. En 2012, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2062 que renovó el mandato de UNOCI hasta el 2013.
7. Darfur, Sudán (2003-presente)
Los antecedentes del conflicto actual en la región de Darfur, al oeste de Sudán, hunden sus raíces varios siglos atrás, pero no sería hasta el año 2003 cuando estallarían las tensiones y empezaría la escalada masiva de violencia. Los grupos rebeldes, principalmente el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad, se enfrentan desde entonces a los Janjaweed, milicianos de origen árabe y aliados del Gobierno sudanés encabezado por Omar al-Bashid. Si bien el conflicto es esencialmente político, ya que los grupos opositores al régimen reivindican una mejor distribución de la riqueza y el cese de su marginalización, éste debe entenderse también en clave étnica. Los grupos enfrentados están compuestos, por un lado, por la población oprimida proveniente de diferentes etnias africanas (las etnias Fur, Masalit y Zaghawa), y por otro, por los nómadas de origen árabe que, junto a las fuerzas del gobierno sudanés lideradas por al-Bashid, llevan más de once años ejecutando una atroz limpieza étnica de los grupos de origen africano. Aunque la ONU todavía no ha calificado estos actos de genocidio, sino de crímenes contra la humanidad, sí lo han hecho tanto la prensa internacional como el gobierno de los Estados Unidos. El conflicto en esta región de Sudán ha tenido repercusiones en dos países vecinos, Chad y la República Centroafricana, Estados inestables a los que ha huido gran parte de la población refugiada de Darfur y cuyas relaciones con Sudán se han tensado, convirtiendo a ésta en una de las crisis más complejas de las últimas décadas. La Corte Penal Internacional ha acusado a Omar al-Bashid de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, y ha emitido dos órdenes de arresto contra él, pero desde 2014 el proceso se encuentra suspendido.
Desde que comenzó, el conflicto le ha costado la vida a más de 400.000 personas y más de 2 millones y medio de personas se han visto desplazadas de sus hogares.
Se han desplegado seis misiones de paz dirigidas por cuatro organizaciones internacionales diferentes: la Unión Africana, la ONU, la Unión Europea y la Fuerza Multinacional coordinada por la Comunidad Económica y Monetaria de los Estados del África Central. Si bien el Consejo de Seguridad de la ONU no desplegó ninguna operación de paz hasta 2008, se implicó en la búsqueda de soluciones, aunque con poco éxito, desde 2004. Ese mismo año impuso un embargo militar a las milicias no gubernamentales, que más tarde quiso ampliar a todos los beligerantes de Darfur, incluido el Gobierno central, pero no pudo al encontrarse con el veto de China y Rusia que alegaban una falta de pruebas de que dicho gobierno participase en los ataques. Asimismo, también en 2004, el Consejo de Seguridad recurrió a amenazas de sanciones petrolíferas. Un año después pidió a la Corte Penal Internacional, en su Resolución 1593, emprender acciones contra los responsables de los crímenes cometidos. No obstante, la intervención internacional no ha sido suficiente para poner fin a la masacre.
8. Libia (2011)
Las protestas contra el Gobierno de Muamar el Gadafi, que llevaba en el poder 42 años, fueron reprimidas de forma violenta desde el inicio. La estructura tribal del país llevó a la fragmentación de las fuerzas opositoras con el surgimiento de numerosas guerrilla locales. Los rebeldes crearon el Consejo Nacional de Transición. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la resolución 1970, en la que estableció ciertas sanciones contra el régimen y sus integrantes, argumentando que los ataques sistemáticos contra los civiles podían constituir crímenes de lesa humanidad; señalando que Libia no estaba acatando su responsabilidad de proteger. En esta resolución se insta al Fiscal de la CPI a iniciar las investigaciones pertinentes para dar con los principales responsables de los hechos violentos. Hace no tanto, numerosos países occidentales (Francia, Reino Unido, España, Italia, EEUU…) firmaban convenios comerciales con Gadafi, y además, le vendían armas. Todo ello a sabiendas de que no se beneficiaba a la población libia, y a pesar del historial criminal del dictador.
En la Resolución 1973, el Consejo de Seguridad autorizó a los Estados Miembros a adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil bajo amenaza de ataque en el país, aunque excluyó la posibilidad de que una fuerza extranjera ocupase territorio libio. Algunos días después, en aplicación de la resolución, los aviones de la OTAN iniciaron sus ataques contra las fuerzas de Gadafi. Pronto se vio que las fuerzas de la coalición tomaron abiertamente partido por el bando rebelde, aprovisionándoles además de armas y asesores militares. El nuevo gobierno cifró en 25.000 el número de fallecidos por el conflicto. Las nuevas autoridades fueron incapaces de desarmar a las milicias. La situación ha derivado en el estallido de una nueva guerra civil con la presencia de dos parlamentos paralelos. En 2014, la ONU estimó que 287.000 personas en 29 ciudades se desplazaron por la intensificación de la violencia entre las milicias rivales. La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) está mediando en las conversaciones entre las diferentes partes del conflicto. La aparición de milicias vinculas con el ISIS ha agravado la delicada situación. Los últimos acontecimientos han provocado la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad para debatir una nueva intervención en Libia que frene el auge de los yihadistas.
9. Yemen (2011)
Alí Abdullah Saleh ostentó la presidencia de Yemen desde su Unificación en 1990, aunque desde 1978 ya la asumía en Yemen del Norte. La Primavera Árabe agudizó la profunda inestabilidad del país más pobre del mundo árabe, provocada por grupos insurgentes en el norte (los al-houthistas pertenecientes a una secta chií), movimientos secesionistas en el sur y la presencia de Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). La población se movilizó en protesta por los intentos de Saleh de perpetuarse en el poder. La muerte de 58 manifestantes pacíficos generó más convulsión.
En 2011 el Consejo de Seguridad aprueba la Resolución 2014 en la que expresa su consternación por el uso de la fuerza de las autoridades contra manifestantes desarmados, el aumento de desplazados y refugiados y la amenaza creciente de AQPA. Recuerda la responsabilidad primordial del gobierno de Yemen de proteger a su población y declara que la mejor solución es la de un proceso de transición política inclusiva dirigido por Yemen. Se insta a Saleh a acogerse a la propuesta del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), la cual acaba aceptando por las presiones de Arabia Saudí y EEUU. Hay que decir que en virtud del pacto que le hizo claudicar en 2012, por mediación de Arabia Saudí, ni él ni sus hijos rendirían cuentas. El Consejo de Seguridad no ha condenado explícitamente esta impunidad. El sistema quedó intacto y la máxima autoridad pasó a asumirla su vicepresidente Abd Rabbo Mansur en unas elecciones sin competidores. Durante los 10 meses de 2011 que duraron las protestas contra Saleh hubo al menos 746 muertos en enfrentamientos entre leales al presidente y fuerzas de seguridad y los opositores. Por otra parte, en las ciudades bajo control de Al-Qaeda se ha impuesto una interpretación estricta de la ley islámica, con detenciones arbitrarias y ejecuciones, lo que ha provocado grandes desplazamientos de población civil. Cientos de personas han muerto en atentados terroristas. Los combates en el norte se han cobrado miles de víctimas y han forzado a muchas personas a abandonar sus hogares. En 2011 se registraron en la zona 300.000 desplazados.
Conclusiones
El análisis de la práctica internacional llevado a cabo en este Factchecking pone de manifiesto que el principio humanitario de la responsabilidad de proteger no ha sido aplicado de manera uniforme por la comunidad internacional ante contextos similares en los que, en definitiva, la población civil se encontraba absolutamente desprotegida, cuando no directamente atacada por fuerzas rebeldes o gubernamentales. Mientras que en Darfur se desplegaron seis misiones de paz dirigidas por cuatro organizaciones internacionales diferentes, en Ruanda se cometió uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad sin que la comunidad internacional moviese practicamente un dedo para impedirlo. Además, como hemos podido verificar, la intervención humanitaria no ha sido respaldada en todas las ocasiones por las Naciones Unidas y, en ciertos conflictos, los países han actuado unilateralmente o en coalición con otros, bajo el paraguas de otras organizaciones internacionales como la OTAN. No obstante, conviene recordar que las primeras intervenciones unilaterales respondían a la teoría de las zonas de influencia, según la cual las crisis acaecidas en un territorio determinado eran responsabilidad de la potencia colonial bajo cuyo dominio se encontraba.
A día de hoy, la insuficiencia representativa que supone la autorización del Consejo de Seguridad a las intervenciones armadas y el carácter selectivo de dichas intervenciones mina la fuerza de la doctrina de la responsabilidad de proteger y pone en duda las verdaderas intenciones de los Estados intervinientes. Sería deseable que la reacción de la ONU ante estos conflictos no sembrara tantas dudas acerca del marco aplicativo de este principio, pero parece que el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad supone un obstáculo para su asentamiento. Las decisiones de los Estados se hallan condicionadas, en muchas ocasiones, por intereses geopolíticos que desplazan las razones humanitarias y actúan como lentes distorsionadoras de la realidad, poniendo de relieve la omnipresente hipocresía en este asunto.
Además de preguntarnos por qué se ha puesto el foco en unos conflictos mientras que en otros la comunidad internacional se ha vendado los ojos, así como la prontitud o no con que se ha actuado, no podemos dejar de preguntarnos por la responsabilidad, no ya de proteger, sino en relación a su contribución o cooperación al desastre. Así, la reflexión seria y profunda que requiere la cuestión de la responsabilidad de proteger en el seno de la Naciones Unidades es la misma que exige la actuación de los Estados para que su comportamiento sea responsable y coherente con la paz mundial.
[1] Fuente: http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm [2] Puedes ver la comparecencia completa de Zapatero en el siguiente link:
Bibliografía
Bosnia
Costa de Marfil
Darfur
Kosovo
Liberia
Libia
Ruanda
Sierra Leona
Yemen
