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ENTREVISTAS - Cristina Avendaño: "En España la financiación es poco selectiva y la fijación de

Elisa Castillo Nieto

Sara Plaza García

Amanda Terrón García

Reyes Villameriel Carrión

Cristina Avendaño nos recibe en una sala del edificio del decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, en frente del Hospital La Paz. Con ella charlamos sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, las decisiones sobre la financiación de medicamentos con dinero público y de los problemas y deficiencias que ello plantea. Su experiencia como Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) desde el año 2006 hasta el 2010 la convierten en una auténtica experta en el campo de la gestión pública de la sanidad. A día de hoy Cristina es jefa de la unidad de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y profesora de farmacología clínica en la Universidad Autónoma de Madrid, puestos que compagina con la presidencia de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Lo cierto es que Cristina Avendaño es científica antes que gestora, por lo que no podemos dejar de preguntarle sobre temas de plena actualidad y trascendencia científica: ¿Existen las enfermedades inventadas? ¿Cuál es el origen de la resistencia a los antibióticos? ¿De verdad tenemos que tomarnos en serio las alertas de la OMS sobre el Virus del Zika?


En todo caso, y en calidad de ciudadana, Cristina insiste en la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de la salud pública a los poderes públicos y de repensar y modular el sistema de patentes para garantizar el acceso a medicamentos a todas las personas.

 

PREGUNTA: En España, en el año 2013, el número total de medicamentos incluidos en la financiación pública fue de 19.367. ¿Cómo se decide qué medicamentos están financiados por el Sistema Nacional de Salud? Una vez que un medicamento entra en financiación ¿qué proceso se sigue para fijar su precio?


RESPUESTA: En realidad, sin contar tamaños de envase, tenemos alrededor de 13.000 medicamentos distintos autorizados, de los cuales tenemos financiados la mayoría. Hasta ahora lo normal ha sido financiar, y sólo quedaban fuera de la financiación algunos medicamentos pertenecientes a grupos terapéuticos concretos. Por ejemplo, los medicamentos para la disfunción eréctil, los anticonceptivos o los laxantes.


La Ley General de Sanidad dice, y así debería ser, que la decisión de incluir un medicamento en la financiación selectiva se tome medicamento a medicamento. Esa toma de decisión tiene dos partes: ¿merece la pena meterlo?, y ¿merece la pena meterlo a qué precio? En nuestro país el precio lo fija el mismo que decide meterlo, es decir, son dos decisiones que van de la mano, se toman conjuntamente. El precio se pone en consideración con la ventaja que el medicamento tiene sobre el estándar de tratamiento para esa patología. Esa es la teoría. La realidad es que, en España, la financiación es poco selectiva y la fijación de precios tiene un sistema que conocemos poco, que es poco transparente.


En medicamentos hay dos autorizaciones: una autorización de comercialización, y una autorización de financiación. La autorización de comercialización es una decisión europea que toman las agencias de forma coordinada bajo el logo de la “Agencia Europea”, que no es una agencia en total, sino el agregado de las agencias nacionales. Luego viene la decisión de financiación, que es la que toma cada Estado por sí mismo. Los criterios de autorización de comercialización, que quiere decir beneficio-riesgo positivo, los conocemos muy bien, tenemos muy claro, por ejemplo, qué se le pide al medicamento de la Hepatitis para conseguir una autorización de comercialización. En cambio, para la financiación, cada país tiene sus propios criterios, y en concreto los españoles están poco explicitados. Aquí entra en juego la negociación. En España, y en la mayor parte de los países europeos, el Sistema Nacional de Salud es un comprador muy importante de medicamentos que tiene que poder imponer sus condiciones. Tiene que poder negociar un precio de adquisición para el sistema, y lo hace. Los criterios que rigen esa negociación, y el resultado de la decisión de financiación y precio sí se deberían comunicarse de una forma más clara y transparente de la que hay.



Los criterios de financiación están establecidos en la Ley. Por un lado que esté autorizado y por otro cuál es el grado de aportación, la gravedad de la enfermedad… Se considera más importante financiar con los impuestos un medicamento para una enfermedad grave, que un medicamento para una enfermedad menor. Se tiene en cuenta el impacto presupuestario; qué es lo que supone ese medicamento para el presupuesto total. No es lo mismo un medicamento caro para una enfermedad rara que vas a tener 3 pacientes, que un medicamento caro para una enfermedad frecuente, como pasa con el caso de la Hepatitis. Hay toda una serie de criterios que marcan esa decisión de inclusión: gravedad, lo que aporta sobre el tratamiento hasta entonces disponible, el impacto presupuestario.


P: Podría explicar qué son exactamente las “alternativas terapéuticas equivalentes” y en qué se diferencian de los genéricos? ¿Por qué generan tantas críticas?


R: Los genéricos son medicamentos cuya autorización se solicita una vez que ha vencido la patente del original, y a los que, por lo tanto, no se pide que presenten todos los datos de eficacia. Se exigen datos de la calidad de fabricación y una serie de requisitos para demostrar que esta calidad es igual y que se absorbe en el cuerpo de la misma manera que el original. Por lo tanto, el genérico lo que hace es conseguir una autorización, asumiendo los datos de un medicamento que ya tiene la patente vencida. Esto es importante porque las agencias de medicamentos no podrían autorizar ese medicamento hasta que transcurran los diez años, porque hay una protección de datos, y la propia agencia no puede utilizar los datos procedentes del original. Entonces, transcurre el tiempo, vence la patente y el genérico es un medicamento que tiene el mismo principio activo que ha demostrado calidad y garantías suficientes para asumir que tiene los mismos efectos de eficacia y seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de los sistemas nacionales de salud, nosotros tenemos políticas de uso de medicamentos que a veces han establecido precios de referencia, sustituciones, y otros mecanismos para sacar partido a eso de que tengamos un genérico. Puesto que del genérico esperamos el mismo efecto que del original, si nos sale más barato pues el sistema opta por el genérico y sustituye las prescripciones de marca original por el genérico. Se establecen políticas de sustitución.


"Ante el paciente individual el médico tiene que tener acceso a todas las alternativas, porque todas ellas están autorizadas y tienen una decisión de financiación positiva"


Las equivalencias terapéuticas no tienen nada que ver con los genéricos, es sólo política. En nuestro país ha habido algunas Comunidades Autónomas, en concreto Andalucía, que han establecido políticas de equivalentes terapéuticos, de manera que el sistema que paga decide poner a competir varios productos similares, pero no iguales, y sacar ventaja de aquel que es más barato. Esto, que esencialmente puede estar bien, choca cuando llegas a sustituir la prescripción a un paciente concreto, y ese ha sido el problema. Tú puedes plantear medidas generales para sacar beneficio para el sistema y establecer sistemas donde primes la alternativa más barata. Ahora bien, como las alternativas no son lo mismo, lo que no puede ser es que no tengas en cuenta que haya un paciente que es alérgico a un excipiente, otro paciente que ya ha fracasado con uno y necesita el otro… Ante el paciente individual el médico tiene que tener acceso a todas las alternativas, porque todas ellas están autorizadas y tienen una decisión de financiación positiva. Al paciente no se le puede negar el acceso a esa alternativa, cuando el médico decide que ésa es la que le va mejor. El problema ha sido que esta política de alternativas ha violentado el conocimiento científico y la práctica médica, en algunos casos, saltando de una política de recomendación de elección o competencia, a imponérselo a un paciente concreto al impedir su acceso.


P: En este sistema de alternativas, ¿sólo se tiene en cuenta los genéricos, o también compiten quienes tienen las patentes?


R: Los genéricos tienen el mismo principio activo que el original. Si tú planteas una subasta de un solo principio activo con sus genéricos, ahí efectivamente, competirán todas las marcas. De nuevo, incluso aquí, aunque sea el mismo principio activo, tú te puedes encontrar que haya diferencias en los excipientes. Por ejemplo, un paciente que por alguna razón que desconocemos, está acostumbrado a una marca, y cuando cambia, le sienta peor. Eso resulta que a lo mejor científicamente no tenemos explicación, pero es una cosa que hay que respetar, sobre todo porque en este país los originales y los genéricos igualan los precios por ley cada año. Tenemos un sistema de precios de referencia, el genérico entra más barato, y arrastra los precios de los demás. Pero no por competencia, como pasa en otros países, sino por ley.


"Los originales y los genéricos igualan los precios por ley cada año. Tenemos un sistema de precios de referencia, el genérico entra más barato, y arrastra los precios de los demás"


El problema de las equivalencias es que es una decisión de gestión y se ha ido al revés. Aquí tenemos un conocimiento técnico robusto de la intercambiabilidad de los genéricos con el de referencia, y en base a ese criterio técnico se han hecho políticas de adquisición y sustitución. Aquí se ha hecho al revés; se ha establecido una política de alternativas equivalentes violentando, en muchas ocasiones, los criterios técnicos y médicos.


P: Actualmente, según la Agencia Española de Medicamentos, existen 160 fármacos con problemas de suministro. Según denuncia Cofares (empresa de distribución de medicamentos), cada vez que un medicamento es incluido como genérico, ante la pérdida de beneficios, los laboratorios producen menos con el objetivo de disminuir sus stocks. ¿Cómo cree que debería actuar el Ministerio de Sanidad para evitar los casos de desabastecimiento?


R: El problema de desabastecimiento no es precisamente con los genéricos. Una cosa es que cuando termina la patente del original y empiezan a aparecer genéricos el precio baja y puede que a la compañía deje de interesarle mantener una producción que con las políticas de sustitución ya no le merece la pena.


Como decía en un año se igualan los precios. Por eso, ese precio a la baja puede motivar que a la compañía original no le merezca la pena seguir fabricando. Mantener toda la actividad de promoción para un medicamento que está sometido a castigo por las políticas que benefician al genérico sobre las marcas hace que el original decida salir. Cuando el original decide salir es porque, en teoría, no tiene cuota de mercado, por lo tanto no es un caso de desabastecimiento. Tenemos todos los genéricos que abastecen el mercado.


¿Cuándo hay desabastecimiento? Estos casos, los que preocupan, son normalmente de medicamentos clásicos de poco uso que se han ido sustituyendo por medicamentos nuevos. En estos casos nos quedamos con una población crónica que sigue utilizando ese medicamento clásico, mientras la compañía empieza a tener dificultades por problemas de fabricación, de dificultades en el acceso a la materia prima etc.



P: Entonces, ¿es solo cuestión de beneficio económico?


R: Sí, a esas compañías les cuesta mantener la producción de medicamentos utilizados por un nicho pequeño de la población, que es el que se mantiene en el uso de ese medicamento en un sistema que no le deja alterar el precio del medicamento. Nuestro sistema no permite subir el precio, por lo que seguimos manteniendo precios bajos. A la vez se siguen teniendo que hacer inversiones para mantener moderna la producción, para buscar nuevas fuentes de materia prima... Tenemos un problema de supervivencia de los medicamentos clásicos cuando dejan de ser rentables.


P: ¿Qué se puede hacer para solucionarlo?


R: Hacer que sean rentables. Nosotros hemos confiado la investigación y producción de medicamentos a unas compañías privadas que necesitan obtener beneficios. Eso en sí no es malo. Lo que necesitamos mantener es la capacidad de modulación de la investigación y la fabricación para que responda a los intereses de la salud pública. Las enfermedades olvidadas, ¿cómo conseguimos que haya medicamentos para la malaria? Haciendo que a la compañía le merezca la pena. ¿Cómo conseguimos que sobrevivan estos medicamentos viejos? Haciendo que a la compañía le siga siendo rentable. Esta es una intervención que puede hacer el Estado.


"Lo que necesitamos mantener es la capacidad de modulación de la investigación y la fabricación para que responda a los intereses de la salud pública"


P: ¿Estamos hablando de una subida de precios?


R: Esta es una de las medidas posibles. Una que ni siquiera hacemos. Y el problema acaba siendo global, ahora mismo toda la investigación, fabricación, supervivencia de medicamentos es global. No se fabrica en España para los españoles y en Francia para los franceses. Las compañías tienen una planta de fabricación en Europa, o en la India desde donde suministran en todas partes. Asegurar la pervivencia de los medicamentos, o de que las compañías investiguen y fabriquen para situaciones donde hay una necesidad de salud pública no depende de un solo país.


Tenemos otras causas de desabastecimiento. Existen fugas de medicamentos españoles hacia otros países. Esto es un mundo aparte.


"Ha habido salidas masivas de algunos medicamentos por el diferencial de precio entre España y otro país de la Unión Europea"


Nosotros intervenimos nuestros precios para el Sistema Nacional de Salud y como consecuencia puede que algunos medicamentos sean más baratos, en España que en Alemania, por ejemplo. El medicamento es legal, puede haber importación paralela. A los distribuidores de determinados países les merece más la pena comprar aquí que en su país. Hay veces que ha habido salidas masivas de algunos medicamentos por el diferencial de precio entre España y otro país de la Unión Europea, por ejemplo, con algunos medicamentos para el Parkinson.


La AEMPS, identificadas las situaciones, ha puesto vigilancia y freno a esa exportación paralela que no va a beneficio de los pacientes, al revés, generaba problemas de desabastecimiento.


P: El fármaco Sovaldi, para la Hepatitis C cuesta 71.000 euros por paciente en Estados Unidos, 45.000 en el Reino Unido, 900 en Egipto y 20.000 en España. ¿Puede generar esto supuestos de exportación paralela?


R: En principio, esos precios son precios de adquisición de los Sistemas Nacionales de Salud. Si no es adquisición por el sistema no son estos precios. Esto es una de las medidas que se estableció cuando empezó a haber problemas con las importaciones paralelas. Se estableció un sistema de doble precio. De manera que el precio para el SNS es uno pero el precio para cualquier otra cosa que no sea el SNS es otro que ya no favorece estos flujos.


P: Cambiando ahora de tema, cada vez hay más casos de personas con puestos relevantes dentro de empresas farmacéuticas que aceptan cargos de gran responsabilidad en las instituciones públicas de salud. ¿No incentiva esto la falta de independencia gubernamental para hacer políticas más sociales de acceso a medicamentos?


R: Una cosa es el nivel técnico en medicamentos. Es una expertise que puede valer para la Administración Pública, la industria, formación, universidad, investigación. Que a nivel técnico se vaya pasando por distintos ámbitos es bueno para todos. Es experiencia y es conocimiento. Ahora bien, el nivel político y de administración es distinto al técnico. Con respecto al contexto general dentro de medicamentos estamos en un área tremendamente regulada. Yo creo que el área de medicamentos es de las menos sensibles a esto que planteas. Todas las decisiones de las que estamos hablando tienen un nivel de regulación y de control bastante importante que dificulta la discrecionalidad y arbitrariedad. Lo que pasa es que nos hace falta mucha más transparencia de la que tenemos.


P: ¿No se puede beneficiar, entonces, a determinadas farmacéuticas, por ejemplo, a través de las autorizaciones de comercialización?


R: La autorización de comercialización es muy transparente. Las declaraciones de intereses de todos los que intervienen en la autorización de comercialización está tremendamente reglamentada, es pública y se tiene en cuenta. Yo tengo mi declaración de intereses colgada en la página Europea de medicamentos. ¿El médico que ha participado en todos los ensayos clínicos del sofosbuvir tiene el entendimiento nublado a la hora de juzgar su eficacia? Yo creo que no, está bien que se sepa, pero es lo contrario, nos interesa contar con él. Y con toda la cadena de expertos que han colaborado con la Industria que desarrolla un medicamento y que posteriormente participan en un comité de asesoría para la agencia que autoriza. No podemos prescindir de esa expertise, lo que tenemos que hacer es que sea transparente y que todo el mundo sepa cuáles son los intereses de todos los que participan.


"Con los medicamentos el foco es bastante más intenso que en otras áreas. Existen sistemas de control bastante mayores que en otros sectores"


En el mundo del medicamento, en el ámbito técnico, de expertise, este fenómeno es bueno. A nivel político este problema es general, pero creo que con los medicamentos el foco es bastante más intenso que en otras áreas. Existen sistemas de control bastante mayores que en otros sectores.


P: Según un informe de Autocontrol del año 2015, en la última década las farmacéuticas han sumado 270 denuncias por vulneración de su propio Código Ético de Buenas Prácticas, con sanciones que ascienden a un total de 1,45 millones de euros. ¿Considera que hay cierta tolerancia frente a los incumplimientos de las obligaciones deontológicas de la industria farmacéutica?


R: Hay bastante transparencia. Lo que indica este número de denuncias de Autocontrol, que existen también en otros sectores, es que hay un sistema de vigilancia. La autorización de comercialización de un medicamento implica unas condiciones autorizadas de uso. La compañía farmacéutica sólo puede hacer promoción de esas condiciones autorizadas de uso, no puede salirse de aquellos usos que están considerados avalados. En las estrategias comerciales uno se sale un poco de las condiciones autorizadas o hace una estrategia en la que miente o deforma los datos de la competencia. Sobre esto es el grueso de esas denuncias. El sistema de vigilancia de las prácticas de las compañías farmacéuticas es bastante riguroso, y se cumple.


P: Sin embargo, las corruptelas en el ámbito de los visitadores médicos son criticadas en muchas ocasiones.


R: El sistema de la promoción ha ido cambiando en los últimos años y actualmente no existen en absoluto prácticas corruptas que pudo haber en el pasado. Otra cosa es dónde está el límite entre la formación que los médicos obtienen y la información que los médicos obtienen de la compañía comercializadora del medicamento. Esto es así. Hay mucha información que los médicos obtenemos de las compañías farmacéuticas que por supuesto no mienten pero tienen sus propios intereses. A qué cosas le dan más importancia o menos. Hay cierto sesgo, pero no en el mal sentido. La información que dan las compañías farmacéuticas es una fuente de información para los médicos. Esto es así. El médico acaba prescribiendo lo que conoce, eso sí, y de lo que se fía.


"Hay mucha información que los médicos obtenemos de las compañías farmacéuticas que por supuesto no mienten pero tienen sus propios intereses"


P: Los representantes de la industria farmacéutica sostienen que el actual sistema de patentes es el mecanismo más eficaz puesto que da exclusividad para permitir recuperar las grandes inversiones destinadas a la investigación y al mismo tiempo, permite el conocimiento compartido, la competencia y la bajada de precios. ¿Es este sistema el único viable para la sostenibilidad de la financiación de la investigación farmacéutica o existen otras alternativas?


R: El sistema de patentes es un sistema global. Es un sistema que tenemos para favorecer la inversión en innovación sabiendo que habrá una recuperación de esa inversión. Otra cosa es que, a la fuerza, los ciudadanos a través de nuestros representantes tenemos que tener herramientas para modular esto cuando atenta contra un bien mayor como la salud pública o la sostenibilidad del sistema. Podemos discutir, por ejemplo, sobre la duración de la patente en determinados casos, o sobre las licencias obligatorias que hay que conceder en determinadas situaciones. Son iniciativas que tienen que discutirse, acordarse y mantener el equilibrio entre incentivar la innovación y la sostenibilidad. Las compañías privadas tienen unos accionistas y unos ejercicios y tienen que ser rentables tal como está organizado el sistema.


"Los ciudadanos a través de nuestros representantes tenemos que tener herramientas para modular el sistema de patentes cuando atenta contra un bien mayor como la salud pública o la sostenibilidad del sistema"


Tenemos una responsabilidad de modular el sistema para que haya acceso a los medicamentos esenciales. Pero tenemos que debatir de forma global cómo alcanzar estos equilibrios. Si hemos dejado la investigación de nuevas moléculas en manos de un sistema que necesita ganar dinero con ello, necesitamos garantizar ese balance de fuerzas ¿no? Los ciudadanos queremos que sea rentable para que las compañías sigan investigando y sacando nuevos medicamentos. Necesitamos que sea rentable. Tendremos que conseguir que sea rentable además lo que nosotros queremos. Hay que conseguir que, además, allí donde tengamos necesidades de salud pública podamos jugar con un sistema de licencias obligatorias que permita acceso a precio de coste. Y tendremos que asumir que es el primer mundo el que lo financia.


P: ¿Debería haber un debate global sobre cómo modular el sistema tal cual está planteado?


R: Es absolutamente necesario y, de hecho, se viene haciendo. Otra cosa es que podamos ser mejores. Está claro que el sistema de recuperación de la inversión tiene que verse modulado por proteger bienes superiores como la salud de los ciudadanos del mundo.


P: Organizaciones como MSF sostienen que en realidad “son los contribuyentes quienes pagan la mayor parte de la I+D de las empresas farmacéuticas, ya que son las universidades y laboratorios sufragados por el Gobierno quienes descubren los compuestos que se convierten en medicamentos superventas”. ¿Se investiga, en parte, con dinero público para que los beneficios vayan a manos privadas?


R: Cada vez más la investigación ya no es pública o privada sino que es en colaboración. Así es como tiene que ser para avanzar en ciencia. Aunque, en general, la parte final del desarrollo del medicamento está en manos de una compañía que tiene la expertise en ese desarrollo final. Las fases iniciales tienen colaboración público-privada. Las líneas se cruzan. Al principio es más pública y al final más privada. Esto forma parte de cómo tenemos que entender esa recuperación de la inversión. Fíjate, en España las compañías financian una partida importante que el Instituto de Salud Carlos III destina a la investigación pública. Es muy difícil hacer un seguimiento del origen de la inversión, al final todo viene de nuestro trabajo.


P: Pero, ¿no queda a fin de cuentas el beneficio de la comercialización únicamente en manos de las farmacéuticas?


R: Efectivamente habrá que modularlo en función de la inversión. Claro que tiene que haber un beneficio para que se mantenga el incentivo, igual que lo tenemos quienes trabajamos en la pública, pero hay que modularlo en función de las necesidades de la población. Hay que buscar el equilibrio y no es sencillo.



P: En otro orden de cosas, Margaret Chan, directora de la OMS, afirmaba hace escasos meses que la resistencia a antibióticos “ha alcanzado niveles peligrosamente altos en todas partes del mundo”, calificando la situación de “crisis de salud mundial”. ¿A qué se debe este fenómeno?


R: Esto se debe a varios factores, pero hay uno que es muy importante resaltar porque todos tenemos parte de capacidad de actuación y es el abuso de antibióticos. Seguimos tendiendo a cierto abuso de antibióticos en situaciones que podríamos manejar bien con menos antibióticos o sin ellos. Este es un factor que ayuda a que se generen bacterias resistentes. Abusamos de antibióticos en situaciones banales y quien paga las consecuencias de las bacterias multirresistentes son los pacientes que están en situaciones graves. Nosotros generamos resistencias en situaciones de poca relevancia médica y a quien dejamos sin antibióticos es a los neonatos, a los pacientes de la UCI, a los trasplantados. Ellos son los que sufren las infecciones por bacterias multirresistentes. Es como cuando se tuvo conciencia del daño que hacíamos con el tabaco en el fumador pasivo, esta imagen puede ayudarnos a contener el sobreuso en enfermedades menos importantes.


"Abusamos de antibióticos en situaciones banales y quien paga las consecuencias de las bacterias multirresistentes son los pacientes que están en situaciones graves"


Hay otras técnicas, cosas tan sencillas como lavarse las manos en la asistencia sanitaria, hay toda una serie de propuestas para reducir las infecciones intrahospitalarias que deben ponerse también en marcha.


P: ¿Por qué no se invierte en nuevos antibióticos? ¿Por su baja rentabilidad?


R: Sí, es el ejemplo claro de lo que decía. Los poderes públicos tenemos que conseguir hacer rentable esta inversión. Desde hace ya tiempo, hay iniciativas de colaboración público-privada para favorecer la generación de nuevos antibióticos. Esto está funcionando desde hace algunos años. Esperemos que vaya teniendo resultados. Pero es verdad que nuestra obligación modular para que esto sea interesante y modular para que se investigue en enfermedades olvidadas de los países en vías de desarrollo.


P: Nuevas voces dentro del mundo de la medicina y la psiquiatría denuncian una medicalización de problemas que no se ajustan a realidades químicas o biológicas. Estos expertos critican la “creación de nuevas enfermedades mentales” para aumentar la demanda de productos farmacéuticos, ofreciendo remedios psicotrópicos frente a la infelicidad o el fracaso. ¿Está la industria farmacéutica psiquiatrizando conductas de la vida cotidiana? ¿Salen enfermedades con medicamentos debajo del brazo?


"Es verdad que el disponer de un medicamento en desarrollo puede potenciar el que determinadas situaciones se conviertan en enfermedad y se les dé más difusión y bombo"


R: Esto es importante conocerlo. Efectivamente es así. Sí que han aparecido situaciones que han alcanzado la categoría de enfermedad de la mano de la aparición de un medicamento que tenía una capacidad de modificar esa situación. El más reciente es el de la viagra femenina, para tratar la disfunción sexual femenina. La disfunción sexual femenina es patología en el sentido en que genere un malestar o problema a la persona que tenga una vida sexual no satisfactoria. Ahora bien, lo que no podemos vincular la patología simplemente es a buscar una pastilla que nos quite ese problema. Probablemente entre las causas de la disfunción sexual femenina hay muchas que no se solucionan con una pastilla. Sí es verdad que el disponer a veces de un medicamento en desarrollo puede potenciar el que determinadas situaciones se conviertan en enfermedad y se les dé más difusión y bombo. Lo que es muy importante es no perder de vista que la necesidad de intervenir viene de que eso realmente sea una patología sobre la que intervenir y que ante cualquier patología nunca veamos solo la pastilla sino todas las herramientas terapéuticas que puede haber. Es posible que la pastilla no sea lo más importante.


P: En los últimos años ha aumentado considerablemente el consumo de antidepresivos y ansiolíticos. ¿Irresponsabilidad de médicos o de pacientes?


R: Es un movimiento general que viene determinado por el incremento de la prevalencia de enfermedades para los que estos medicamentos son sin duda útiles y ayudan a la mejoría y a la calidad de vida . Pero también es cierto que nuestra tolerancia a la insatisfacción es cada vez menor. La gente tiene cierta tendencia natural a pensar que una pastilla es una pócima que nos curará todos los males. Lo importante es tener en cuenta esto y trabajar nuestra tolerancia a las diferencias, a las herramientas variadas con las que luchar contra las insatisfacciones de la vida cotidiana. Hay que romper con el binomio de pensar en la pastilla mágica para el mínimo problema.


"Hay que romper con el binomio de pensar en la pastilla mágica para el mínimo problema"


P: La OMS ha declarado una emergencia sanitaria global en relación al virus del Zika. Tras el caso de la Gripe A y del Ébola crece el escepticismo de la población frente a estas “pandemias”. ¿Cree que se tratan de amenazas reales o más bien de estrategias mediáticas que benefician a las grandes farmacéuticas?


R: Si realmente se asocia a la aparición de microcefalias en los niños de las mujeres en edad fértil que contraen la enfermedad estamos ante un problema importante. La declaración de alerta por parte de la OMS es una herramienta que se necesita para poner en marcha determinados procedimientos y actuaciones y que no persigue que la gente se asuste, sino facilitar la cooperación entre países. ¿Qué hay intereses? Nos interesa a todos que haya una vacuna. Si la declaración de alerta facilita el desarrollo de herramientas de erradicación del mosquito, es bueno.


"La declaración de alerta por parte de la OMS no persigue que la gente se asuste, sino facilitar la cooperación entre países"


P: Quizás el problema viene cuando, como en el caso de la Gripe A, se realiza un gasto público brutal que no era necesario.


R: Bueno, cuando se hizo tampoco se sabía lo que iba a pasar. Es muy fácil decir que no hacía falta haber puesto a los mejores jugadores cuando ha finalizado el partido. La alerta es un mecanismo útil para luchar contra algo que está generando un problema. Ese es sin duda el caso. ¿Esto puede generar inversiones desmedidas o prácticas desproporcionadas? Pues lo que tenemos que hacer es vigilarlo. Esto no es consustancial a la declaración de la alerta. Como ciudadanos hay que vigilar a nuestros gobernantes sobre a qué dedican los recursos y si en algún momento se plantea que hay que adquirir una determinada vacuna, pues tendremos que estar seguros de cuál es el precio y de si la necesitamos.






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