FACTCHECKING - Albert Rivera y la regulación de la prostitución: política emergente para temas emerg
Belén Carrasco Rodríguez
Elisa Castillo Nieto
Alejandro Ciordia Morandeira
No han pasado desapercibidas para la opinión pública española las declaraciones que ha sostenido Albert Rivera en defensa de la legalización de la prostitución. Estas, como cabe esperar, han venido acompañadas de la ineludible controversia que despierta el dilema sobre su posible regularización tanto en nuestra sociedad como en el plano internacional. Así, declaraba hace algunos meses:
"Defenderemos un marco legal regulado para el ejercicio de la prostitución voluntaria que permitirá una mayor protección y seguridad de las personas que se dediquen a dicha actividad, velando por la voluntariedad de su ejercicio y por el control de las condiciones de salubridad e higiene en su práctica. Se permitirá de este modo, la incorporación regulada al mundo laboral en régimen de autónomos de aquellos que la ejercieran profesionalmente. Se restringirá el ejercicio de esta actividad económica en locales convenientemente legalizados, prohibiéndose su ejercicio en el espacio público. Los clientes que hiciesen uso de los servicios sexuales fuera de los ámbitos legalizados serían severamente sancionados"
La confianza con la que el líder de Ciudadanos defiende que un marco regulado en el que las prostitutas puedan incorporarse al mundo laboral podría favorecer tanto la situación social de las mismas como la economía del país plantea una discusión que no se aleja de la que también se ha desatado en el contexto europeo. España se encuentra dentro de la categoría de los países abolicionistas, que se explica con mayor determinación en el artículo En Profundidad, sin embargo, la polémica que ha despertado esta cuestión ha retomado el debate sobre sensación de indeterminación que existe en nuestro ordenamiento jurídico con respecto a este negocio, tal y como remarca nuestro entrevistado Manuel Cancio cuando afirma que “el sistema español es hipócrita porque se mantiene en la indefinición. Y algo hay que hacer, porque la ausencia de seguridad jurídica es la que genera márgenes de negocio para estructuras oscuras"
Estudio comparado. ¿Qué nos cuenta Europa?
Así pues, nos hemos dispuesto a investigar la viabilidad de la propuesta política del líder de la formación naranja analizando si es cierta la premisa fundamental sobre la que se basa su postura. Es decir: ¿devendría la regulación de la prostitución en una situación favorable para las prostitutas y, por consiguiente, el ejercicio de su profesión en condiciones de mayor seguridad y protección? Para responder a esta pregunta hemos recurrido al Derecho comparado, estudiando los casos más representativos de la posturas regulacionistas (categoría en la que se encontraría el sistema sugerido por Rivera) y abolicionistas (la presente en el derecho español) de los sistemas legislativos de los países europeos. Dentro de los 7 países regulacionistas hemos escogido como ejemplo a Alemania, Holanda, Hungría, Letonia y Reino Unido (pues no hay datos disponibles para Austria y Grecia), mientras que de los 14 países que siguen un modelo abolicionista mostramos los datos de: Bélgica, República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Italia, Francia y Luxemburgo (pues los datos de Polonia y Portugal tampoco estaban disponibles). Basándonos en los datos extraídos del Informe del Eurostat de 2015 sobre el tráfico de seres humanos, nos hemos centrado en el número de víctimas de tráfico sexual registradas en dichos países cada año, durante 2010, 2011 y 2012, por cada 100.000 habitantes, para salvar el efecto que las diferencias de población entre países pudieran causar.
Durante el trienio analizado por Eurostat un total de 30.146 víctimas de tráfico humano, tanto identificadas como presuntas, fueron registradas en los 28 Estados Miembros, de las cuales el 69% se deben a la explotación sexual, donde un 95% de las víctimas son mujeres. Primeramente, resulta conveniente resaltar una evidencia: que las víctimas contabilizadas son sólo aquellas que han sido registradas, por lo que las dimensiones de este tipo de actividades ilegales y clandestinas son por definición difíciles de medir. Además los datos recolectados provienen de diversas fuentes, lo que implica que los resultados numéricos sean muy inferiores a las estimaciones que realizan algunas organizaciones no gubernamentales (que en el caso de España organizaciones como Apram afirman que el 80% de las prostitutas se encuentran en situación de explotación). Entre las fuentes principales del informe encontramos a las policías nacionales, ONGs, policía fronteriza, servicios de inmigración e inspectores de trabajo, además de organizaciones internacionales, servicios sociales, unidades de soporte a las víctimas, autoridades locales, prisiones, etc. Asimismo, cabe destacar que ni todas las organizaciones ni todos los países utilizan los mismos mecanismos cuantitativos; por ejemplo, unas organizaciones reportan los casos cuando se denuncia el crimen de explotación sexual y otras cuando éste ha sido confirmado judicialmente. Por todo ello, apuntamos que las cifras deben interpretarse con cautela, aunque aun así resultan útiles para hacerse una idea de la incidencia de esta lacra en Europa en general y las diferencias entre países, especialmente teniendo en cuenta la escasez de datos fiables que existe en torno a la prostitución.
El planteamiento de Rivera. ¿Sería beneficioso un cambio legislativo?
“Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”, dicen las viejas lenguas. Pero, ¿convendría aplicar esto a la propuesta del político español? Comparando los países europeos que apuntábamos, comprobamos que Holanda, con un modelo regulacionista desde 2000 (Gráfico 1), se erige como país con mayor número de víctimas de explotación sexual, sacándole una notoria ventaja al país que presenta la segunda ratio más elevada, Chipre (Gráfico 2), que se sitúa entre los abolicionistas. No obstante, este hecho no nos abre camino para afirmar que los países con modelos regulacionistas favorecen la explotación sexual, dado que la delantera que le lleva Holanda al resto de países (tanto abolicionistas como regulacionistas) queda disminuida como argumento al contemplar que el resto de los países que ocupan la pole tienen modelos abolicionistas. Asimismo, esto último tampoco nos permite alegar lo contrario, es decir, que los países abolicionistas tengan un mayor índice de casos de explotación sexual, dado que los países con un número menor de víctimas son también son abolicionistas (República Checa, Eslovaquia y Finlandia).
Gráfico 1: Víctimas de explotación sexual por cada 100.000 habitantes en países regulacionistas
Gráfico 2: Víctimas de explotación sexual por cada 100.000 habitantes en países abolicionistas
De este modo, la observación de los datos nos permite discernir que, obviando el caso particular de Holanda –en el que la prostitución legal mueve 2.500 millones de euros al año, lo que equivale al 0,4% del PIB del país, (¡más que su industria quesera!) y la ilegal supone alrededor de unos 500 millones de euros al año- los países del modelo abolicionista presentan ratios más elevados de víctimas de explotación sexual que el grupo de países regulacionistas. Y ahora, ¿qué hay de España? Nuestro país se encuentra por encima de la media tanto de los regulacionistas como del resto de los países abolicionistas (Gráfico 3). No obstante, las diferencias entre unos y otros no son lo suficientemente pronunciadas como para que se pueda sostener una declaración contundente. Parece ser que, aun existiendo palpables variaciones entre países, la incidencia del tipo de legislación en cada país no es un factor suficientemente significativo. Sobre esto, el Comité de Derechos de las Mujeres y de Igualdad de Género del Parlamento Europeo señalaba acertadamente en un informe de 2005 que existen otros muchos factores intervinientes que afectan la naturaleza y dimensiones de la explotación sexual en cada país. Entre estos factores el informe cita: la feminización de la pobreza y el nivel de desempleo femenino, las diferencias económicas entre los países de origen de las víctimas y de destino, la legislación sobre inmigración, la posición geográfica de cada país, las medidas anti-trata tomadas, las similutes culturales entre los países de origen de las víctimas y los de destino, y los efectos de la entrada de nuevos países en la UE. De estos factores la comisión parlamentaria europea concluye que los dos más significativos son las diferencias de las condiciones económicas entre países y la feminización de la pobreza y el desempleo en cada país.
Gráfico 3: víctimas de explotación sexual por 100.000 habitantes. Comparación de las medias en los países regulacionistas y abolicionistas con España
En definitiva, no existen datos que avalen de forma concluyente la afirmación de Albert Rivera: es decir, no hay menos víctimas en los países que han regularizado la prostitución en comparación con los que mantienen una postura abolicionista como la española. Además, y sin que esto pueda significar tampoco la posibilidad de rechazar su propuesta de regulación –ya que hemos dicho que los datos ni confirman ni desmienten- desafortunadamente para el líder de C’s y su programa político el balance de experimentos similares en Alemania y Holanda no es tan esperanzador. Según un informe de febrero de 2014 del Parlamento Europeo sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género recoge: “En 2007, el Gobierno alemán admitió que la ley de legalización de la prostitución no había reducido la delincuencia y más de un tercio de los fiscales alemanes señalaron que la legalización de la prostitución ha complicado su labor de perseguir la trata de seres humanos y el proxenetismo. En los Países Bajos, en 2003, el alcalde de Ámsterdam declaró que la legalización de la prostitución no había conseguido evitar la trata y afirmó que parecía imposible crear una zona segura y controlable libre del abuso del crimen organizado”.
CONCLUSIÓN
Siendo fieles a los números, podemos concluir que no existen datos plenamente fiables que avalen las declaraciones de Albert Rivera. Letonia, por ejemplo, un país regulacionista con un índice bajo de explotación sexual, se contrapone a Holanda, que dispara las cifras. La certeza con la que habla el político español, que ha avivado a numerosos detractores, aunque también ha sido respaldada por determinados sectores, parece recordarnos que los problemas sociales normalmente comportan estrategias más complejas que las que plantean la mayor parte de las promesas políticas. No podemos decir que la legalización de la prostitución atenuará la cruda realidad de las prostitutas en nuestro país, sino que posiblemente, el éxito o el fracaso de un modelo regulacionista en España deba tratarse de una forma más exhaustiva en conjugación con otros factores socioeconómicos y culturales.
