ENTREVISTAS - Gerardo Pérez: “El nacionalismo canario ha intentado controlar un sistema electoral qu
Belén Carrasco Rodríguez
Lucía Carrasco Rodríguez
En una inusualmente calurosa tarde de diciembre hasta para climas canarios, en una de las más bulliciosas calles del centro de la capital tinerfeña y no muy lejos del Parlamento de Canarias, nos recibió Gerardo Pérez. Su despacho parecía ser el escenario idóneo para desarrollar nuestra entrevista, y pocos mejor que él podrían arrojar algo de luz sobre la opacidad del tema que nos disponíamos a abordar. Este constitucionalista, Doctor en Derecho por la Universidad de La Laguna y profesor de Derecho Constitucional en la misma, ha dedicado parte de su labor profesional al estudio del sistema electoral canario y la firme defensa de la necesidad de su reforma. En esta línea, actualmente coordina la edición de un libro sobre el sistema electoral del archipiélago y ha participado con el foro cívico Demócratas Para el Cambio –creado para concienciar y defender la reforma del sistema electoral de Canarias-, siendo coordinador del programa científico de unas jornadas organizadas por los mismos (‘El sistema electoral canario: La imperiosa necesidad de su reforma’). También es colaborador habitual de diarios pertenecientes a la editorial Prensa Ibérica (“El Faro de Vigo”, “La Nueva España de Oviedo”, “Diario de Mallorca”, “La Opinión de Murcia”, “La Provincia-Diario de Las Palmas” o “La Opinión de Tenerife”, entre otros), en los que frecuenta analizar cuestiones de última actualidad. Asimismo, además de su activa labor profesional, nuestro polifacético invitado es crítico cinematográfico y novelista que acaba de sacar su tercera obra: ‘La sonrisa Duchenne’.
PREGUNTA: Usted, entre otras cosas, ha dedicado parte de su labor profesional al estudio del sistema electoral canario, y actualmente coordina la edición de un libro sobre el mismo. ¿Podría explicar brevemente, para el conocimiento de nuestros lectores, sus características fundamentales?
RESPUESTA: El sistema electoral canario está presidido por el hecho insular. Esto quiere decir que, el hecho de que seamos un archipiélago, condiciona bastante la distribución de los diputados por las islas, lo cual a su vez, condiciona la proporcionalidad que debe exigirse en un Parlamento que represente al pueblo y la igualdad del valor del voto entre cada uno de los votantes. En teoría, tanto el Congreso de los Diputados como todos los parlamentos autonómicos son cámaras que representan al pueblo, y por esto tiene que existir una cierta proporcionalidad entre esa representación y el pueblo. Al exigirse que todas las islas estén representadas y dar representación a islas muy poco pobladas, la proporción termina rompiéndose. Si bien es cierto que determinadas cuotas de desproporción son tolerables, en el caso de Canarias la desproporción no lo es. El sistema es manifiestamente inconstitucional, en mi opinión, porque estamos hablando de que más del 80% por ciento de la población elige a la mitad del Parlamento, y menos del 20% elige a la otra mitad. Esta es una desproporción intolerable. También es verdad que la proporción absoluta implicaría no dar ningún diputado a la isla de El Hierro, y eso no puede ocurrir. Hay que darle como mínimo un diputado, por lo que aceptamos que no haya una proporcionalidad total, lo que no es tolerable es la desproporción que existe actualmente. Además, junto a esta característica –el hecho insular y cómo condiciona la proporcionalidad y el valor del voto-, se encuentran las barreras electorales, que en Canarias son extraordinariamente altas: 30% de la circunscripción insular y el 6% de la regional. Esta característica es crucial por dos razones: primero, porque es el único sistema que exige dos barreras en lugar de una –lo normal es que se exija una barrera electoral por circunscripción: si la circunscripción es la provincia, una barrera electoral para la provincia; si lo es la Comunidad Autónoma, pues una circunscripción para toda la Comunidad Autónoma-. Aquí, la circunscripción es la isla pero existen dos barreras, la insular y la regional. Éstas son las características básicas del sistema electoral canario.
“Más del 80% por ciento de la población elige a la mitad del Parlamento, y menos del 20% elige a la otra mitad. Esta es una desproporción intolerable”
P: Hablemos, pues, de las barreras: ¿Tiene alguna lógica o utilidad mantener la doble barrera, en la que una de ellas llega al 30%? ¿Es esto constitucional? Por otro lado, ¿considera que esto es esto fruto de un pacto estratégico entre partidos? De ser así, ¿a qué partidos beneficia?
R: Bueno, empezando por la constitucionalidad, existe ya una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la constitucionalidad del sistema de barreras. Bien es cierto que en esa sentencia ya se decía que la regulación estaba en “el límite de lo constitucionalmente tolerable” –palabras textuales de la sentencia-. Con lo cual, aunque se parta de la base de que sí es constitucional, por lo menos los que defienden la constitucionalidad reconocen que están bordeando peligrosamente lo constitucional. Otra cosa es que luego haya autores que no estén de acuerdo con esa doctrina. Obviamente, la fundamentación de esta barrera es evitar que partidos insularistas formen parte del parlamento y condicionen el Gobierno de Canarias. Aquí se está intentando contentar varias opciones que son incompatibles entre sí. Por un lado, que la circunscripción sea la isla y que, por lo tanto, la isla tenga un protagonismo esencial en el Parlamento. Pero, al mismo tiempo, se quiere que el Parlamento sea una cámara regional, con políticas regionales y que el hecho insular, o un partido insular, no condicione. En principio éstas pueden ser características antagónicas, porque si la circunscripción es la isla, se debe permitir que un partido sea solamente insular: solamente de El Hierro, de La Gomera, de Lanzarote… sin que tenga que presentarse en todas la circunscripciones. No se puede obligar a un partido a hacerlo. Si con esto también se pretende que los que forman parte del Gobierno tengan esa visión regional, se intenta por un lado fomentar el hecho insular y por otro contrarrestarlo poniendo esa barrera tan alta, que complica a los partidos insulares para llegar al Parlamento y, por tanto, condicionar el Gobierno. Obviamente, esto fue fruto de un pacto político. El nacionalismo canario ha intentado controlar un sistema electoral que le beneficia notablemente.
“Las barreras electorales en Canarias son extraordinariamente altas: 30% de la circunscripción insular y el 6% de la regional [...] es el único sistema que exige dos barreras en lugar de una”
P: Llegados a este punto, entendemos por qué el sistema electoral canario está considerado como el menos proporcional y más injusto de España. Un ejemplo que lo ilustra muy bien es que el voto de un herreño valga alrededor de 14 veces más que el de un habitante de Gran Canaria. También esto ha derivado en escenarios políticos tan pintorescos como el que contemplamos en las pasadas elecciones municipales, en el que CC, siendo el tercer partido en votos resultó el primero en escaños y, por otro lado, C’s (con más de 50.000 votos) no pudo obtener representación parlamentaria alguna, mientras Asociación Socialista Gomera (con 5.000) logró tres escaños. ¿Qué modificaciones podrían paliar la sobrerrepresentación de las islas menores?
R: La única modificación posible es reestructurar los diputados por islas. Hay varias opciones y habría que diferenciar entre soluciones que implicarían modificar el Estatuto de Autonomía y soluciones que no implicarían tal modificación. Todas tienen sus problemas, porque modificar el Estatuto implica una mayoría absoluta aquí, una mayoría absoluta en las Cortes Generales. Y esto, tal y como está el panorama, es muy complicado. Además, la Ley Electoral Canaria también tiene sus complejidades, porque no hay que ir a las Cortes Generales en Madrid, pero la mayoría que se exige es de 2/3, con lo cual es casi peor… Así que soluciones fáciles no hay ninguna. Pero bueno, dejando a un lado los enredos de los consensos que se necesitan en ambos casos, lo que hay que hacer es redistribuir de otra manera los diputados por isla. Es decir que, efectivamente, si Tenerife y Gran Canaria congregan el 80% de la población, deberían tener si no el 80% de los diputados, desde luego más del 50%. Esta es la solución más clara, evidente y, en el fondo, más sencilla aunque políticamente indeseable para los partidos beneficiados. Los partidos insularistas y los que concentran muchos diputados ganados en esas islas menores obviamente no están dispuestos a soltar la posibilidad de ganar diputados con muy pocos votos en esas islas menores, pero la solución sería ésta, no cabe duda: poner un mínimo en las islas, 1 o 2 diputados por isla y el resto distribuirlo por criterios proporcionales en función de la población. Y las barreras electorales bajarlas. Y para esto volvemos a lo mismo: habría que modificar el Estatuto si se quiere modificar la isla y pasar a una circunscripción regional o, sin modificar el Estatuto y manteniendo la isla como circunscripción, habría que bajar las barreras o incluso plantearse la posibilidad de eliminar una de ellas. Porque si la circunscripción es la isla, lo normal sería que la barrera estuviese en la isla y no exigir una segunda barrera regional. Es la única doble barrera de España, y la única doble barrera que yo conozca.
"El nacionalismo canario ha intentado controlar un sistema electoral que le beneficia notablemente"
P: ¿Y esto por qué no se modifica?
R: Por un problema político. Hace falta consenso, bien para reformar el Estatuto, bien para aprobar la Ley Electoral Canaria. Por tanto, se necesita contar con partidos que están muy beneficiados por este reparto. Obviamente a CC, que es el partido que más diputados tiene siendo la tercera fuerza en votos, le va muy bien con el sistema. Para pedirle a este partido que renuncie a este chollo de tener más diputados con menos votos el único inconveniente es político. Jurídico no es.
P: Entonces, personalmente, ¿tocaría la circunscripción para aumentar la proporcionalidad del sistema?
R: Vamos a ver, se podría lograr una mayor proporcionalidad poniendo una circunscripción regional que sea paralela a la insular. Pero creo que se solucionaría mucho mejor o bien poniendo solo una regional o simplemente redistribuyendo los diputados. Como he dicho, el principal problema es la distribución de los diputados, más que la circunscripción insular o regional, en mi opinión.
P: Usted ha colaborado con el foro cívico ‘Demócratas para el cambio’ (DPC), creado para presionar y promover la reforma del sistema electoral canario, y fue el coordinador del programa científico de unas jornadas organizadas por ellos (El sistema electoral canario: La imperiosa necesidad de su reforma), en la que participaron otros ponentes conocidos como José Ramón Montero y Juan Fernando López Aguilar. ¿Cree que iniciativas como ésta acercan un poco más a que se considere dicha “imperiosa reforma”?
R: Creo que, a raíz de la labor que está haciendo DPC, mucha población en Canarias se está dando cuenta del despropósito de su sistema electoral. Hasta ahora poca gente conocía la enorme desproporción que existía, la gran desigualdad del valor del voto, la envergadura de las barreras electorales… Esto hace que la población tome conciencia de cómo es el sistema electoral, que no ayuda a trasladar al Parlamento una fotografía más o menos exacta de lo que aparece en votos en urnas y, por lo tanto, genera cierta presión social. Creo que esto sí se ha logrado. Cada vez hay más personas concienciadas con los defectos de nuestro sistema y la necesidad de su reforma. Pero esto obviamente no se puede cambiar por los ciudadanos, esto se tiene que cambiar por la voluntad política de los grupos mayoritarios en el Parlamento. Y el problema es que actualmente el que tiene más diputados pese a ser el tercero en votos se opone categóricamente a esa reforma, por venirle muy bien ese sistema electoral. Con independencia, claro, de que luego alegue razones como que las islas periféricas siempre han estado algo marginadas y, hasta cierto punto, sería aconsejable contrarrestar esa marginación con la sobrerrepresentación. A esto hay que contestar diciendo que, si las islas periféricas se han sentido marginadas económicamente, con infraestructuras, poca atención social, etc., esto no se compensa dándoles más diputados en el Parlamento. Esto se compensa con los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, dándoles más para infraestructuras, políticas sociales… Es decir, que el error de que las islas periféricas tengan peores servicios o peores inversiones no se soluciona dándoles más diputados de los que merecen en el Parlamento. En su caso, si ese problema existe, se solucionaría invirtiendo más en esas islas.
“Creo que, a raíz de la labor que está haciendo Demócratas Para el Cambio, mucha población en Canarias se está dando cuenta del despropósito de su sistema electoral”
P: Entonces, el mero argumento a favor del mantenimiento del sistema es perpetuarse en el poder...
R: Exacto, de estrategia política. Por ejemplo, en las jornadas de Las Palmas (citadas anteriormente) no invitamos únicamente a profesionales en base a lo que sabíamos que podían decir, invitamos a Catedráticos de la península, profesores de varias universidades… y todos coinciden. Todos los que se acercan a este tema con un análisis jurídico y objetivo concluyen que el sistema es obsoleto y no cumple con el fin democrático que se supone que debe tener un sistema electoral: que el Parlamento represente más o menos, de forma coherente, al pueblo mediante una conversión de votos en escaños. Esto no sucede en Canarias, por lo tanto, jurídica y objetivamente la necesidad del cambio es imperiosa, y de ahí el título de las jornadas. Políticamente cada partido puede tener sus estrategias y concluir que este sistema les va muy bien y, por tanto, la reforma no se encuentra en su lista de prioridades.
P: ¿Considera que la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, que prohíbe a los canarios en su artículo segundo llevar a la Cámara una proposición de ley de reforma del régimen electoral, merma la calidad democrática de nuestro sistema?
R: Bueno, un poco. Pero no es de los peores defectos de nuestro sistema. La desproporción o la falta de transparencia de los partidos, la falta de una regulación de la financiación de los partidos… Esto sí genera porcentualmente mucho más déficit democrático que a lo mejor ese. Aunque, evidentemente, si se modificara sería un granito de arena más a favor de una sociedad. Sobre todo para implicar más a los ciudadanos en el proceso político. Cuanto más implicados estén los ciudadanos en la cuestión política, mejor nos irá, siempre que los ciudadanos estén bien formados, que ese es otro problema. Pero bueno, dejando al lado la formación de los votantes, el hecho de ir o instar primarias en los partidos, la iniciativa legislativa popular, las consultas… todo lo que sea fomentar la participación política del votante va a ser un granito de arena más en favor de una mejor o mayor calidad democrática. Por tanto, el principal vicio posiblemente no sea este, sino las primarias, la financiación y transparencia de los partidos, el sistema electoral… Todo esto sí es de mucha más envergadura.
“Todos los que se acercan a este tema con un análisis jurídico y objetivo concluyen que el sistema es obsoleto y no cumple con el fin democrático que se supone que debe tener un sistema electoral”
P: Dado el panorama político nacional que nos ha dejado el último mes, resulta imprescindible preguntarle cómo ve usted, como constitucionalista, la gobernabilidad de España. ¿Considera que, con la distribución actual de escaños en el Congreso, el país es gobernable?
R: Una de las cosas que más pena me dan a mí como constitucionalista es la escasa importancia que tiene el Parlamento. Se supone que tenemos un sistema parlamentario, se supone que el Parlamento controla al Gobierno, aprueba las leyes, representa al pueblo… Debería tener un protagonismo esencial en el sistema. Sin embargo, todo el mundo se preocupa por quién es Presidente del Gobierno y quién gobierna. Y el Parlamento al final queda como una cuestión secundaria en la que además los diputados y senadores, gustosamente y sin resistencia alguna, han entregado las funciones que tienen a una disciplina de partido en la que de forma obediente se limitan a apretar el botón conforme les indican desde los grupos parlamentarios. Todo esto ha llevado a que el Parlamento haya perdido su esencia, no es lo que debería ser, y el centro de gravedad de nuestro sistema parlamentario está en el Gobierno. Lo importante es el Presidente de Gobierno. Cada vez se aprueban más leyes por decretos-ley y decretos legislativos, cada vez es más frecuente que sea el Gobierno el que legisla y el Parlamento no controla al Gobierno. Al final el Gobierno controla al Parlamento, al final los diputados y senadores por esa dinámica de la lealtad u obediencia a al partido se limitan a votar lo que les dice el portavoz de turno. Con lo cual, la primera reflexión es que nuestro sistema parlamentario naufraga. Aquí estamos acostumbrados a que el Gobierno tenga un sólido respaldo parlamentario y, cuando digo un sólido respaldo parlamentario, quiero decir sumiso respaldo parlamentario: dicen que sí a todo lo que venga del Gobierno, bien porque sean del mismo partido, o bien porque hay un acuerdo político entre los partidos. Y todo lo decide el Gobierno. En un Estado parlamentario normal la situación que tenemos actualmente no sería un problema: habría un Gobierno en minoría y el Parlamento tendría la suficiente capacidad para políticamente instar nuevas leyes, y no necesariamente del mismo color político. No necesariamente todas las leyes que salgan de una legislatura tienen que derivar de una concreta tonalidad política.
En un sistema parlamentario fraccionado, como tenemos, puede ser que para unas leyes se unan unos partidos y para otras, otros. Y el Gobierno se dedica a ejecutar las leyes y a dictar las políticas que emanan del Parlamento. Por tanto, el poder está en el Parlamento y el Gobierno no tiene la primacía que tiene ahora. Pero eso es un sistema parlamentario “normal”. No tenemos un sistema parlamentario normal. Aquí o tenemos un Gobierno con un respaldo sumiso del Congreso o parece que es el acabose. Parece que no hay posibilidad, que es un caos… Porque el Presidente del Gobierno está acostumbrado a dictar sus políticas y que el Congreso se limite a decir ‘sí’. Claro, si esto es lo que se quiere, España actualmente es ingobernable. La aritmética es la que es, y no ofrece posibilidades de que efectivamente quien esté de Presidente de Gobierno en La Moncloa se asegure ese respaldo sumiso a todas sus políticas. Pero es porque nos hemos acostumbrado a un sistema en el que el Gobierno se impone sobre el Parlamento, en realidad no tendría que ser así. En una cultura parlamentaria lo que está sucediendo en España no sería ningún problema: Gobierno en minoría, poder legislativo al Parlamento, y el Gobierno unas veces podrá impulsar políticas y otras no. Y no pasaría nada. Pero claro, nos hemos acostumbrado a un Gobierno casi omnipotente y si eso es lo que se pretende, España es ingobernable. Supongo que se harán nuevas elecciones y a ver qué pasará, porque evidentemente no creo que haya la suficiente cultura parlamentaria en los políticos actuales como para plantear la situación desde otra perspectiva.
“Aquí estamos acostumbrados a que el Gobierno tenga un sólido respaldo parlamentario y, cuando digo un sólido respaldo parlamentario, quiero decir sumiso respaldo parlamentario”
P: ¿Cree, entonces, que podría salir un Gobierno estable de algún pacto entre partidos?
R: Personalmente, cuando asisto a estas propuestas de pactos, no sé si tienen la capacidad de negociación correcta en el sentido de que aquí no se hace autocrítica. El PP vende que ha sido el más votado y el que más escaños tiene –que es verdad-, el PSOE dice que tiene, juntándose con Podemos, una mayoría de izquierdas –que es verdad-, pero ninguno de los dos hace la autocrítica de “he perdido tantos millones de votos”; “he perdido 50 escaños”; “yo he sacado los peores resultados de la historia de mi partido, ¿qué tengo que cambiar? ¿A qué tengo que renunciar de mi programa político? Porque con este programa estoy yendo a la deriva”… No se ha planteado en el sentido de variar el rumbo, sino en los apoyos y en organizarse los puestos. No es la forma adecuada de plantear el problema y, por tanto, tal y como están las cosas, lo más razonable es ir a nuevas elecciones.
P: ¿El bipartidismo ha muerto y se ha abierto una nueva etapa política?
R: El bipartidismo no ha muerto, pero está herido. No ha muerto en el sentido de que los dos principales partidos, sumando sus votos y sus escaños, obviamente son mayoría. Pero sí está herido. Primero por la tendencia, que como no cambien mucho va a seguir siendo a la baja; y segundo porque para sacar adelante algunas cuestiones, ya se tiene que contar con más apoyo que PPSOE. Y, por tanto, sí creo que está herido… Pero muerto no.
Esto ha hecho que se abra una nueva etapa en el sentido de que nunca habíamos vivido un Parlamento tan fragmentado, ni un hipotético candidato al Gobierno que no tenga una mayoría tan clara y sumisa. Aunque en algunos momentos de UCD podía haberse visto un panorama similar, allí se negociaba de otra manera. Sí es un momento novedoso y, como todo momento novedoso, puede ser para mejor o para peor. Aquí espero que se trate para mejor: que sirva para hacer reformas que apuntalen nuestro sistema democrático, nuestro modelo constitucional, nuestros derechos… Intentar hacer las cosas mejor. Pero claro, esto el tiempo lo dirá.
P: Actualmente, se considera que el sistema electoral español sufre un importante malapportionment. Teniendo en cuenta la falta de proporcionalidad y la desigualdad del valor en el voto de los españoles, ¿reformaría la LOREG?
R: Sí, claramente. En el panorama nacional sucede lo mismo que en Canarias pero de una forma más moderada, la desproporción que hay en Canarias no la hay en ningún otro lado. Aquí nos llevamos la medalla de oro. Pero en el sistema español existen serias deficiencias: se supone que el Senado es una cámara de representación territorial y el Congreso una cámara de representación poblacional, pero al final no se cumplen ninguna de las dos. El Senado no es una cámara de representación territorial, porque la han mutado de tal manera que funciona como el Congreso: por partidos, por escaños… Le han quitado su esencia. Por otro lado, el Congreso tiene unas connotaciones territoriales que desvirtúan también el carácter poblacional. Hace cuatro años estaba por ejemplo el caso de UPyD, que con un millón de votos tenía cinco diputados y a lo mejor partidos nacionalistas como el PNV o Bildu, con 300.000, tenían muchos más. En estas elecciones Izquierda Unida saca casi un millón de votos y tiene dos diputados, mientras partidos con 300.000 tienen nueve. Estas son disfunciones. Y esto principalmente sucede por la circunscripción regional. Si hay que dar una serie de diputados a provincias muy despobladas, rompemos la proporción. Y es cierto que la proporción exacta es imposible y hay que tolerar determinadas desproporciones, pero llega un momento en el que quizás hay que decir “basta”. Aparte de esto, harían falta reformas de calado democrático y de regeneración democrática: imponer primarias, regular mejor los debates electorales… Hay normas que son ya absurdas. Lo de no publicar encuestas en los últimos cinco días es una norma caduca, obsoleta y con Internet absolutamente inviable. Eso de que el periodista se vaya a Andorra a publicar el Tweet porque desde allí puede… Son cuestiones inadaptadas a los tiempos que corren y se podría revisar mucho de la LOREG. Incluso se podría ser ya más osado y plantear listas desbloqueadas. Se pueden reformar muchas cosas.
“La desproporción que hay en Canarias no la hay en ningún otro lado. Aquí nos llevamos la medalla de oro”
