ENTREVISTAS - Joaquim Bosch: "Estamos a la cola de Europa en jueces por habitante y a la cabeza
Elisa Castillo Nieto
Iris Gacho Ramírez Amanda Terrón García
Joaquim Bosch (Cullera, Valencia, 1965) es el portavoz nacional de Jueces para la Democracia, una asociación que agrupa a magistrados progresistas. Como magistrado ha desempeñado su actividad en los juzgados de Barcelona, Denia, Vinaroz y Massamagrell. En la actualidad es Magistrado Decano del partido judicial de Moncada. Ha llevado a cabo investigaciones e impartido docencia en los cursos de formación de magistrados en el plan estatal del Consejo General del Poder Judicial y en el plan autonómico de la Conselleria de Justicia. Asimismo, ha realizado estudios sobre inmigración y refugio en el departamento de Filosofía del Derecho de la Universitat de València. Ha impartido conferencias jurídicas sobre la regulación legal de los delitos sobre violencia de género, los delitos contra el honor, el acoso laboral, las rupturas familiares, el alcance de los derechos sociales o las ejecuciones hipotecarias.
Es un habitual colaborador en distintos medios de comunicación y en programas que tratan la actualidad social y política. Previo a su ingreso en la judicatura, fue Vicerrector de Estudiantes de la Universitat de València y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cullera.
Se le ha barajado como futurible ministro de Justicia entre la prensa; recientemente rechazó la oferta de Pablo Iglesias para ser candidato de Podemos en las elecciones generales del 20 de diciembre así como la del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, para ser conseller de Justicia.
PREGUNTA: El pasado día 13 de octubre y ante las manifestaciones convocadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en apoyo a los convocantes de la “consulta alternativa del 9n”, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un comunicado en defensa de los magistrados y calificando aquella manifestación como un “ataque a la independencia judicial”. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? ¿Comparte su postura?
RESPUESTA: En primer lugar, hay que valorar que la querella contra el gobierno de Catalunya ha tenido interferencias políticas muy criticables desde el principio y esto explica todo lo que está sucediendo. La querella se presentó por presiones públicas muy claras del partido del Gobierno que indicó cómo, cuándo y de qué manera debía presentar la querella la Fiscalía. Posteriormente el órgano competente, que era la Fiscalía de Catalunya, se negó a firmarlo y fue el Fiscal General del Estado quien, con presiones del Gobierno, presentó esa querella y el propio Fiscal General dimitió poco después, precisamente por las presiones que había habido desde el Gobierno para que se iniciara este procedimiento judicial.
"La reforma del TC es tremendamente criticable y pretende judicializar un problema que es esencialmente político"
Esto, de alguna manera, parece legitimar al gobierno de Catalunya para protestar por estas presiones políticas, pero al mismo tiempo lo está haciendo de una manera que yo pienso que también es muy criticable. Aunque el procedimiento no se inició de manera correcta jurídicamente, creo que hay que dejar actuar al poder judicial y respetar sus actuaciones para aclarar si esos hechos son constitutivos de delito y que eso es incompatible con que haya miembros del gobierno de Catalunya participando en protestas ante un tribunal porque esto es contrario a la separación de poderes. Quizás la nota del Consejo es excesivamente dura porque las manifestaciones no provocaron incidentes que pudieran perturbar la actuación del tribunal. Pero es cierto que es incorrecto desde la división de poderes, desde la independencia y desde la tranquilidad del protocolo de actuar del tribunal que haya miembros del gobierno autonómico que estén dirigiendo manifestaciones ante una sede judicial.
P: Siguiendo con el tema catalán, el último intento del PP de frenar el proyecto secesionista de Artur Mas ha sido proponer una reforma de la Ley del Tribunal Constitucional que le facultaría para suspender de sus funciones al Presidente del Gobierno y a cualquier otro cargo público. ¿Qué opinión le merece esta reforma?
R: Es una reforma que es contraria a la naturaleza del Tribunal Constitucional. Además, regula un procedimiento sin garantías suficientes pues convierte al Constitucional en un órgano sancionador y éste puede suspender de sus funciones al gobierno de Catalunya incluso sin escuchar previamente a sus miembros. Creo que la propuesta es tremendamente criticable, y además pretende judicializar un problema que es esencialmente político. Los conflictos territoriales del Estado español deben resolverse a través de acuerdos entre las principales fuerzas políticas y sus instituciones, y no pretender que sea en el ámbito judicial donde se solucionen todos esos problemas. De hecho, el propio Gobierno tiene facultades para iniciar todo tipo de acuerdos y decisiones en virtud del artículo 155 de la Constitución y lo que pretende es no asumir sus responsabilidades políticas y delegarlas en un tribunal que no está pensado para sancionar este tipo de actuaciones. Además, quiero recordar que las sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional ya son ejecutables por parte de los tribunales, de hecho, si hay ahora mismo un procedimiento por la querella de la consulta del 9n es porque quien tiene que velar por el cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional son los tribunales ordinarios. Lo que pasa es que parece que a veces lo que hace el Poder judicial de forma independiente no gusta al Gobierno y pretende ahora encontrar fórmulas a través de un tribunal que está mucho más politizado y que no tiene esas mismas garantías (esto es, la autonomía de su actuación, por su forma de nombramiento) y lo que se va a hacer es acabar desprestigiando de forma irreversible al propio Tribunal Constitucional.
“La querella contra el gobierno de Catalunya ha tenido interferencias políticas muy criticables […] el partido del Gobierno indicó cómo, cuándo y de qué manera debía presentar la querella la Fiscalía”
P: En relación con la politización de la institución de Justicia, usted ha criticado en diversas ocasiones que la configuración y elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de un pacto de cuotas de los diferentes partidos políticos, mina gravemente la separación de poderes que debe reinar en un Estado de Derecho. ¿Desde Jueces para la Democracia, cómo creen que debería articularse dicha elección?
R: Nuestro sistema parte de una perspectiva que hace que el CGPJ sea nombrado por parte del Parlamento porque es el máximo representante de la soberanía nacional. En la práctica, en lugar de elegir a los miembros del CGPJ dentro del ámbito parlamentario y con criterios de capacidad y de independencia acreditada para que puedan actuar con absoluta imparcialidad y autonomía, lo que ha ocurrido es que es que la elección del CGPJ se ha repartido a través de un pacto de cuotas entre los partidos políticos, como correa de transmisión entre ambos poderes. Con la reforma que realizó Gallardón, se nombró como presidente del CGPJ a Carlos Lesmes que había sido alto cargo en la etapa de José María Aznar. Con lo cual, la circulación entre ese órgano y el ámbito político y su actuación como instrumento partidista realmente es muy criticable y nosotros creemos que el sistema parlamentario en estas configuraciones no ha funcionado correctamente. Desde Jueces para la Democracia hemos llegado al acuerdo de que se tendría que reforzar la intervención directa y la participación de los jueces en la elección de los vocales del Consejo. No obstante, hay que añadir que ahora mismo hay un debate muy amplio sobre una posible reforma constitucional y yo creo que ahí es donde se debería analizar el fracaso de la institución y quizás también reflexionar sobre otras formas de configuración y, entre ellas, las que puedan implicar la participación de los ciudadanos.
P: En cuanto a los casos que más titulares han levantado, como son los ERES de Andalucía, Gürtel, Púnica, Pujol, Bárcenas, Rato, Urdangarín, la Infanta, en ocasiones se han denunciado injerencias y, entre la población existe la sensación generalizada de que la justicia no es igual para todos. ¿Hasta qué punto cree que ha habido presiones al actuar independiente de la justicia? ¿Podría negar que en España existan presiones al poder judicial?
R: Bueno, las presiones pueden realizarse de muchas maneras, el hecho de que la Justicia no tenga medios suficientes y los procesos se dilaten durante años es una forma de interferir en ella. Al mismo tiempo, que haya jueces, como pasó con Pablo Ruz en la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, que están llevando una instrucción y que de una manera poco justificada no hayan continuado en su puesto donde estaban desempeñando una comisión de servicios, también es una forma de interferir en la actuación independiente de la justicia. Y sin duda, en ocasiones los medios de comunicación también tienen capacidad para presionar. De todas maneras, creo que hay que apoyar el importante esfuerzo que está realizando el Poder judicial en la lucha contra la corrupción porque si ahora mismo hay centenares de cargos públicos imputados es porque hay centenares de jueces de instrucción, muchísimos de ellos anónimos, que con pocos medios y con muchas dificultades están consiguiendo llevar adelante los procesos, aún con lentitud pero eso es problema de la falta de instrumentos que tienen.
"En lugar de elegir a los miembros del CGPJ con criterios de capacidad y de independencia acreditada, la elección se ha repartido a través de un pacto de cuotas entre los partidos políticos"
P: Una reciente encuesta elaborada por SigmaDos a petición del CGPJ, propone, entre otras, una serie de medidas para luchar contra la corrupción, como son, por ejemplo, la creación de unidades periciales con competencias en materia de corrupción que dependiesen de los juzgados, la revisión de los privilegios que la LECrim concede a determinados cargos y representantes públicos, y la eliminación del jurado popular en la totalidad de los delitos de corrupción política. En su opinión y en la de Jueces para la Democracia, ¿qué otras medidas podrían tomarse contra la corrupción?
R: En líneas generales, en la sociedad existe la opinión de que hace falta más mano dura y más castigos para acabar con la corrupción. Sin perjuicio de que es cierto que se puede repensar el castigo, lo cierto es que la respuesta penal siempre es tardía. Siempre llegamos tarde, cuando el daño ya se ha producido. Por tanto, los expertos en materia de criminología y en materia de Derecho penal que han analizado el tema de la corrupción llegan a la conclusión que compartimos en Jueces para la Democracia, que es que lo fundamental en la lucha contra la corrupción son las medidas preventivas, es decir, evitar que el daño se produzca. Esto implica acabar con la enorme discrecionalidad que tienen las Administraciones para adjudicar grandes contratos, porque es ahí donde se reparte el dinero en los casos de corrupción.
El Gobierno no ha tenido voluntad de reformar todas las medidas estructurales que facilitan la corrupción y nosotros creemos que hay que acabar con ese espacio tan amplio de contratación. Al mismo tiempo, tendría que haber un reforzamiento de los técnicos independientes que puedan detectar cuándo se están produciendo esas actuaciones. Hay que tener en cuenta que, en todo lo que afecta a las Administraciones Públicas, en los últimos años ha habido una reciente incorporación de asesores y cargos de confianza en detrimento de unos técnicos independientes que son los que realmente sí que representan a toda la sociedad y pueden evitar estas prácticas.
Al mismo tiempo, también haría falta incrementar los controles externos, porque hoy en día, organismos como el Tribunal de Cuentas, apenas cumplen esta función de control. Por tanto, se tendrían que mejorar todos esos instrumentos de control exterior para que se detecte de verdad y a tiempo las prácticas corruptas.
"Lo fundamental en la lucha contra la corrupción son las medidas preventivas […] Esto implica acabar con la enorme discrecionalidad que tienen las Administraciones para adjudicar grandes contratos"
En última instancia, lo más efectivo contra la corrupción es sobre todo que, una vez se haya producido el delito es, se pueda perseguir y condenar de manera efectiva, porque de nada sirve cambiar las penas, por ejemplo, si luego los actos quedan impunes.
Por tanto, para ello necesitamos muchos más medios y muchos más juzgados. Estamos a la cola de Europa en jueces por habitante y a la cabeza europea en el número de corruptos por habitante. Esta es una contradicción muy grande que hay que empezar a solucionar incrementando los medios en la lucha contra la corrupción y también en los medios auxiliares de los jueces como una policía judicial que efectivamente, dependa únicamente de los tribunales y que sea efectiva, o como la adopción de peritos, expertos en las materias y todos los mecanismos auxiliares que necesitamos.
P: En relación con la impunidad de los delitos de corrupción de la que usted habla, el PSOE ha propuesto prohibir la concesión del indulto a cualquier autoridad o cargo público que sea condenada por un delito de corrupción. ¿Cómo valora esta propuesta?
R: Nosotros lo que vemos en general es que la política de indultos que ha seguido este Gobierno ha vulnerado el principio de separación de poderes y el deber de motivación de cualquier decisión de la Administración Pública. Por lo tanto, lo que no puede ser es que, en toda una serie de casos, y los Tribunales hayan acordado una serie de condenas y que luego el Gobierno las haya dejado en papel mojado sin ninguna explicación. No puede ser que con estos criterios se haya indultado a policías que han torturado, a políticos corruptos o a conductores kamikazes. Creo que la solución tiene que ser más general, no solamente debería afectar al tema de la corrupción, sino una regulación mucho más amplia y detallada, donde haya menos margen para indultar del que existe actualmente. El Gobierno aplica la media de gracia, perdona unas penas y otras no, y nunca sabemos por qué unos son indultados y otros continúan en prisión. Tal y como se detecta en los indultos que benefician a determinados delitos vinculados al ámbito político, da la impresión de que el poder se acaba perdonando a sí mismo. Por tanto, el indulto debería ser controlable, debería haber unas causas más tasadas de indulto y que la decisión fuera, en cualquier caso, con intervención judicial y recurrible ante los tribunales. Claro, si nadie explica por qué se indulta, no hay una imposibilidad de control, por tanto la primera premisa tendría que ser que se explicaran las causas de los indultos.
P: En otro orden de cosas, desde Jueces para la Democracia han denunciado en numerosas ocasiones la reforma del Código Penal que introduce la llamada “prisión permanente revisable” así como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de la que usted ha llegado a afirmar que “no existe para dar seguridad a los ciudadanos sino al gobierno”. ¿Confía en que tras las elecciones pueda eliminarse la figura de la prisión permanente o derogarse la ley de Seguridad Ciudadana teniendo en cuenta que estas reformas no parecen responder a una necesidad real?
R: Una cosa es la prisión permanente revisable que es una versión de la cadena perpetua, y otra, los recortes en libertades, como los de la Ley de Seguridad Ciudadana. El Código Penal es la Constitución en negativo, es decir, es la norma principal en la que se limitan los derechos de las personas, y por tanto, lo que no puede ser es que una reforma de la importancia de ésta última se haya llevado a cabo solamente con los votos del partido en el Gobierno y con toda la oposición en contra. Yo creo que estas reformas se deben hacer con consenso, y además, deberían ser respetuosas con principios básicos como el de reinserción social, y respetando siempre los derechos de todas las personas. Nosotros entendemos que la prisión permanente revisable sería inconstitucional porque, precisamente, si una persona puede estar toda su vida en prisión, se imposibilita la obligación del Estado de reinsertarla en la sociedad. Por tanto, creemos que el Tribunal Constitucional debería declararla contraria a la Constitución y sería positivo que el Parlamento acabara eliminándola del articulado. Además, forma parte de ese tipo de medidas de lo que se llama “populismo penal”, que se pretende contentar a gente con medidas muy duras, en lugar de valorar principios básicos del Derecho vinculados a la dignidad de todas las personas, los delincuentes tienen la misma dignidad y los mismos derechos que cualquier otra persona. Por otro lado, la Ley de Seguridad Ciudadana, y en general las reformas del Código Penal lo que hace es castigar la disconformidad. Estamos ante un Gobierno que parece que se ve incapaz de convencer a la gente con argumentos de que su gestión es la adecuada, y en lugar de intentar persuadir con la palabra, lo que hace es intentar silenciar las críticas. En el articulado se ve claramente que no es una ley que tenga como objetivo que la gente viva más tranquila en las calles porque el 99% de las manifestaciones son pacíficas, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Por tanto, que haya manifestaciones pacíficas, claramente no perturba a la gente. Es una ley que pretende que el Gobierno esté más tranquilo ante las críticas y que esté blindado ante las molestias que han generado las muchísimas manifestaciones que han tenido lugar estos últimos años, de acuerdo con el ejercicio de las libertades.
"La política de indultos que ha seguido este Gobierno ha vulnerado el principio de separación de poderes y el deber de motivación de cualquier decisión de la Administración Pública"
P: En diciembre entrarán en vigor las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobadas este mes. Aparte de retoques estéticos muy sonoros -el imputado pasará a llamarse investigado- se han acometido reformas de gran calado. Entre las más cuestionadas está la fijación de unos plazos máximos para la fase de instrucción. En las causas complejas, la investigación no podrá extenderse más allá de los 18 meses, salvo una petición de prórroga del Ministerio Fiscal o de cualquiera de las partes personadas. ¿Cree que se logrará agilizar, de esta forma, los procesos judiciales o por lo contrario, se favorecerá la impunidad?
R: Es cierto que los procedimientos penales en nuestro país son demasiado largos, y esto no es bueno ni para la sociedad ni para el derecho a la presunción de inocencia. Hay que ver cuál es la causa del problema y aplicarla correctamente en todos los casos en que sean adecuadas. El origen del problema, principalmente, es la falta de medios que comentaba antes. Gran parte de los Juzgados de Instrucción en nuestro país están trabajando al 200% de lo que tendrían que trabajar y esto claro, necesariamente, provoca demoras. Es imposible, teniendo el doble de asuntos de los que puede llevar un juzgado, que se lleven al día. Otro problema es que tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tendría que haber reformado complementamente, se tendría que haber hecho un Código Procesal nuevo, porque ésta es una ley del siglo XIX que no está ajustada a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Pero el Gobierno ha tenido cuatro años para hacer este Código Procesal Penal con mayoría absoluta y ha sido incapaz. Lo que ha hecho ha sido precipitarlo a última hora, sin resolver los problemas de falta de agilidad como, por ejemplo, las posibilidades que tienen los abogados de los imputados para demorar las causas a través de todo tipo de maniobras dilatorias. Todo esto no costaba dinero reformarlo. Entonces, no se soluciona el problema de la falta de medios y el de la falta de agilidad de la Ley Procesal y se pretende que exactamente con los mismos instrumentos (porque la nueva reforma dice, literalmente, que su entrada en vigor no supondrá ningún aumento presupuestario), lo que antes tardaba años, ahora se tenga que sacar en un máximo de 18 meses. Esto es imposible. Por tanto, lo que va a pasar es que se va a provocar el cierre en falso de las instrucciones y se tendrán que archivar por faltas de pruebas o habrá una actividad probatoria tan mínima que esto va a imposibilitar, en muchos casos, sentencias condenatorias. ¿Qué sabríamos del caso Gürtel, del caso Urdangarin, del caso de los EREs, si en 18 meses se hubieran tenido que cerrar? No sabríamos prácticamente nada. Esto, en casos de corrupción es especialmente preocupante.
"La cadena perpetua revisable forma parte del “populismo penal”: se pretende contentar a gente con medidas muy duras, en lugar de valorar principios básicos del Derecho vinculados a la dignidad de las personas"
P: ¿Entonces sí considera que se podría favorecer la impunidad?
R: Cualquier reforma que vaya a provocar, de manera injustificada, absoluciones o archivos es una reforma que va a provocar impunidad. Determinados delitos deberían haberse condenado y debido a un cambio de norma inadecuado, puede haber mucha gente que haya delinquido y que finalmente no sea condenada.
P: Siguiendo con la reforma de la LECrim ¿qué opinión le merece que la decisión de ampliar los plazos no dependa del Juez, sino del Ministerio Fiscal?
R: Muestra la desconfianza del Gobierno en el Poder Judicial independiente. Hay que recordar que, en cualquier proceso, el Juez de Instrucción es el único que tiene independencia absoluta de criterio porque como hemos visto, la Fiscalía es un órgano de carácter jerarquizado en cuyo vértice está un Fiscal General del Estado que es un cargo de confianza nombrado por el Gobierno. En el tema de Cataluña, el órgano competente decidió con criterios técnico-jurídicos, que no había razones para presentar una querella y el Gobierno acabó forzando que se presentara. El Gobierno no puede obligar a ningún juez a que presente una querella. En el caso de la Fiscalía, hemos visto que puede ser más discutible. Por tanto, dejar el sistema de ampliación de los plazos solamente en el Fiscal y no en el Juez Instructor, que es el que debe reunir las pruebas, es una muestra de desconfianza del Gobierno en nuestras instituciones.
P: Cambiando de tema, recientemente han exigido al Ejecutivo que sea riguroso respecto al cumplimiento de los convenios internacionales sobre la acogida de refugiados. Han solicitado que se modifique el sistema Schengen y el Reglamento III de Dublín, y que se pongan unas nuevas fórmulas más efectivas para que las personas puedan solicitar asilo en las embajadas españolas. ¿Podría concretar más estas propuestas y en qué medida difieren de la manera en la que han enfrentado los gobiernos europeos esta problemática?
R: El primer problema es que no hay una política común europea. Hay disparidad de criterios en cada gobierno, y en un tema como la llegada de refugiados en un espacio de países que no tienen fronteras entre sí, hace inexplicable que no haya una política europea común. Si no hay fronteras, no tiene sentido que un país aplique unos criterios mientras que otro aplica otros criterios diferentes. Por lo tanto, la primera cuestión es que haya una gestión europea común. Acerca del problema de los refugiados, el Gobierno español no ha colaborado en esta línea, más bien al contrario: España no está cumpliendo los convenios internacionales que ha suscrito en materia de Derecho de asilo. Nosotros, desde Jueces para la Democracia queremos recordar al Gobierno que los Derechos Humanos deben respetarse también en las fronteras. En cualquier parte del mundo, los Derechos Humanos son iguales para todas las personas y deben respetarse. Esto es incompatible con toda una serie de medidas, no sólo fácticas, por parte de organismos del Gobierno al dificultar el derecho de asilo ante la llegada de refugiados, sino incluso legislativas: la Ley de Seguridad Ciudadana de la que hablábamos hace un momento permite las expulsiones en caliente, lo cual es absolutamente contrario a los Convenios Internacionales que ha suscrito España. Las devoluciones en caliente suponen que, una persona que entra en nuestro país por los medios que sea, en lugar de aclarar si tiene derecho de asilo, que es un derecho que no puede ser vulnerado, permite a las fuerzas policiales expulsarles sin ningún trámite del territorio nacional. Esto es contrario a los derechos de los refugiados y forma parte de esa línea de nuestro Gobierno de no cumplir con los Derechos Humanos en toda su amplitud, en virtud de los Convenios que hemos suscrito.
"La reforma de la LECrim va a provocar que se cierren en falso las instrucciones, se archiven causas por faltas de pruebas y se imposibiliten, en muchos casos, sentencias condenatorias"
P: Ya en territorio nacional pero siguiendo con la actualidad, la aparición de los nuevos partidos políticos parece haber servido para la renovación de la vida política española. ¿Cree que su inclusión en el Parlamento supondrá un impulso definitivo para llevar a cabo medidas que permitan la renovación del Sistema Judicial español?
R: No me voy a pronunciar sobre los nuevos partidos políticos. Nosotros, desde Jueces para la Democracia, estamos al margen de las iniciativas de partido. Escuchamos a todas las formaciones políticas que quieran hablar con nosotros, y también al Gobierno. Tenemos una relación cordial con todas las fuerzas políticas, pero no vamos a entrar en cuestiones electorales, esto es, si el hecho de que haya nuevas fuerzas políticas puede servir como revulsivo, o no, porque esto es una decisión de la ciudadanía. Lo que sí pedimos a todos los partidos políticos, a los nuevos y a los que llevan más tiempo, es que respeten el Estado social y democrático de Derecho. Ésta es la forma más avanzada que ha permitido que se cumplan o que avancen en nuestro país los Derechos fundamentales. Por tanto, cualquier retroceso del Estado social, del Estado democrático o del Estado de Derecho es un retroceso que va a perjudicar la calidad de vida de la ciudadanía. La reflexión que nosotros hacemos y lo que les pedimos a todos los partidos políticos por igual es que no volvamos atrás, porque en algunas decisiones que se han tomado últimamente sí que vemos un cierto peligro de que volvamos a otros tiempos no democráticos, al menos en la configuración de algunas regulaciones jurídicas. Esto es lo que nos preocupa, gobierne quien gobierne. Seremos críticos con cualquier partido que esté en el Gobierno que haga recortes de libertades o que agote los derechos sociales.
P: Por último, teniendo en cuenta que gran parte de nuestro lectores son estudiantes de Derecho, quisiéramos tener su opinión sobre las oposiciones. ¿Qué le parece que el sistema actual de oposición a judicatura conste de un examen tipo test, tres exámenes orales y ninguna prueba escrita?
R: El sistema español de oposiciones, como tantas otras cosas, también como la propia oficina judicial, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal y tantas otras cosas, es un sistema decimonónico. Es algo único en Europa, casi como un exotismo. En Europa, este sistema prácticamente se ha abandonado y se ha optado por otro tipo de pruebas no memorísticas que permitan valorar mejor la capacidad de razonamiento y de análisis de los problemas de quienes deben aplicar luego precisamente estas virtudes. Memorizar una ley tiene poco sentido práctico porque, como estamos viendo ahora, cambia una ley y cambian los números de las leyes y sus contenidos muy rápidamente, mientras que la capacidad de analizar esas normas no atiende al cambio que se produce en ellas. Nosotros pensamos que hace falta una reforma del sistema de oposiciones, aunque es cierto que se tiene que asegurar siempre el carácter objetivo de la decisión, ya que lo que no se puede es introducir la arbitrariedad de algo tan importante como es el acceso a la carrera judicial. Pese a ello, creo que hay que explorar otras fórmulas que vayan más allá de la actual oposición memorística.
"El sistema español de oposiciones, como tantas otras cosas, es un sistema decimonónico. Es algo único en Europa, casi como un exotismo"
