ENTREVISTAS - Manuel Cancio: "La única opción racional, la menos mala, es ir hacia un modelo de
Elisa Castillo Nieto
Elisa Llop Cardenal
Fotografías: Irene Alonso-Buenaposada
Manuel Cancio Meliá (México, D.F., 1967) es catedrático de Derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid, donde muchos canteranos de Ágora tuvimos la suerte de asistir a sus clases. Doctor honoris causa por la Universidad Peruana Los Andes, la Universidad Nacional de Córdoba, y la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, tiene asimismo una importante experiencia internacional que avala sus trabajos en Derecho penal comparado. En su amplia labor investigadora acerca de la parte general del Derecho penal ha dedicado especial atención a la teoría de la imputación objetiva y las bases de la responsabilidad penal. Su interés en la parte especial se ha centrado en particular en los delitos de medio ambiente, lesiones, terrorismo y criminalidad organizada, contra la Administración de Justicia y la Constitución, y contra la libertad sexual. Este último bloque es el que motiva su intervención en nuestro número sobre la regulación de la prostitución, dado que el profesor Cancio ha sido también muy crítico con las sucesivas reformas penales en España y en particular con la ambivalente regulación de la prostitución en nuestro país. Sobre prostitución, hipocresía del legislador, tendencias sociológicas y antropológicas recientes y situaciones de injusticia estructural y patriarcado, entre otras cuestiones, estuvimos charlando en la terraza de su casa en Madrid.
PREGUNTA: El ordenamiento jurídico español no castiga el ejercicio de la prostitución como delito, pero sí se castigan otros comportamientos relacionados con ella. Hasta 2003, únicamente era delito la participación en la prostitución forzada, y desde ese año se reintrodujo como delito el proxenetismo, entendido como la conducta de quien “se lucre explotando la prostitución de otra personas, aun con el consentimiento de la misma” (artículo 187 CP 2015). Usted ha dicho en numerosas ocasiones que la regulación de la prostitución en España está marcada en gran medida por la hipocresía. ¿Podría explicarnos en qué se basa esta afirmación?
RESPUESTA: Frente al fenómeno de la prostitución siempre ha habido dos opciones jurídicas: por un lado, integrarla de alguna manera en el sistema social, como en algunas partes de la Edad Media, y como fue el caso en Roma, donde estaba regulado, al menos en la época clásica; la otra opción es intentar prohibirlo. Han existido distintas épocas en esta línea, y ahora estamos en una nueva versión de un movimiento prohibicionista, que prevé una sanción penal para quien infringe estas prohibiciones, no solamente administrativa sino penal. Este segundo modelo es también prohibicionista, pero partiendo de la base no de la inmoralidad en abstracto del comercio sino de que sería inmoral por tratarse de un comportamiento que es estructuralmente lesivo de la dignidad de la mujer, lo que lleva a la conclusión de que a la prostituta no se la penaliza porque es entendida como víctima de esta situación.
¿Por qué el sistema español es hipócrita? Porque no hace ni lo uno ni lo otro; es uno de los pocos modelos que se mantiene en esta indefinición. Con independencia de que se quiera ir en una dirección, como ha propuesto de manera un tanto genérica una fuerza política recientemente, o que se quiera ir en la dirección escandinava de este prohibicionismo antipatriarcal o feminista. Pero algo hay que hacer, porque la ausencia de seguridad jurídica es la que genera márgenes de negocio para estructuras oscuras. Es lo mismo que estamos viendo con el tráfico de inmigrantes; estos individuos al final llegan de Estambul a Viena, al final llegan. Y les ha costado 4000 euros el viaje pagando a una mafia, cuando podrían haber pagado un billete con Turkish Airlines por 350 euros por persona sin ningún tipo de problema. ¿Qué interés hay en prohibirlo si al final llegan a Viena? Pues lo mismo pasa con la prostitución. Desde el momento en que no hay una vía legal se genera una penumbra, y esto no es beneficioso para los intereses de las mujeres. Esto es hipócrita. No se puede mirar hacia un lado y hacia otro, porque ir en una dirección o en la otra genera costes políticos.
"El sistema español es hipócrita porque se mantiene en la indefinición. Y algo hay que hacer, porque la ausencia de seguridad jurídica es la que genera márgenes de negocio para estructuras oscuras"
Por ejemplo, España no es como Suecia porque no parece que exista una desvaloración social de la prostitución que nos lleve a pensar que esta vaya a desaparecer. Cuando yo tenía vuestra edad estaba convencido de que esto era un asunto de viejos, y que ahora, en el momento en que estamos nosotros hablando, sólo seguirían consumiendo prostitución cuatro personas muy mayores, porque los jóvenes, ante la ausencia de restricciones para practicar sexo con normalidad con personas con las que se relacionan no por dinero sino directamente, dejarían de hacerlo y esta desaparecería. Y nada más erróneo que eso, puesto que son vuestros compañeros de edad los que consumen más, incluso que gente que somos más mayores, estadísticamente hablando. Entonces, lo único que no se puede hacer es eludir el debate, ya sea porque se tema la reacción negativa de quienes no les parece tan mal irse de putas, o porque se tema la reacción de todo un entramado que también tiene sus intereses económicos semi-legales (como la trata de personas). Hay hipocresía porque el sistema jurídico-penal español se sustrae a los costes de cualquiera de las dos decisiones, de los dos sistemas de regulación.
P: El pasado 1 de julio de 2015 se aprobó un nuevo Código Penal que aborda ciertos cambios en cuanto a la regulación de la prostitución, pero parece que no ha habido un cambio de modelo, que seguiríamos en esa indefinición o hipocresía. Decía usted que no se ha abierto el debate, y parece evidente que sin debate no puede haber consenso, pero en el estado actual en que se encuentra la opinión pública y la opinión académica, ¿cabría haber abierto tal debate ya en esta reforma, es decir, se ha perdido una oportunidad, o todavía no estamos preparados? ¿Podría explicarnos cuáles son los cambios que sí se han introducido?
R: Bueno, en esta reforma realmente, y eso hay que concedérselo al Gobierno que la ha impulsado, no era posible considerar nada ni debatir nada, porque en ningún momento el Gobierno ha pensado que esta reforma se tuviera que debatir. Esto se ha hecho en un par de meses y haciéndole burla al Parlamento, y no se ha debatido ni esto ni ninguna otra cuestión. A lo que se ha limitado el “aparatzik ignoto” del Ministerio que haya redactado esto (porque esta reforma no tiene autor conocido), es a recoger, respecto del proxenetismo, la línea de la jurisprudencia. Teníamos un problema interpretativo muy importante, como símbolo de la ambivalencia que existe respecto de la prostitución. En general no está prohibido ejercerla, pero puede ser motivo para que, si en un piso se ejerce la prostitución por ejemplo, esa relación de arrendamiento se resuelva, porque resulta molesto; no está prohibido, pero una prostituta no tiene tarjeta de la Seguridad Social; no está prohibido, pero no hay unos servicios generales de asistencia sanitaria al cuerpo de prostitutas. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Volviendo a tu pregunta, ahora mismo no se podía debatir porque no había interés en debatir absolutamente nada.
Lo único que se ha hecho es incorporar la clarificación que había hecho la jurisprudencia respecto de la palabra “explotando”, que era el problema. Yo he hablado con algún legislador, en concreto con una parlamentaria del PSOE, que me dijo que cuando aprobaron la norma en 2003 estaban seguros de que lo que se estaba prohibiendo era todo el proxenetismo, como en el franquismo; sin embargo, lo que ha hecho el TS, ante la evidencia de que hay prostíbulos en todas partes y de forma mucho más descarada que en otros países europeos, es decir que si seguimos con la idea de que lo que se protege es la libertad sexual, y que la prostituta de la que estamos hablando no está coaccionada, entonces no en todos los casos se castiga el proxenetismo. En primer lugar hay que distinguir que la mujer no esté coaccionada, porque entonces estaríamos hablando de prostitución forzada. Pero después ha de distinguirse también, aunque haya consentimiento, entre aquellos casos en que hay o no explotación. El TS ha mantenido que “explotando” significa mantener una relación de dependencia más allá de un intercambio de servicios. Por ejemplo, sí a alquilar habitaciones en las que las mujeres se prostituyen, pero no a alquilar la toalla limpia tras cada acto sexual a 20 euros en lugar de a 2. Es decir, que no haya condiciones abusivas, y desde luego no situaciones de explotación o esclavitud como hay respecto de mujeres africanas o del este.
Es decir, lo único que hace la reforma es aclarar, conforme lo había hecho la jurisprudencia, que no todo es proxenetismo, sino sólo aquel que implica una explotación en el sentido fuerte de la palabra, un abuso. Pero los problemas empiezan con la idea de “especial vulnerabilidad”. ¿Cuántas muchachas se están prostituyendo porque ganan 15.000 euros al mes? Pues alguna habrá, pero el porcentaje es ínfimo. Entre las prostitutas habrá quien prefiera prostituirse para no tener que limpiar portales, pero lo normal es que se dedique a ello a que no puede ni siquiera limpiar portales. Si hacemos una encuesta, la mayoría preferirá limpiar portales por una cuarta parte de lo que gana teniendo que acostarse con individuos que no conoce de nada.
"Cuando yo tenía vuestra edad estaba convencido de que la prostitución era un asunto de viejos, que en unos años desaparecería ante la ausencia de restricciones para practicar sexo con normalidad. Y nada más erróneo"
Yo tengo la impresión de que esto es lo máximo a lo que se puede llegar con esta regulación. Y ello significa tener un margen de inseguridad muy grande. Si la mujer en cuestión tiene cinco niños y ningún ingreso porque se encuentra en situación irregular ¿eso significa que el empleador que lo sepa – suponiendo que pueda demostrarse que lo sepa – está abusando de una situación de especial vulnerabilidad? Pues parece que sí. Esto sin embargo no se procesa así, sino que se queda para los casos en los que hay historias que son incluso mucho más graves. Pero incluso en estos casos las historias muchas veces en los juicios no salen a la luz, porque que tienen que ver con el país de origen, con amenazas y extorsiones… y son esos casos de grave abuso los que entran en las previsiones, pero con un margen de inseguridad notable.
P: Legalmente es muy difícil de determinar qué es la vulnerabilidad, pero jurisprudencialmente tampoco está claro dónde está el estándar.
R: La situación de vulnerabilidad acaba entendiéndose o como coacción, que está tipificado como prostitución forzada, o no coacción, en cuyo caso entran criterios un poco mecanicistas pero que son indicios. Por ejemplo, cuánto le cobran por la habitación a la chica, o la situación de dependencia con el prostíbulo. Es decir, puede haber un horario, eso es normal, para coordinar la gestión del prostíbulo. La cuestión está en si hay algún tipo de sanción para la ciudadana si ella no acude, en cuyo caso hay una dependencia que sí se puede entender como indicadora de especial vulnerabilidad y por tanto de explotación, que es lo que prohíbe la regulación actual.
P: En relación ya no sólo con delitos sino también con sanciones, en los últimos meses ha salido a la luz que muchas prostitutas están siendo multadas en el marco de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo en Madrid, y de otras normas administrativas, como una ordenanza de convivencia y civismo en el caso de Barcelona. ¿No son estas sanciones contradictorias a lo establecido en el Código Penal, en el que no se tipifica como delito el ejercicio de la prostitución?
R: Bueno, esas sanciones son Derecho administrativo. Una actividad puede ser molesta o administrativamente ilícita y no ser constitutiva de delito. Lo que persiguen esas normativas, por mucha retórica que haya sobre la dignidad de la mujer, etc. es atacar el fenómeno de la prostitución cuando es lesivo para intereses turísticos, sobre todo. Además, muchas prostitutas dicen que prefieren trabajar en la calle porque así se eliminan costes, y no tienen que darle nada a nadie, sólo pagan por el alojamiento que tienen que alquilar. Entonces estas normas son más bien una cuestión cosmética, que no tiene nada que ver con el fondo, sino con que la prostitución nos molesta menos si no la vemos en la Gran Vía, y si está pasando en un prostíbulo en un piso de esa misma Gran Vía, pues entonces no nos interesa. Entonces esto no es un cambio de modelo, sino mucho “bla bla” y una medida de policía urbana, que no tiene nada que ver con combatir el problema sino que es cosmético.
“La cuestión es hasta qué punto puede el Estado intervenir para imponer una determinada moral sexual”
P: De hecho, muchas veces no sólo no lo combate sino que lo agrava, porque la prostituta está sujeta a un proxeneta aumenta la deuda que tiene hacia él soportar una multa, o que cuanto más escondida tenga que estar más peligroso será para ella si no puede estar en la vía pública.
R: Eso parece que dicen, que la seguridad que les da la calle es mayor. Además, el Derecho administrativo ofrece menos garantías que el penal para imponer sanciones. Es otra medida de control. No hay datos precisos, pero un gran número de personas que ejercen la prostitución son irregulares en varios modos, especialmente a través de la inmigración. Hace 20 años las prostitutas eran marginales españolas, porque era muy fácil caer en la marginalidad. Por ejemplo, una mujer de un pueblo perdido de Galicia que se quedara preñada podía no tener más remedio que irse a Madrid, donde se encontraba con que no le dejaban ponerse a limpiar ninguna casa llevando consigo un bebé. Pues pinto, pinto, gorgorito, y acababa en la prostitución. Ese era el background de la prostitución hace 20 años, pero la prostituta “española” de hoy en día es en realidad extranjera en su gran mayoría. Y tienen, aparte de los todos los demás problemas que puedan tener en su país de origen muchas de ellas, el problema de ser irregulares en España y por lo tanto la policía no siempre es su amiga.
P: Otro elemento que ha centrado mucha atención, especialmente en el debate doctrinal, ha sido el consentimiento, enfrentando a la teoría más liberal, que entiende que este ha de prevalecer, frente a una visión más paternalista o perfeccionista que considera que hay intereses que están por encima del consentimiento, o que hay que proteger a la prostituta incluso en contra de su propio consentimiento. Con la actual regulación del CP parece claro que el legislador se inclina por esta segunda visión y castiga al proxeneta incluso cuando hay consentimiento. ¿Está vd. De acuerdo con esta visión más paternalista que entiende que no hay una genuina libertad en el consentimiento prestado en una situación de vulnerabilidad tal y como está hoy previsto o cabe retomar el debate acerca del alcance del consentimiento?
R: Desde mi punto de vista es muy difícil fundamentar las normas prohibitivas de las conductas periféricas a la prostitución, o la criminalización del cliente, que es de lo que estamos hablando en este paradigma feminista. El problema fundamental está es que, por mucho que en muchos casos en efecto esto sea consecuencia “de una sociedad patriarcal, de que soy pobre, tengo 5 churumbeles en Colombia, etc..”, con que haya una sola chica perfectamente integrada, sin necesidades económicas acuciantes, que decida dedicarse a la prostitución porque le da la gana, es muy discutible descartar por completo el consentimiento diciendo que “siempre es expresión de una situación de injusticia estructural de los últimos 10.000 años que es el patriarcado”, con independencia de lo que piense la mujer en cuestión. Esto es ir un paso más allá del paternalismo, obviamente. Porque no se trata de proteger a la persona concreta, sino de proteger al género y unas determinadas relaciones sexuales que se entienden justas, donde no haya hombres que intercambien dinero por sexo. Esto puede ser un motivo legítimo, pero a mí me parece que no tiene en cuenta otros factores aparte de este debate sobre la autonomía.
Aunque sea interesante, esto no es una cuestión de autonomía, sino de hasta qué punto puede el Estado intervenir para imponer una determinada moral sexual. ¿Puede hacerlo? Pues en Suecia parece que sí, porque si un chaval de vuestra edad dice en unas copas con sus amigos “pues ayer me follé a una camerunesa” a nadie le va a hacer gracia, va a ser un apestado, es una cosa que está out. Entonces imponer esa norma en Suecia seguramente será más sencillo que hacerlo aquí. Yo no creo que sea una cuestión de paternalismo, sino de que si nos ponemos a intervenir de esta manera, las mujeres estáis estructuralmente en una situación de desventaja en la sociedad. Y si seguimos con el argumento, entonces que las mujeres no trabajen en una fábrica, que no sirvan en las unidades de combate… Cuando se protege a alguien siempre se le capitis deminuye en alguna medida, y yo no creo que España esté madura para esta cuestión. Si el fin máximo es decir que las mujeres que se prostituyen sufran lo menos posible, la verdad es que la solución no es nada sencilla, porque la de Holanda y Alemania no ha funcionado. Hay también allí unas barbaridades terribles, porque aunque en Alemania en principio esté prohibidísimo que las mujeres prostituidas sean otra cosa que empresarias autónomas, sigue habiendo redes de trata, mujeres del Este que están explotadas… y en Holanda tampoco están contentos con su sistema. Y en Suecia, para empezar, no se sabe, porque si la prostitución está en la clandestinidad porque está prohibida es difícil saber de cuántos casos estamos hablando.
P: Además, se dice que las prostitutas que ejercían en Suecia simplemente han cruzado la frontera. Con lo cual el problema sigue ahí, aunque sea del otro lado.
R: Sí, Suecia es un país relativamente pequeño, y que además tiene frontera con países como Dinamarca o Noruega. Había hace poco incluso barcos daneses situados en la milla 12, en el mar, que eran prostíbulos. Cambiar esto es una cuestión siempre muy complicada. Pero la teoría oficial del Derecho penal es que este no se mete en la moral, como llevamos repitiendo desde la Revolución Francesa. El Derecho penal ya no hace enforcement de la moral católica. Pero sí tenemos otro tipo de moral. Entonces, ¿cómo se explica este tipo de regulación? Pues porque es una cuestión moral, igual que lo es el tema de la represión de la eutanasia. Todo esto son decisiones que en términos racionales, bienes jurídicos y lesividad son difíciles.
Lo único que está mal es no enfrentarse al problema y no dar un paso y decir vamos a ver si mejoramos la situaciones las individuas que están en la Casa de Campo ahora… a través de una regulación que establezca mecanismos de una mayor inversión administrativa, porque también ahora, el problema de la prostitución forzada es un tema de recursos sobre todo. Las normas están todas, la cuestión es que vaya la policía para que levante eso, que haya funcionarios suficientes e interés político para realmente controlar el fenómeno, que es otra cuestión distinta.
P: Con este tema de la moral, hay quienes defienden una mayor regulación del ejercicio de la prostitución fundamente defendiendo que han de tener mayores derechos sociales a estas trabajadoras y de mejorar sus condiciones de trabajo y que esta parte es la que consideran primordial. Pero, ¿realmente cabe dejar a moral fuera del debate sobre el ejercicio de la prostitución? De facto sigue habiendo moral, como usted acaba de decir.
R: Claro, la cuestión es cuándo es tan intolerable… A mí no me parece nada razonable de la regulación de la eutanasia. Incluso en el peor de los casos, cuando la persona esté sufriendo mucho, la eutanasia es un delito. Yo no estoy de acuerdo con que esto sea así. Yo estaría más con una solución a la holandesa, donde esto lo decida cada uno y por supuesto no sea un delincuente el médico que ayude a quien quiere pasar a mejor vida. Eso es una cosa y otra cosa es pensar que esto es inconstitucional, como han dicho algunos. Una cosa es que yo no esté de acuerdo con que esta cuestión de la moral social sean tan importante y otra cosa es que sea ilegítimo. No puede ser ilegítimo si casi todos los países de nuestro entorno lo tienen. Con el tema de la prostitución pasa lo mismo.
“Las sanciones administrativas a las prostitutas que ejercen en la calle no son sino mucho “bla bla” y una medida de policía urbana, que no tiene nada que ver con combatir el problema sino que es cosmético”
P: Es difícil ver el intercambio o el servicio de ofrecer sexo a cambio de dinero como una mercancía cualquiera.
R: Claro, es que una mercancía no es, porque sino no estaríamos hablando de esto. Es difícil sustraerse a eso. Por eso a mí el término de “trabajadoras sexuales” tampoco me gusta. “Trabajadora sexual” puede ser una señora que se dedica a dar tratamientos sexológicos o a una psicóloga especializada en esto. Trabajadora sexual y prostituta para mí no es lo mismo. Eso no es un trabajo y en esa medida yo creo que bajo ningún concepto debe admitirse que existan relaciones laborales o ni siquiera que haya relación de dependencia, y eso es lo que hacen los países de nuestro entorno, Alemania y Holanda. La prostituta debería ser una empresaria autónoma que no dependa de otra persona. Luego en la realidad las cosas son de otra manera, pero así debería ser.
P: Retomando el tema de Alemania y Holanda, que son países que han legalizado la prostitución, ¿usted no cree que el regulacionismo sea la solución a este problema? ¿Cree que incluso puede generar un efecto llamada, ya que parece que en Alemania incluso han aumentado las mafias desde que se regularizó?
R: Aquí es muy difícil hablar porque esto ya no son decisiones jurídicas. Lo que es seguro es que no hay una solución mágica. Ni la prohibición lo puede ser, ni lo puede ser tampoco la regulación. Dicho esto, deberíamos saber si sobre esto que dicen existen datos duros que lo sustenten. En Francia la prostitución está reprimida, en Suiza está duramente reglamentada... entonces, la “barra libre” en Alemania, con restricciones meramente administrativas, puede hacer que muchos franceses o polacos o quien sea se vaya de putas a Alemania.
P: Como ocurre en España con la Junquera por ejemplo, en la frontera con Francia.
R: Claro. La verdad es que no se sabe muy bien cómo puede funcionar algo bien. Yo tiendo a pensar que la solución menos mala, que no la buena, podría ser intentar una regulación. También habría que armonizarlo de alguna manera, por lo menos en el marco de la Unión Europea, pero es un problema que no es nada sencillo.
A lo mejor lo más importante ni siquiera sea el modelo de regulación, sino la voluntad política de designar muchos recursos a reprimir las formas que no queremos, las que todos estamos de acuerdo que son las peores, y eso es una cuestión, no de normas, sino de recursos.
“El sexo no es una mercancía cualquiera. Por eso, para mí ‘trabajadora sexual’ y prostituta no es lo mismo. Prostituirse no es un trabajo y no debe admitirse que existan relaciones laborales, sino que la prostituta debería ser una empresaria autónoma que no dependa de otros”
P: ¿Podría ser la regulación una forma de tener recursos, en el sentido de introducir la prostitución en la recaudación fiscal? Porque también ha sido uno de los motivos por los que recientemente se ha reabierto el debate. El líder de Ciudadanos, Albert Ribera, ha dicho que se podrían recaudar 6.000 millones de euros anuales y que este era uno de los motivos por los que debería regularse.
R: Es un poco primitivo esto de mezclar, por citar a nuestra antigua Alcaldesa, “peras con manzanas”. Que se vaya a ganar impuestos con esto… ¡pues tampoco nos vamos poner a repartir éxtasis en el colegio porque vamos, cobramos una tasa y nos forramos! Pues no.
Lo que está claro es que las mafias viven del hecho de que es una actividad irregular. Si la prostituta sabe que está haciendo algo extraño, porque no debe estar aquí en España o porque entiende que no tiene derecho a recurrir a la policía española, entonces es cuando se posibilita que se mantengan estas estructuras de coacción.
P: Volviendo a las mencionadas posturas feministas, muchos detractores de la legalización de la prostitución argumentan que no se puede legalizar lo que consideran mercantilización y explotación del cuerpo de la mujer y sobre todo, legitimación de una desigualdad de género y de roles de género patriarcales que ya no son aceptados en el resto de ámbitos de la sociedad. ¿Cuál es su opinión respecto a estos posicionamientos?
R: Lo que hay que ver es que aquí estamos hablando de usar el Derecho penal. Que algo nos parezca mal no significa que estemos legitimados para declararlo un delito. Eso por un lado, y luego, los argumentos consecuencialistas que hemos mencionado: ¿realmente las prostitutas van a estar mejor? Una situación de prohibición significa criminalizar al cliente, aparte de criminalizar al proxeneta, y no criminalizar a la prostituta. ¿Va a estar mejor así la prostitución en España? Esa es una primera respuesta que hay que dar si se pretende pasar a la prohibición. ¿Ha hecho un estudio, ha visto cómo funciona esto en Suecia, tiene datos que avalen que van a haber menos mujeres prostituidas que sufran la explotación con esta regulación, o habla por hablar? Porque no se trata aquí de la moral de alguien, por muy respetable que sea.
En segundo lugar, esto de la protección es peligroso, porque llevado al extremo, “las mujeres no deberían bajar a la mina, porque claro, son mucho más débiles, y además a la hora de conducir, pues que tampoco sean conductoras de tanques primero, de trenes después…”. Es la imposición de roles de género. ¿Cuántos cajeros hombres hay en los supermercados? El trabajo de cajero/a no es una actividad muy placentera ni bien pagada, ¿por qué el 90% son mujeres? Y así hasta el final de los tiempos. No cabe pensar que se puede cambiar la estructura patriarcal a través de una norma penal, aquí no estamos para hacer propaganda con el Código penal. Vamos a pensar si es un modelo viable. A mí me parece difícil, a día de hoy, imponerlo en España. Vamos a obtener datos y vamos a pensar también qué efectos puede llegar a tener.
P: Existen también, como acabamos de ver, muchas críticas de parte del prohibicionismo y de quienes consideran que el discurso regulacionista está sustentando socialmente, construido y mantenido por el lobby de los empresarios del sexo, que lo que en realidad quieren es un “derecho legal para explotar”. Parece que ambas posturas, regulacionismo y prohibicionismo, se encuentran enfrentadas y son casi irreconciliables ¿cree que cabe pensar en alguna vía intermedia que sirva para reconciliar ambas visiones?
R: No, yo pienso que estamos ante una situación binaria: o consideramos posible que el contrato de la prostitución sea válido, esto es, que se pueda contratar que una persona se vaya a acostar con dos o tres individuos a cambio de dinero cada día, al igual que alguien permanece ocho horas sentado en una caja pasando briks de zumo por el lector; o decimos que no, porque consideramos que este contrato es torpe, es decir, ilícito. El contrato vale o no vale. Y el Derecho penal debe intervenir aquí puesto que estamos hablando de algo muy importante.
P: Aun sabiendo que no disponemos de datos precisos, a la vista de aquellos con los que sí contamos, según su opinión ¿a qué modelo debemos tender en España para salir de este limbo en el que nos encontramos?
R: Yo creo que ahora la única opción racional de desarrollar la legislación es ir hacia un modelo de regulación muy cuidadoso, eso sí. Y luego, aunque no tiene que ver con la prohibición o la ausencia de ella, situaciones como la de La Junquera no pueden darse. Y para eso no es necesario cambiar el Código Penal, basta con impedir que esas licencias sigan en vigor. Lo último que sé es que el Ayuntamiento de La Junquera no quería dar las licencias y al final el TSJ de Cataluña dijo que sí debían darse; eso no puede seguir así.
Es decir, si queremos tener una prostitución que consiste en una actividad similar a la de unas masajistas, sabiendo que hacen una actividad mucho más comprometida que dar masajes, necesitamos tener toda una serie de salvaguardas. Tenemos que poner a las prostitutas en una situación en la que no van a tener que tomar unos servicios de otras personas más allá de una empresa de lavandería o de condones. Pero ninguna otra cosa más, porque no debe darse licencia administrativa a ninguno de estos hoteles o prostíbulos masivos; se acabó el prostíbulo. Como máximo una cooperativa de tres mujeres en un piso, sin admitir ninguna estructura mayor y en donde, además, no haya Madame ni jefe.
Yo creo que por ahí es por donde encontraríamos una solución. No va a ser mágica, porque lo que es obvio es que hay una situación estructural detrás. Una cosa es que yo esté de acuerdo o no con el modelo de criminalizar al cliente y otra cosa es lo que es evidente para cualquiera: esta es una sociedad de hombres, y las mujeres, aunque tienen esta opción, ejercen la sexulidad de otra manera. También por razones culturales. De hecho, los estudios que hay no encuentran prostitución antes de la aparición de la agricultura y la propiedad. Y en el medio del Amazonas hay reglas distintas y no hay prostitución, porque no hay propiedades y las mujeres no están en una situación tan de subordinación como lo están en las sociedades que vienen de las comunidades agrarias.
“Cuando se habla de prostitución homosexual están el fenómeno del travestismo y del transexualismo, donde estos sujetos adoptan un rol de mujeres, lo que tiene que ver con la posición social de la mujer”
P: Es claro que el mundo de la prostitución lo conforman esencialmente mujeres, pero habrá quien eche de menos la pregunta si no la hacemos: ¿No hay hombres que ejercen la prostitución? ¿Cómo encajaría la regulación en estos casos?
R: Bueno, pues es igual. Lo que ocurre es que es un fenómeno infinitamente más reducido. En muchos casos, además, cuando se habla de prostitución homosexual porque son hombres quienes la ejercen, está el fenómeno del travestismo y del transexualismo, donde estos sujetos adoptan un rol de mujeres, lo que tiene que ver con la posición social de la mujer.
P: Es usted Doctor honoris causa en varias universidades latinoamericanas y conoce los Códigos Penales de esta región. Teniendo en cuenta que frecuentemente estas leyes penales tienen sus raíces en el Código Penal español, ¿cuál es la forma de regulación mayoritaria en América Latina? ¿Se tiende a la prohibición o hay algún país que escapa a este modelo?
R: No, no tienden hacia la prohibición. En la mayoría de estos países existe una situación próxima a la nuestra de tolerancia e incluso de permisión administrativa. Lo que ocurre es que el nivel de pobreza en muchos de estos países es tan distinto que el debate se plantea en términos totalmente distintos, no hay un debate comparable al que estamos teniendo en Europa recientemente. Como ocurre casi siempre, en España estamos dormidos, pero ya habéis visto cómo los aires soplan en la dirección de considerarlo intolerable, de reivindicar la dignidad de las mujeres, aunque no creo que se atrevan a criminalizarlo independientemente de que los aires soplen en esa dirección. En América Latina no he escuchado aún nada, hay femicidio pero a nadie se le ha ocurrido este rollo de criminalizar la prostitución.
P: Finalmente, parece que cualquier avance hacia una disminución de la prostitución - nadie piensa en la erradicación absoluta- debe venir más bien del plano educativo.
Lo que hay que preguntarse es qué es lo que hace ahora a un muchacho de 18 ó 20 años, con todas las oportunidades del mundo de tener relaciones sexuales normales con chicas de su edad, consumir prostitución. Es muy sorprendente y nadie lo ha logrado explicar de momento. Es una cuestión de educación, de la posición relativa de hombres y mujeres. Muy probablemente el asunto gire en torno a la situación de no tener que tratar a la mujer como una igual, sino que se convierta en un producto de consumo. Y esto cuadra bien con determinadas tendencias evolutivas sociales del momento actual. Aparte de que cambiar visiones muy arraigadas de roles de género lleva mucho tiempo. Recientemente leía una encuesta, no sé hasta qué punto fiable, según la cual al 30% de las chicas de vuestra edad les parecía bien que el hombre fuera dominante y ejerciera cierto control sobre ellas. Y es extraordinariamente sorprendente, porque mis compañeras de generación no eran así. La tendencia actual, además, no está sesgada por clases, sino que es transversal. En todo caso, es evidente que no se pueden cambiar las cosas de hoy para mañana simplemente cambiando la ley.
